Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, llamó este viernes 23 de mayo a las autoridades guatemaltecas a proteger la independencia judicial de cara a los próximos procesos de selección de altos cargos judiciales y electorales, los cuales serán decisivos para el futuro del país.

Satterthwaite hizo énfasis en que las designaciones de nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la elección de la persona que asumirá el cargo de fiscal general en 2026 serán momentos clave.

“La acción coordinada no puede dejarse en manos de la siguiente institución en línea en la cadena de rendición de cuentas. El ciclo de nombramientos de 2026 corre el riesgo de cimentar un sistema de justicia en el que la ley no es más que un arma de conveniencia y no una garantía de derechos”, afirmó la relatora en su declaración al concluir su visita oficial al país.

“Queda mucho por hacer para adecuar la práctica guatemalteca a sus obligaciones internacionales de salvaguardar la selección judicial de motivos indebidos”, afirmó.

Según la relatora, el sistema judicial guatemalteco atraviesa una coyuntura decisiva. Así lo advirtió al presentar su declaración preliminar después de una visita oficial de dos semanas al país.

Durante su estancia, del 12 al 23 de mayo del 2025, Satterthwaite se reunió con sectores sociales, comunidades indígenas, jueces, fiscales, diputados y sostuvo encuentros por separado con el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras. Su misión, evaluar las garantías —y amenazas— que enfrenta un poder judicial imparcial y una profesión legal autónoma.

Entre sus principales preocupaciones, la relatora advirtió además sobre las presiones indebidas en los procesos de selección de magistrados y la supuesta instrumentalización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

Según la relatora, las selecciones en cargos importantes para el próximo año tendrán un impacto directo en la credibilidad y legitimidad de las instituciones guatemaltecas.

La experta expresó su preocupación por los intentos recientes de “socavar al sistema de justicia”, particularmente a través del “uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”.

MP bajo presión y cuestionamientos

Además, la relatora denunció lo que a su parecer es “un patrón preocupante de criminalización” de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y actores que luchan contra la impunidad, y señaló directamente al Ministerio Público (MP) como protagonista de esta práctica.

En sus declaraciones, Satterthwaite pidió a la fiscal general Consuelo Porras detener este proceso y a los jueces actuar con independencia ante posibles casos de persecución judicial.

El informe señala que la Fiscalía guatemalteca bajo la dirección de Porras desde el 2018 ha sufrido una transformación profunda que ha debilitado su autonomía e instaurado una estructura de control vertical que responde directamente a la cúpula de la institución.

“Recomiendo que la fiscalía general detenga su proceso de criminalización”, expresó la relatora en una conferencia de prensa este viernes 23 de mayo, al presentar el informe.

“He oído a gente que tiene miedo y por eso he dedicado tanto tiempo en mi declaración a hablar del proceso de criminalización. La criminalización es aterradora, es algo que nadie quiere experimentar”, agregó.

La relatora denuncia una política sistemática de criminalización contra jueces independientes, fiscales anticorrupción, periodistas y líderes sociales, particularmente aquellos que han sido críticos del poder político o que participaron en la lucha contra la corrupción. Estas acciones, indicó, se intensificaron tras las elecciones generales del 2023.

Satterthwaite subraya que más de un centenar de fiscales han sido destituidos frecuentemente sin procesos disciplinarios adecuados, mientras que otros han sido trasladados arbitrariamente. También lamentó la eliminación del Consejo del MP, lo que ha dejado a la fiscal general con control total sobre los procesos disciplinarios.

Además, señala una redistribución del presupuesto institucional que ha debilitado unidades especializadas clave —como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la de Derechos Humanos y la de Justicia Transicional— en favor de fiscalías con mandatos menos claros.

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La relatora también cuestionó la efectividad institucional, pues el 91% de los casos conocidos por el MP desde el 2018 han sido desestimados sin llegar a una resolución judicial. En comunidades indígenas, agregó, muchas denuncias ni siquiera se registran, y los casos de violencia contra mujeres siguen presentando altos niveles de impunidad.

En esa línea, se describe que más allá de las estadísticas, el MP ha sido “instrumentalizado”.

El informe concluye con un llamado urgente al Estado para revertir la tendencia hacia la concentración de poder y recomienda al Organismo Ejecutivo atender el planteamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y promover una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público.

Esta evaluación podría llevarse a cabo mediante un mecanismo internacional, como la propia Comisión Interamericana, el sistema de derechos humanos de la ONU o un panel de expertos independientes.

“El Poder Ejecutivo se encuentra en una posición única para fomentar una confianza renovada en el Estado de Derecho; por ello, le animo a que asuma un compromiso público claro para poner fin a la criminalización”, destaca la declaración.

Postura del Ministerio Público

En respuesta, el Ministerio Público expresó su rechazo categórico al informe preliminar presentado por la relatora, al considerar que sus afirmaciones no reflejan integralmente la labor institucional ni la información completa que le fue proporcionada durante su visita.

“Lamentamos que se omitieran datos cruciales sobre los esfuerzos institucionales y los desafíos que enfrentamos, incluyendo intentos de injerencia externa”, indicó el MP en un comunicado.

La institución negó enfáticamente que exista una política de criminalización contra sectores específicos y sostuvo que todas sus acciones se basan en investigaciones serias y objetivas, en estricto apego al marco legal. “La estructura jerárquica del Ministerio Público, establecida constitucionalmente, busca precisamente garantizar la legalidad y objetividad en la persecución penal, bajo la supervisión de la fiscal general”, añadió.

El MP también destacó que posee certificaciones internacionales que avalan su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y aseguró que los recursos institucionales se gestionan para atender de manera integral todos los delitos, desde violencia contra la mujer hasta corrupción.

Asimismo, subrayó que la efectividad del trabajo del ente investigador no debe medirse únicamente en condenas, ya que existen otras salidas legales válidas y efectivas.

Según cifras institucionales, entre el 1 de abril del 2024 y el 31 de marzo del 2025, el MP recibió más de 512 mil denuncias, gestionó 451 mil casos, presentó más de 21 mil acusaciones y logró más de 12 mil sentencias.

“El Ministerio Público trabaja en beneficio de toda la población guatemalteca, no para satisfacer intereses particulares”, concluye el pronunciamiento oficial.

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