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EE. UU. señala que retrocesos en libertad de expresión y persecución contra periodistas persistieron durante el 2024
El informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. en materia de derechos humanos, señala que durante ese año continuaron abusos como limitaciones a la libertad de prensa y de expresión, entre otros.
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Guatemala no registró cambios significativos en la situación de derechos humanosdurante el 2024, según un informe anual del Departamento de Estado de EE. UU., publicado el martes 12 de agosto del 2025.
En un balance general, se reportaron abusos continuos, incluidos supuestos asesinatos arbitrarios de activistas, detenciones injustificadas y restricciones a la libertad de expresión, según el documento. Este advierte que, aunque el gobierno tomó medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de violaciones, “estos pasos fueron limitados debido a acciones del Ministerio Público”.
“El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, estas acciones a menudo se vieron limitadas debido a actuaciones del Ministerio Público”, describe el sumario.
La evaluación subraya que la impunidad persiste en varios sectores, lo que dificulta la consolidación de la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
También se registraron amenazas y violencia contra activistas rurales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Se cita puntualmente que una organización nacional de derechos humanos alegó que 20 activistas rurales e indígenas fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas entre enero y agosto del 2024.
Libertad de prensa
El informe confirma que la ley protege la libertad de expresión, pero “la intimidación a periodistas” continuó, generando autocensura.
Durante el año se observó un ambiente más abierto con la nueva administración, aunque algunas instituciones continuaron limitando la labor periodística.
El documento incluye el reporte del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el cual registró 22 abusos contra la libertad de expresión, incluidos acoso judicial, amenazas, difamación e intento de homicidio.
La organización también expuso que hubo intimidación y bloqueo de acceso a fuentes de información por parte de agentes de seguridad, el Ministerio Público y el sistema judicial.
Los medios enfrentan presión económica y concentración de frecuencias, lo que “limita el espacio para una cobertura diversa”.
Derechos laborales
De acuerdo con el informe, aunque la ley reconoce el derecho de asociación colectiva, detectó restricciones legales e impunidad en algunos casos de empleadores que limitan efectivamente esos derechos.
Se registraron tres asesinatos de sindicalistas durante el 2024, mientras que las amenazas y el hostigamiento laboral continúan siendo frecuentes.
Justicia y protección
El informe destaca que Guatemala coopera con organismos internacionales para proteger a refugiados y minorías.
Se reseña que, en el 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el proceso contra siete de los 14 altos mandos militares acusados en el caso histórico del conflicto armado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), al confirmar una decisión previa del 2016.
El caso está relacionado con una antigua zona militar que fue el mayor centro de tortura del país y donde se encontraron los restos de más de 500 personas.
También se señala que persisten problemas de detenciones prolongadas sin cargos y lentitud judicial, que afectan a casi la mitad de la población penitenciaria.
El informe subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción para reducir la impunidad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Seguridad de la persona
El documento señala que “la negligencia de funcionarios penitenciarios expone a los detenidos a condiciones degradantes y violencia”, en la sección sobre “Tortura y trato o castigo cruel, inhumano o degradante”.
Se documentan deficiencias en las cárceles, incluido el hacinamiento, la falta de higiene y el abuso físico.
Aunque la nueva administración ha mejorado algunas condiciones de detención, los mecanismos de denuncia y supervisión siguen siendo débiles.
En ese sentido, destaca el caso del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue sometido a 20 meses de aislamiento en solitario y otros tratos considerados degradantes.
La percepción pública era que la impunidad dentro de la Policía facilita el abuso de detenidos. Por esa razón, se removió a decenas de oficiales por causas disciplinarias, incluidas denuncias de soborno.
