En el análisis de ALas845 se discutió sobre la actualización de las denuncias presentadas por el caso B410.

Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, explicó que realizaron auditorías ante la negativa de las empresas involucradas.

“La investigación nos llevará a ampliar esta denuncia, creemos que aumentaremos las denuncias”, dijo.

Díaz indicó que la Superintendencia de Recaudación Tributaria fue la que alertó sobre irregularidades en empresas constructoras. Con ello empezaron a analizar a contribuyentes que no habían pagado impuestos luego de vender servicios al Estado.

“Sobre estas constructoras son 9 que estaban en el top de empresas proveedoras del Estado. La estructura ha facturado Q6 mil millones. Construimos un software que nos analizó lo que estaba pasando, ordenando la información. Además vimos que empresas se relacionaban entre sí, que eran un 75%”, explicó.

El funcionario añadió que las auditorías implican tiempo, con jornadas extendidas, por lo que siguen haciendo auditorías, dando los motivos de que tuvieran que revelar el caso

“Urgía la desactivación del IVA, habían amenazas contra mi persona, esto nos obliga a hacer pública la investigación”, dijo.

Díaz dijo que las empresas para su sorpresa, seguían facturando al Estado y por ello, se deshabilitaron por omisos del IVA.

“Los contribuyentes han presentado amparos y salas nos han ordenado de habilitarlos, pero estos amparos los apelaremos ante la CC, de que tenemos la potestad de que mientras no paguen el IVA siguen suspendidos”, indicó.

Adujo que ahora hay 241 contribuyentes denunciados penalmente y añadió que de las 410 que completan el caso, algunas empresas eran activadas al ser suspendidas otras. Indicó que algunas se acercaron para regularizar su situación pero en la SAT insisten en seguir con su deshabilitación.

Díaz dijo que existen 20 amparos, presentados al momento. “Cada día se presentan amparos, hay 10 que se han dado, y uno que han denegado”, explicó.

A criterio del Superintendente, deben existir otros juzgados especializados en materia tributaria.

“En materia tributaria hay varias opiniones; creo que el sistema está hecho para que existan estas discrepancias. La CC nos ha dado la razón en otros casos de que podemos deshabilitar a quienes no cumplen”, dijo.

Según Díaz, la auditoría “de gabinete” es diferente, pues una completa implica verificar sueldos y otros rubros.

“Tenemos Q106 millones embargados, y pedimos la captura de los representantes legales y contadores de las empresas. Quiero aclarar que todos aquellos que intervengan se busca que tengan las consecuencias de sus acciones”, recalcó.

Díaz indicó que hay que ver “qué pruebas tienen” las empresas y la SAT, para llegar a un acuerdo, para que las compañías salgan de este problema.

“Hay algunos pagos parciales que no aceptamos como pago total, dos compañías que ya pagaron totalmente. El pago de los impuestos se dan pero siguen los juicios penales porque se dieron otros delitos, como falsedad. Los bancos ante la noticia han denunciado lavado de dinero que está investigando el MP. El caso está en sus inicios y está lejos de un final para todos los que están involucrados”, declaró.

Díaz indicó que han contratado físicos y otros profesionales que han elaborado algoritmos para mejorar la labor de fiscalización de la SAT.

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