La Presidencia confirmó que no tomará acciones administrativas ni legales tras el incidente que ocurrió durante una citación del ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz, que convocó el bloque Cabal. A diferencia de sus antecesores, como Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el gobierno de Bernardo Arévalo descartó que por ahora vaya a enfrentar la presión de las jornadas de fiscalización en el Congreso.

El diputado y jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre protagonizó una inusual protesta en el Congreso al lanzar sobre la mesa una llanta que cayó frente al ministro Miguel Díaz, en reclamo por el deterioro de la red vial. El video del momento se viralizó rápidamente, pero principalmente evidenció la interacción entre ambos organismos.

Según el analista político Renzo Rosal, lo que ocurrió no fue un exabrupto aislado, sino un mensaje deliberado, y advirtió que un pronunciamiento limitado, como un tuit del presidente Arévalo, puede resultar insuficiente para contrarrestar la presión que se ejerce desde el Congreso. “A partir de ahora, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo será mucho más dura y confrontativa. Incluso diputados que antes mostraban cierta cercanía o complacencia con el gobierno, como Aguirre, ahora advierten que ‘van con todo’ contra el Ejecutivo”, señaló.

Además, pese a que el congresista ofreció una disculpa tras el incidente, según Rosal, Aguirre como jefe de bancada no solo envió un mensaje a su grupo sino también a otros bloques sobre una nueva etapa de presión política hacia el gobierno.

Rosal destacó que las citaciones e interpelaciones son mecanismos legítimos y fundamentales para el control político. Sin embargo, advierte que el problema no es el derecho a citar, sino cómo y para qué se hacen esas citaciones. Señala que en el 2012, la Corte de Constitucionalidad (CC), estableció que toda citación debe realizarse con “debido respeto” y “miramiento” hacia la dignidad de los funcionarios públicos.

Uso político las desvirtúa

El analista criticó las actitudes irrespetuosas y prepotentes que se han vuelto comunes en algunas citaciones, incluidos exabruptos verbales y gestos agresivos, que desnaturalizan el proceso de fiscalización. También señala que las citaciones se han vuelto vagas y poco específicas, lo que impide que los funcionarios puedan prepararse adecuadamente y convierte el ejercicio en un espectáculo mediático o político, más que técnico.

“Una citación debe ser concreta y bien fundamentada. No se trata de que los diputados improvisen temas solo para ganar atención mediática o con fines electorales, como ocurrió ayer. Si se pierde el enfoque técnico, se desnaturaliza el proceso”, explicó.

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Además, Rosal enfatizó que la actual administración carece de una bancada fuerte que la defienda en el Congreso. Destacó que los funcionarios llegan a las citaciones desarmados y sin una estrategia política clara, adoptando una actitud pasiva que facilita que las agresiones y faltas de respeto escalen.

Finalmente, Rosal subrayó la necesidad de que los funcionarios defiendan sus cargos con mayor autoridad y tacto político. Criticó que no haya habido reacciones firmes ante actos como lo que ocurrió cuando Aguirre lanzó la llanta al ministro Díaz, pues esa habría sido una oportunidad para marcar límites claros y reafirmar el respeto institucional.

Gobiernos anteriores

En las dos últimas administraciones de Gobierno, dos exmandatarios tomaron la vía legal para poder contrarrestar las presiones desde el Congreso de la República, al estimar que las numeras convocatorias absorbían buena parte de la agenda diaria de los funcionarios.

• Jimmy Morales (2016)
  En 2016, Morales vetó una reforma que sancionaba con prisión a funcionarios que no asistieran a citaciones del Congreso. Sin embargo, el Congreso votó, lo rechazó y ratificó la norma, obligando a los funcionarios a presentarse. Tras esto, Morales y su gabinete optaron por enviar representantes o excusas para evitar comparecer, generando tensión con el Legislativo.

• Alejandro Giammattei (2022)
  Giammattei presentó una consulta ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar el alcance de las citaciones a ministros. La CC emitió criterios limitados sobre este tema, pero sin reformas legislativas ni cambios prácticos.

Casi mil citaciones

Entre el 2 de enero y el 22 de julio del 2025, diputados de distintas bancadas y comisiones han realizado 997 citaciones a funcionarios del Ejecutivo. Los meses más intensos fueron febrero, con 187, y marzo, con 160.

Las bancadas que más citas han promovido son la UNE (172), VOS (162), Vamos (108) y Cabal (93).

En cuanto a las instituciones que más se llama a fiscalización, se encuentra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 207 citaciones, seguido del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), con 145, y el Ministerio de Educación (Mineduc), con 141. En total, 26 instituciones del Ejecutivo han sido requeridas en múltiples ocasiones.

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