El asedio al personal y auxiliares de los camiones de reparto de productos de consumo masivo se ha incrementado desde junio, según las cámaras empresariales que ven este fenómeno como un reflejo de la disputa por el control territorial entre grupos criminales y la crisis en los reclusorios.

Desde ese mes, se ha duplicado el pago de las cuotas de extorsión para poder distribuir productos en ciertos sectores del área metropolitana, en una tendencia que va en aumento. El acoso a las empresas que hacen el “ruteo” —distribución desde bodegas o centros de producción hacia tiendas de barrio, depósitos, abarroterías y mercados— coincide con otros ilícitos como la venta de drogas, el desplazamiento forzado y la operación de estructuras desde centros penitenciarios.

Se estima que la incidencia de extorsión ha crecido entre 40% y 50%, sobre todo en zonas clasificadas como rojas, es decir, de mayor riesgo. Se anticipa un cierre de año con cifras superiores a las del 2024, según las cámaras empresariales consultadas.

“Peajes” criminales duplican pagos a repartidores

Luis Mazariegos, representante de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), informó que en lo que va del año se han registrado incrementos constantes en las denuncias de extorsión, especialmente en zonas de alto riesgo.

“A lo largo del año este flagelo ha aumentado, pero muy dramáticamente a partir de junio, julio y agosto”, puntualizó.

El último reporte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentado este martes 26 de agosto, señala que en julio se presentaron 2 mil 396 denuncias de extorsiones en todo el país; en junio fueron 2 mil 216 y en mayo fueron 2 mil 712, esta última cifra es la más alta de todo el año.

Mazariegos explicó que antes se pagaba la exacción a una sola estructura criminal que dominaba determinado territorio. Actualmente, el personal de “ruteo” también es interceptado por otro grupo que exige el mismo pago, lo que duplica el costo de operación.

“Es un reparto territorial que ya no se mantiene; ahora hay una pelea entre varios de estos grupos”, reiteró.

Según el directivo, estas disputas tienen origen en motines carcelarios, operativos recientes y el control criminal desde los reclusorios. En promedio, un pago común es de Q200 en determinadas áreas del área metropolitana. El repartidor paga para ingresar, pero es detenido de nuevo por otra banda que exige el mismo monto. Esta amenaza obliga a muchos a pagar doble para evitar agresiones.

El personal afectado incluye vendedores, repartidores y pilotos que integran las unidades asignadas.

Se encarecen entregas

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), advirtió sobre una escalada de violencia que pone en riesgo la vida de pilotos y auxiliares.

“En varias zonas del país las bandas han impuesto peajes y restricciones de ingreso; ante ese asedio, algunas rutas se suspenden y ciertos barrios quedan desabastecidos. El fenómeno delincuencial ha distorsionado la logística para el traslado de productos de consumo masivo, lo que ha provocado menos cobertura, mayores costos y pérdida de mercado formal. Las empresas evitan sectores específicos para resguardar la vida de su personal”, declaró.

A pesar de estas circunstancias, las compañías siguen abasteciendo a los hogares.

Distribuidoras ajustan rutas por agresiones

Font agregó que, en las últimas semanas, empresas afiliadas han documentado amenazas, cobros por ingreso, retención de unidades y ataques armados en corredores críticos del área metropolitana y municipios aledaños.

Los sectores más afectados son alimentos, bebidas, abarrotes y lácteos. También hay presión sobre productos de higiene y farmacéuticos. Entre los puntos más álgidos destacan las zonas 18, 6, 7, 5 y 21. En este semestre aumentaron los incidentes en las zonas 18, 24, 5, 6, 12 y 25.

En el anillo metropolitano, Guatemala, Villa Nueva, Mixco y algunos focos en Amatitlán concentran una proporción relevante de hechos letales. En el caso de la capital, la colonia Bethania, en la zona 7 y La Florida, zona 19 destacan por los sucesos. Por seguridad, varias empresas han ajustado o retirado rutas, restringido horarios y reforzados protocolos, lo que ha afectado los tiempos de entrega y el abastecimiento formal.

CIG pide corredores protegidos y persecución penal

Según Font, el índice de denuncias del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) muestra que hay un incremento de delitos contra la propiedad —que incluye extorsiones—.

Esto se traduce en mayores costos de seguridad, seguros, recortes y cierres temporales, así como una sustitución del mercado formal por canales informales o ilícitos, con riesgos fiscales y sanitarios.

“Nuestra mayor preocupación es que aún no se observa una acción pública suficientemente contundente y sostenida que fije condiciones de seguridad claras para continuar el giro de abastecimiento y que garantice el resguardo de los derechos de los trabajadores de ruta —vida e integridad, y trabajo en condiciones seguras—”, indicó Font.

Agregó que se requieren corredores y horarios protegidos, patrullaje focalizado, canales de denuncia con retorno de inteligencia y persecución penal efectiva contra las células responsables.

“Como sector industrial, estamos en toda la disposición de contribuir a generar propuestas, ya que la inseguridad puede incidir en nuestra percepción de país para la atracción de inversiones”, concluyó.

Mazariegos agregó que muchas acciones en contra de la fuerza de venta al detalle son coordinadas desde los centros penales, por lo que es necesario ejercer controles más estrictos.

Se ha pedido una opinión del Ministerio de Gobernación respecto a los planteamientos de las cámaras empresariales; sin embargo, aún no trasladan una respuesta.