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Juez liga a proceso a junta de licitación que autorizó adjudicación para construcción de hospital de Rabinal, Baja Verapaz
La juez de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, ligó a proceso a cuatro personas integrantes de la junta de licitación que aprobó la adjudicación de la construcción de un hospital en Rabinal, Baja Verapaz, señaladas de haberlo realizado bajo diferentes anomalías y supuestas presiones de tráfico de influencias para así beneficiar al constructor a pesar […]
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La juez de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, ligó a proceso a cuatro personas integrantes de la junta de licitación que aprobó la adjudicación de la construcción de un hospital en Rabinal, Baja Verapaz, señaladas de haberlo realizado bajo diferentes anomalías y supuestas presiones de tráfico de influencias para así beneficiar al constructor a pesar de que este no cumplía con las calidades para realizar la obra.
Según la juzgadora, después de que cerro el proceso a favor de las personas que según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló como los líderes, entre estos el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez y Saraí Villavicencio, hija del fallecido exministro de salud, Jorge Villavicencio, a quien ahora se considera como líder del grupo criminal a la fecha no se desconoce su paradero, este habría creado una red de corrupción a lo interno de la cartera de salud, dando beneficios a diferentes personas y empresas.
En el análisis de la juzgadora, hay elementos contra Daisy Guzmán, Carlos Alberto Torres Vargas, Edgar Sebastián Castro y Briseida Mariela Leonardo Vásquez, para que sigan siendo investigados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de asociación ilícita.
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Supuestamente, a pesar de que ya existía un informe en el que se señalaba que la empresa que se postulaba para la construcción del hospital no llenaba los requisitos, finalmente la junta aprobó que fuera contratada, por lo que se debe investigar porque se hizo de esta forma el procedimiento.
Mientras continúa la investigación en contra de estos, Cruz les concedió una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, la firma de asistencia cada 30 días y el pago de una caución de Q10 mil cada, para lo cual tienen un plazo de 48 horas para hacer efectivo el pago.
Se tiene previsto que el 9 de septiembre se discuta si estos deben o no enfrentar juicio por estos hechos.