La negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio cumple dos años, con un avance cercano al 80% —misma cifra que se reportó en mayo pasado—, pues la discusión entre los representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se ha estancado en los artículos que tienen un impacto económico y en aquellos puntos que vulneran la rectoría de la cartera.

Mientras el proceso no progresa desde hace nueve meses, el dirigente sindical Joviel Acevedo se mantiene al margen, pues desde el pasado 21 de mayo no asiste a las reuniones, tres días después de que los maestros sindicalizados se declararan en asamblea permanente para protagonizar una huelga de 13 semanas, según reporte del Mineduc.

Han transcurrido 69 sesiones desde el 29 de febrero del 2024, cuando por primera vez Acevedo, junto a dos miembros más del sindicato y los viceministros Francisco Cabrera y José Donaldo Carillas, se sentó en la mesa para negociar. Allí se acordó que las reuniones serían todos los miércoles, de 14.30 a 16.00 horas, a partir del 6 de marzo, en el edificio del ministerio y, a petición del STEG, sin intervención de los medios de comunicación.

La discusión ha tenido momentos álgidos, como la cancelación del Seguro Médico Escolar, las licencias con goce de salario y el retiro de la confidencialidad del borrador del pacto colectivo.

Pero la negociación se ha empantanado en dos bloques: el primero, los artículos que impactan el presupuesto del Mineduc —según el acta del 24 de julio del 2024, se acordó que serían los últimos puntos por tratar—. Aquí está el relativo a la indemnización post mortem, suma que en el pacto anterior ascendía a diez salarios mínimos, así como los bonos de profesionalización y el anual, que eran de Q700 y Q2 mil 500, respectivamente.

En el segundo, están siete apartados que, a criterio de la cartera, ceden poder al STEG para decidir sobre asuntos que competen exclusivamente al ministerio, como el relativo a los sindicatos adherentes, las juntas mixtas y la capacitación al personal, y el que aborda la calidad de los servicios prestados por la cartera. Estos se incluyeron en una acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó ante la Corte de Constitucionalidad en mayo del 2025.

El viceministro Cabrera refiere que la posición del STEG es no avanzar al segundo bloque de artículos hasta que no se agote la discusión de aquellos que tienen impacto económico, en los que cabría abordar un aumento salarial distinto al 5% que los maestros reciben desde el pasado 30 de abril.

“Los puntos que están sobre la mesa son aquellos en los que ha habido posiciones diferentes y no se ha podido progresar. No hay nuevos acuerdos”, sentencia el funcionario.

Sin acuerdos

El antiguo pacto colectivo venció el 11 de marzo del 2024 y sigue vigente hasta que se apruebe uno nuevo; no hay tiempo límite para que esto suceda.

“No podemos tomar un acuerdo a la ligera; necesitamos tener una base muy clara y el sustento de lo que se pueda pactar, porque al final se trata de comprometer, primero, recursos públicos, que no es poca cosa, independientemente de qué montos resultaran y, luego, hay que asegurar una negociación que recupere el ordenamiento que el sistema educativo necesita. La rectoría del sistema educativo es clave”, agrega Cabrera.

No descarta que más adelante la situación tenga otro giro y se logren acuerdos, pues esa es la “lógica” de la negociación, misma que no se ha suspendido. Por el momento, no hay presiones por parte del STEG para avanzar en la discusión.

La inacción del sindicato podría deberse a que el pacto colectivo anterior sigue vigente o bien a que espera alargar la discusión hasta que llegue un nuevo gobierno y nuevas autoridades del Mineduc con las que pueda negociar a su conveniencia, según la apreciación de una fuente cercana al ministerio.

Acciones legales

Durante el desarrollo de la negociación del pacto colectivo del magisterio, varias acciones y recursos legales han sido presentados por ambas partes.

Por ausentarse de las aulas por cerca de 80 días, el Mineduc sancionó a más de tres mil maestros, lo que implicó la suspensión de diez días sin goce de salario. Además, destituyó a más de un centenar de docentes, tras agotar los procesos administrativos.

Mientras tanto, los dirigentes sindicales fueron multados por juzgados de trabajo. Uno de esos procesos fue confirmado este 2 de marzo por la Corte de Constitucionalidad, y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del STEG, dirigentes seccionales y subseccionales, deberán pagar cada uno Q4 mil por no acatar una sentencia de amparo que ordenaba “cesar la convocatoria de asamblea permanente”.

Por otro lado, desde el pasado 12 de enero, el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala emplazó al Ministerio de Educación (Mineduc), con lo que se detienen los procesos disciplinarios que puedan derivar en una sanción parcial o destitución en curso, hasta que un juez laboral dé su aprobación y se presenten los medios de prueba para sustentar un despido.

Ante dicha resolución, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó el pasado 15 de enero un punto de derecho para frenar lo ordenado por el juez. Al momento, la acción no ha sido resuelta.

Según Cabrera, en lo que va del 2026 no ha habido necesidad de recurrir a procesos sancionatorios ni a destituciones de maestros.