Por segundo año consecutivo, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán los fondos no ejecutados del año anterior, a pesar de no demostrar agilización en la inversión. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos, podrían generarse pocos resultados por baja ejecución o bien, pagos cuestionados debido a los escasos controles de fiscalización, según los tanques de pensamiento.

Además, los entrevistados señalan que las fallas técnicas en la ejecución van a maximizarse en gran medida debido al silencio administrativo, lo cual pondría en riesgo a la población y a la calidad del gasto público.

El año pasado, ante la lenta inversión en los departamentos y un bolsón millonario destinado para dicha finalidad, se trasladó el dinero de arrastre. Nueve meses después, la ejecución sigue siendo lenta. De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero.

Para la misma fecha, el año pasado, eran 31 municipios los que presentaban menos del 10% de ejecución, lo cual causó que se trasladaran más de Q3 mil millones, es decir, cerca del 48%.

Ejecutivo analiza decreto

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) señaló que los equipos técnicos y financieros del presidente, Bernardo Arévalo, analizan el decreto, aunque aún no ha sido recibido formalmente.

“El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”, refirió la Secretaría.

A criterio de Daniel Haering, de Diálogos, los Codedes son un mecanismo que debe reformarse porque, desde su creación, no ha logrado funcionar. Considera que es complicado y lento, además de estar sujeto a discrecionalidades.

“Ha sido un fracaso. Los Codedes son mecanismos marítimos de inversión pública y lo demuestran una y otra vez: son lentos, ineficientes y con riesgos de corrupción”, señaló Haering.

Baja inversión o mala calidad del gasto

Haering comentó que, con dicha ley, se continuará con la baja inversión o, en algunos casos, esta se elevará; pero por los pocos controles, se destinará dinero a pagos cuestionados o con fines políticos.

“Aunque el porcentaje de ejecución sea bajo, siempre un porcentaje de lo que se gasta se va en corrupción, y con esta ley se aseguran estos dos años, hasta el año electoral”, indicó el analista.

El papel de la sociedad civil en los Codedes politiza a los actores desde la propia creación del sistema, y los operadores de cada departamento logran acaparar el poder y convertirse en “falsos gobernadores”.

“Es un modelo caótico, fragmentado y sin capacidades técnicas. El experimento del año pasado no ha salido bien, porque se les asignó una cantidad brutal y claramente no son capaces de procesarlo”, insistió Haering.

El coordinador de investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Jorge Ruano —quien brindó declaraciones a título personal—, señaló que la baja inversión también es intencional por parte de diversos actores.

“También la sociedad tiene que señalar a aquellos actores que no permiten que se ejecute el gasto público”, comentó.

Evitar el silencio administrativo

La ley establece que, si Segeplan o las instituciones encargadas de otorgar los avales no responden en cinco días, la obra se considerará aprobada. Este aspecto ha generado preocupación y señalamientos por ser poco transparente.

En ese sentido, Haering considera que, de sancionarse la ley, el Ejecutivo debería reforzar presupuestariamente a la Segeplan para incrementar su capacidad instalada y evitar el silencio administrativo.

“Lo que hay que hacer es meterle más recursos, tecnología y capacidades a Segeplan, en vez de intentar saltársela”, agregó el analista de Diálogos.

Si bien Ruano recomienda al presidente vetarla, reconoce que Segeplan históricamente ha enfrentado grandes obstáculos, pues se asignan grandes presupuestos para inversión, pero no para planificación.

“Segeplan está atrapada y sin salida. Es un órgano técnico fundamental, y el ejercicio público estatal es político. ¿Qué tan fuerte políticamente es Segeplan para resistir los embates de la política?”, añadió Ruano.

Se consultó al Ministerio de Finanzas por qué no se reforzó a Segeplan en el presupuesto, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

En la ejecución, algunos proyectos enfrentan dificultades técnicas que impiden su finalización y quedan inconclusos. El silencio administrativo podría agravar ese extremo.

“Si eso ya ocurre con burocracia, ahora con silencio administrativo más. Los proyectos están en muchos casos fatalmente planteados, y encima se aprueban con silencio administrativo”.