Están ocurriendo dos amotinamientos recurrentes en el país. Uno es más grave que el otro, según el ángulo desde el cual se evalúe la situación, los factores agravantes y las expectativas de la sociedad. Uno es una obvia sublevación en contra de las normas existentes de castigo a los crímenes. El otro es un evidente desprecio de cualquier norma de conducta de cumplimiento de un juramento público de servicio. En ambos casos hay obediencias gregarias a intereses ajenos al bien común, pero en un caso hay un riesgo a la seguridad pública y en el otro está en vilo la certeza de funcionalidad institucional.

El primer caso es un desafío viejo, recurrente y esta vez inusitadamente feroz para las autoridades de Gobernación: los motines de pandilleros recluidos en centros carcelarios del país, específicamente El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, en Fraijanes, Guatemala. La causa de estas improcedentes rebeliones es la exigencia de retorno de cabecillas mareros trasladados al centro de máxima seguridad Renovación 1: una señal de que allí sí es una prisión y no pueden actuar a su antojo, por lo cual buscan regresar para seguir dirigiendo sus redes criminales.

Durante una de estas salvajes rebeliones, en El Boquerón, fue asesinado el guardia penitenciario Pedro Velásquez Alonzo, el 15 de agosto último. Y allí radica el factor que da pie al incremento, repetitivo y agravado de estas reyertas: no hubo ninguna consecuencia legal por esta barbarie. Se dejó pasar impune esa muerte, a sabiendas de que entre tales raleas no hay honor ni respeto a la dignidad de nadie, solo prepotencia, maldad y saña para infundir terror. Tampoco se trasladó a los instigadores del motín y los guardias liberados se escabulleron. Se necesita aplicar la ley con rigor para sentar precedente.

El 21 de agosto último, presuntos familiares de reos, incluyendo convictos por graves crímenes, protestaron frente a la sede del Sistema Penitenciario para exigir el cese de restricciones a las visitas y otras sanciones aplicadas para controlar los amotinamientos. Ayer, fueron retenidos otra vez guardias y también algunos empleados de una empresa proveedora de alimentos a las cárceles ya mencionadas. Se agotan las opciones para el Ministerio de Gobernación en una situación que lo pone al borde de una crisis a gran escala, en la cual no dejan de haber indicios de otros intereses desestabilizadores, dados los nexos de ciertos pandilleros ahora bajo aislamiento.

El otro amotinamiento, que lleva ya prácticamente seis meses en marcha ocurre en el Congreso de la República. Un combo de diputados, unidos por subrepticios pactos, entre ellos la prolongación del aumento salarial ilegal, abusivo e improcedente que cobran desde febrero, se rehúsa a integrar sesiones plenarias. Ya sea por afanes de entrampar al Ejecutivo, demostraciones pasivas de supuesta cohesión o simple haraganería, hay numerosos diputados que se ausentan del hemiciclo y con ello mantienen retenida la agenda de leyes y reformas pendientes.

Es obvio que están esperando el botín del Presupuesto 2026, de la siguiente junta directiva e incidir en las postulaciones y elecciones cruciales del próximo año. Mientras tanto, cobran el salario con todo y sobresueldo jamás discutido en pleno —tal como lo exigía la Corte de Constitucionalidad y, por lo tanto, sin amparo legal—. Varios de esos faltistas se burlan, responden con sorna o hasta con improcedentes excusas de demasiado trabajo. Eso sí, invocan fideísmos, pero están lejos de los principios que claman profesar. Pero la ciudadanía sabe ya sus nombres y sellos para el 2027.