La ciudadanía emitió su veredicto, y es demoledor. La más reciente encuesta de CID Gallup para la Fundación Libertad y Desarrollo es la radiografía de un colapso. Con evaluación de labores neta de -31 y un 64 por ciento de la población que desaprueba su gestión, el capital político del presidente, Bernardo Arévalo, se evaporó. El experimento de la “nueva primavera” chocó de frente con el crudo invierno de la realidad guatemalteca.

La caída es histórica. En su segundo año de gobierno, Arévalo se une al podio de los presidentes peor evaluados de nuestra era democrática, junto a Giammattei y Portillo. Ha logrado lo que parecía imposible: decepcionar a quienes creyeron en él y darles la razón a quienes siempre dudaron. La pregunta no es si el gobierno ha fracasado, sino por qué.

La respuesta, como siempre, no está en las elucubraciones de los políticos, sino en el bolsillo y en el miedo del ciudadano de a pie. Tres factores explican el descontento: la economía, la inseguridad y la corrupción. El 44% de los hogares señala el costo de la vida como su principal angustia y, peor aún, un alarmante 49% admite que en el último mes no tuvo dinero para comprar comida. Mientras tanto, el 58% percibe que el crimen en su comunidad ha aumentado. Al mismo tiempo, el 30% señala la corrupción gubernamental como el principal problema del país. Frente a esto, ¿qué ofrece el gobierno? Silencio, justificaciones y una ejecución presupuestaria centrada en el funcionamiento, pero que no se traduce en bienestar.

Pero el golpe de gracia a su legitimidad ha sido el incumplimiento de su promesa insignia: la lucha contra la corrupción. El presidente prometió limpiar la casa, pero hasta el momento no se han visto mayores cambios. La inacción es una traición a la esperanza que lo llevó al poder. Atrás quedaron sus acusaciones de corrupción en el presupuesto, pues su principal “éxito” ha sido incrementarlo gigantescamente, empeorando los resultados.

Esta crisis, sin embargo, trasciende a una persona o a un partido. Es la quiebra de un sistema. El 91% de los guatemaltecos no se identifica con ningún partido político. No es apatía, es un rechazo racional a una clase política que, desde la tarima que sea, ve al Estado como un botín a repartir. La consecuencia inevitable de este vacío es peligrosa: un 72% aceptaría un gobierno “no democrático”, si este resolviera la economía, y un 45% ya mira al El Salvador de Bukele como un modelo a seguir. Es la clásica disyuntiva entre la libertad y la seguridad.

El problema de fondo nunca fue quién administraba el Estado, sino el tamaño y el poder desmedido de este. Arévalo no es la causa, es el síntoma más reciente de una enfermedad estructural. Su fracaso es el fracaso de la idea de que un gobernante bienintencionado puede gestionar eficientemente un aparato diseñado para el clientelismo y la extracción de recursos. La solución nunca será encontrar al “presidente correcto”, sino construir un sistema donde el poder del presidente sea tan limitado que no importe tanto quién sea.

La lección es clara y contundente. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La única salida a este ciclo de frustración es reducir el poder, no elegir un nuevo líder. Reducir el botín es la única reforma verdadera, porque solo en un Estado limitado, que protege la propiedad y garantiza la seguridad sin anular la libertad, pueden los ciudadanos construir su propia prosperidad, sin esperar nada de los politiqueros de turno. Mientras sigamos creyendo que el Estado puede resolver todos nuestros problemas, seguiremos decepcionándonos con cada nuevo gobierno que prometa el paraíso y termine entregándonos el averno.