Los consensos entre los diputados se espera que en la plenaria de este 12 de noviembre se reflejen en la aprobación de la iniciativa 5431, ley de infraestructura vial. Varios legisladores comentaron que ya se lograron acuerdos para presentar enmiendas al segundo dictamen de ese proyecto que ahora se llamaría de infraestructura vial prioritaria.

El proyecto de ley cuenta con 155 artículos, por lo que las enmiendas serían a 16 artículos. Anteriormente el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, anunció que se debían hacer cambios a la iniciativa para que fuera funcional y no crear entidades que compitieran entre ellas.

Entre los cambios que se hacen es que se crea una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y habrá un gerente que es superior a la DIPP, lo cual se crea un directorio a quien le rendirá cuentas dicha dirección.

REGISTRO DE PRECALIFICACIÓN, TRANSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Otros de los aspectos que abordan las enmiendas son la creación de un fondo operativo para proyectos viales prioritarios, y es que 60 días después de que cobre vigencia la ley el Ministerio de Finanzas trasladará Q10 millones y para el 2026 serán Q20 millones.

Con la nueva ley se estima la creación de un registro de precalificación específica, donde se plantearán los requisitos y el proceso previo de los oferentes para su inscripción, donde se debe tomar en cuenta la experiencia, capacidad instalada y financiera.

Además, de mecanismos de adquisición de bienes para nuevos trayectos que podrían ser negociación directa, obtención de derecho especial de vía y expropiación, en dicho caso se debéra realizar la declaración de existencia de utilidad colectiva, beneficio social o interés público sobre los mismos.

También se prioriza la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de rutas centroamericanas, a la vez, tomando en cuenta el plan maestro de movilidad y estudio de factibilidad para una carretera perimentral para mitigar la congestión del área metropolitana, el Anillo Metropolitano, y libramiento a la ciudad de Guatemala.

Por último, la DIPP asumirá de forma gradual funciones y competencias que apruebe el directorio en un plazo de 18 meses, al momento de la vigencia de la ley.