Este día se marcó por la noticia de un enfrentamiento armado en Huité, departamento de Zacapa, en el que se dijo que estuvieron involucradas facciones de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, aunque inicialmente fuentes extraoficiales dicen que hubo un intento por capturar al líder de uno de los carteles. Las informaciones disponibles son difusas porque ninguna autoridad explica con claridad lo ocurrido y se regó la versión de que el grupo vinculado con “Haroldito” Lorenzana se confrontó con otro cuya naturaleza y organización no es conocida.

Un factor fundamental a destacar en ambas versiones es que aparentemente los pobladores tomaron posesión del área y hasta las fuerzas armadas, que se aproximaron al saber que había un enfrentamiento armado, tuvieron que retirarse del lugar. Se reportan varias personas fallecidas pero en el fondo se desconoce la verdadera causa del conflicto armado que derivó en crímenes sangrientos.

El hecho que los pobladores cierren filas para defender a los capos de sus territorios nos debe de recordar la ausencia de Estado que hay en muchos lugares, pero además, lo duro que es el reto de las autoridades para ir tras un capo de verdad porque durante años, muchas poblaciones sienten lealtad por el Jefe y eso lo vimos hasta el cansancio en países como Colombia y México en épocas recientes.

Las autoridades trasladan muy poca información de lo ocurrido porque el área no es accesible para que las autoridades locales puedan realizar las diligencias correspondientes debido a la oposición de pobladores que les impiden acceso y porque donde manda capitán, “no manda el Estado”. Todo ello confirma la seria dificultad que hay para poder garantizar la seguridad de las personas y deja expuesta la debilidad del Estado frente al violento poder de esos grupos criminales.

Lo increíble del caso, si partimos que los pobladores cerraron los accesos al municipio, es que muchos de esos grupos criminales han ido migrando para tener líneas de negocio y una de esas líneas es la infraestructura. Se imagina usted, si un grupo de esos recibe Q83 millones por una adjudicación amañada, ¿cuántos de esos millones puede dedicar para comprar armas y así armar a las milicias que luego los defenderán cuando quieran ir por ellos?

Hemos venido insistiendo en la urgente necesidad de que Guatemala pueda restablecer su estado de derecho, mismo que fue cuidadosamente destruido por los grupos de políticos y sus socios, contratistas corruptos, que para garantizar impunidad para sus operaciones, coparon todo el sistema judicial, situación que no solo les beneficia a ellos sino que también a los poderosos grupos criminales que se dedicaban originalmente solo al narcotráfico pero que ahora han incursionado en la política nacional sabiendo que la misma está a la disposición del mejor postor.

Es preocupante lo que ocurre y simplemente nos deja expuesta la dramática realidad de un país cuya institucionalidad fue secuestrada por los que se dedican a robar a manos llenas los recursos del Estado. Nunca entendieron que al destruir la justicia abrían de par en par las puertas para otro tipo de organizaciones criminales que disponen de suficientes recursos para ser también compradores de la voluntad de jueces, fiscales y cualquier autoridad que tenga relación con la implementación de la justicia.

Las autoridades no dan una versión oficial con los detalles de lo ocurrido en Huité y las especulaciones abundan debido a esa falta de certeza. Posiblemente en el resto del día se pueda conocer algunos detalles que, de todos modos, vendrán a confirmar la debilidad institucional y el enorme reto que como sociedad tenemos.