Este miércoles 4 de enero inició la etapa intermedia para 16 personas señaladas dentro del denominado caso Construcción y Corrupción Fase II, entre ellas figuran empresarios y exfuncionarios del Gobierno del Partido Patriota (PP).

Será el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez Tejax, quien decida enviar a juicio a Sinibaldi y demás implicados en el referido caso de corrupción. La audiencia continuará mañana a las 9:00 horas.

“No preocupa los homosexuales, depravados que también llegan a las instituciones”, expresó el diputado Boris. Aquí el contexto y sus declaraciones 😱 😱 👇 https://t.co/t0TIIwYi7o

— Diario La Hora (@lahoragt) January 4, 2023

A los 16 se les acusa por su presunta participación en una estructura liderada por el exministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Alejandro Sinibaldi, durante el Gobierno del extinto PP, que recibía sobornos a cambio del pago de deudas o nuevos proyectos a contratistas del Estado.

La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: negocios del Micivi, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.

EL CASO

El 14 de agosto de 2017, el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el caso Construcción y Corrupción, el cual estableció la existencia de una estructura de alto nivel liderada por Alejandro Sinibaldi.

Por estos motivos el MP solicitó mantener el caso en reserva. Conozca aquí más detalles #LaHoraDeActualizarnos 👇👇🧐 https://t.co/EgEjQYNpsP

— Diario La Hora (@lahoragt) January 5, 2023

Las pesquisas demostraron que en la fase I, la estructura realizaba el cobro de sobornos a los contratistas del Estado a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones les efectuara los pagos, ya fuera por proyectos en vigencia o cancelación de deuda.

En la fase II se identificaron otras modalidades: pagos que se realizaban en el extranjero (empresas off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos, pagos por contratación de asesorías, pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes.

LOS IMPLICADOS