Es muy viejo, pero también muy cierto, aquel refrán que reza: “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, y ojalá lo entendieran bien todos los funcionarios venales y convenencieros que se pliegan, avalan e incluso defienden imposiciones despóticas, retruécanos leguleyos o descaradas ilegalidades que atropellan garantías constitucionales y universales. La codicia desbocada se abalanza sobre el erario y las vidas ciudadanas, la mediocridad ensoberbecida por el poder solo busca defender sus prebendas temporales, bajo pretextos de un poder que cree propio pero es ajeno porque pertenece a la ciudadanía

A la trágica y demencial dictadura nicaragüense acaba de sumarse otro suceso arbitrario, ilegítimo y escandaloso: el 1 de noviembre pasado, la policía del régimen irrumpió en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Por órdenes de la Presidencia y de la secretaría general del partido sandinista, fue desalojada de sus oficinas la presidenta de dicho poder del Estado, Alba Luz Ramos, quien ocupaba el cargo desde 2011 y cuyo servilismo ayudó a consolidar la dictadura, a perseguir opositores y a pervertir el sistema judicial para convertirlo en herramienta de intimidación y terror.

Todas las evidencias apuntan a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador Daniel Ortega, quien buscaba detentar el poder judicial y manejarlo a su antojo, con la ayuda de nuevos adláteres. Resoluciones recientes de la CSJ nicaragüense adversaban designios murillistas y prácticamente detonaron la asonada judicial, que fue ejecutada por la policía del régimen, encabezada por el comisionado general retirado Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de “seguridad ciudadana”.

Crónicas periodísticas describen el estado de alteración y negación presentado por la ahora expresidenta de la CSJ, una ferviente integrante del grupo sandinista que debe evitar todo rechazo a su desalojo o se convertirá en otra encarcelada política, tal como les ha sucedido a otros que criticaron el régimen y que se encuentran en prisión o desterrados.

En febrero de este año, Daniel Ortega, quien hoy cumple 78 años, anunció la propuesta de una insólita reforma constitucional para poder nombrar a su consorte y vicepresidenta Murillo como “copresidenta”. Así son los tiranos tropicales: veleidosos, discrecionales, crueles y a la vez manipulables por quienes les hablan al oído. La motivación de Murillo al copar la CSJ es amarrar el poder estatal en caso de fallecer Ortega, cuyo verdadero estado de salud se desconoce.

Cualquier parecido con la irrealidad de novelas decimonónicas o sigloveinteras sobre autocracias es coincidencia y confirmación de los absurdos a los que puede llegar el poder estatal sin contrapesos ni auditoría de la sociedad. Y si no que lo diga el empresariado de Nicaragua. Durante varios años se exaltó el milagro económico nicaragüense y el gran destino de inversión, relegando la exigencia de respeto a las libertades ciudadanas. El 6 de marzo de este año, Ortega le retiró la personería jurídica al Consejo Nacional Empresarial. Era muy tarde para reaccionar y varios de sus directivos fueron a dar al exilio que alguna vez consideraron un riesgo ajeno. Pero la historia demuestra que estos amasiatos de poder y corrupción siempre terminan, y muy mal. Y para muestra Nicolas y Elena Ceacescu, de Rumania; Ferdinand e Imelda Marcos, en Filipinas; o el propio dictador nicaragüense Anastario Somoza, derrocado por Ortega en 1979 y su amante Dinora Sampson.