A 37 días de que finalice el 2025, la ejecución presupuestaria del Estado de Guatemala presenta 75% de avance: de Q154 mil 836 millones vigentes, solo Q117,050 millones han pasado del papel a la realidad. Si comparamos porcentajes, al 24 de noviembre va el 89% del año, lo cual refleja el rezago, sobre todo si se toma en cuenta que las fiestas de fin de año son otra relativa reducción al tiempo hábil. La proyección de ejecución del gasto del Ministerio de Finanzas al final del año es de 90%, lo cual contrasta con el proyecto de presupuesto del 2026, cuyo dictamen está pendiente y que, en forma preliminar, alcanza Q161 mil 770 millones, que el Congreso de la República podría aprobar “de urgencia”, sin discusión y con preocupantes bolsones clientelares, sin adecuada fiscalización.

El patrón del crecimiento presupuestario, casi vegetativo, exhibe, por un lado, el aumento constante en gastos de funcionamiento burocrático, y por el otro, nuevos endeudamientos para financiar el monto total sin que tales empréstitos vayan directo a inversión en infraestructura para el desarrollo humano y económico. En los ya casi dos años del período de Bernardo Arévalo, ha sido constante el clamor por la recuperación y ampliación de la red vial para potenciar la competitividad. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones es una de las carteras con menor ejecución: solo 48% de los Q7 mil 895 millones disponibles.

Para el 2026, el CIV tiene asignados casi Q10 mil millones, pero dada la parsimonia en adjudicaciones de contratos, salta la duda sobre la capacidad de ejecutar proyectos, heredados o nuevos. Hasta octubre aún se elaboraban bases de licitación para unos 150 proyectos, pero el costo de oportunidad del retraso lo pagan los ciudadanos y los sectores productivos.

No se trata solo de la capacidad de gastar los recursos, sino de utilizarlos demostrando resultados tangibles. En el Presupuesto no solamente está el Ejecutivo, sino también el Congreso de la República, que lleva casi un año de haber aprobado un autoaumento ilícito y lesivo, y para el 2026 su presupuesto sería de unos Q987 millones. Instituciones como el Organismo Judicial y el Ministerio Público también presentan aumentos paulatinos de gasto, pero cabe cuestionar los resultados reales en cuanto a la administración de justicia, contribución al Estado de derecho y a la disuasión del delito.

Más dinero no corrige la falta de capacidad técnica. La falta de planificación y diseño de proyectos viables e integrales se conjuga con las vulnerabilidades de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya renovación, modernización y replanteamiento integral han sido rehuidos por diputados de varias legislaturas. En este contexto, inflar un presupuesto sin cambio de paradigmas es, simplemente, financiar la inercia y también las ambiciones opacas. En este punto es necesario mencionar el bolsón de arrastre para los Consejos Departamentales de Desarrollo, que a inicios de este mes tenían unos Q8 mil 500 millones sin ejecutar, de los Q12 mil millones disponibles para el 2025. Aun así, se contempla darles más fondos, además del traslado de saldo.

El afán preelectorero se trasluce en el presupuesto del 2026, y esto es un problema enorme porque implica pérdida de recursos y también de tiempo. No se necesitan obras clientelistas, sino planes integrados de infraestructura y servicios a nivel de Ejecutivo, comunas y organismos del Estado. No se necesitan más préstamos, por más blandos que sean, si los recursos van al agujero negro del gasto en más burocracia. Sí se necesita, desde hace mucho, capacidad para ejecutar con probidad y calidad.