El Juzgado Primero de Trabajo, actuando como Tribunal de Amparo, ordenó al sindicato STEG levantar de inmediato la suspensión de clases en todo el país. La resolución surge tras el incumplimiento del sindicato de entregar un informe solicitado y ante la afectación a miles de estudiantes por el paro que ya suma 29 días. El presidente Bernardo Arévalo calificó el paro como obra de una minoría

El Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, en su función de Tribunal Constitucional de Amparo, dictó un amparo provisional que obliga al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) a suspender de inmediato el paro de clases en todos los centros educativos públicos. De no cumplir, el caso será enviado al Ministerio Público para que se inicien las acciones legales correspondientes.

El presidente Bernardo Arévalo respaldó la resolución durante su conferencia semanal “La Ronda”, y destacó que la mayoría de docentes continúa enseñando, rechazando que un pequeño grupo vulnerabilice el derecho de los niños a recibir educación de calidad.

El STEG, que ya cumple 29 días de protestas y bloqueos, exige un aumento salarial y la renuncia de la ministra de Educación, Anabella Giracca. Pese a las órdenes judiciales y más de 6,500 sanciones aplicadas a docentes por ausentismo, el sindicato mantiene su postura, sin avances en las negociaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc).

El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, anunció que las primeras sanciones ya se están notificando y que consisten en suspensiones sin goce de salario, con la posibilidad de despidos para quienes reincidan. Cabrera señaló que el Mineduc actúa conforme a la ley, garantizando el debido proceso y permitiendo a los docentes presentar pruebas justificativas.

Según cifras oficiales, solo entre un 10% y 12% de los maestros afiliados al STEG participan en el paro, afectando aproximadamente 5,000 centros educativos de los más de 35,000 existentes en el país. Las autoridades reiteran que se trata de una minoría y que el resto del sistema educativo sigue funcionando normalmente.

Con esta nueva resolución judicial, las autoridades buscan poner fin al paro y restablecer la normalidad en las aulas para asegurar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación.

Por Andrea Palacios