Se estará repitiendo la historia

Cuando quieras saber de alguien, síguele la pista al dinero.

En 2017, elgobierno de Jimmy Morales sufrió otro revés luego de la quema del Hogar Seguro. El Ministerio Público a cargo de la fiscal Thelma Aldana compró un edificio en zona 5 para ampliar sus instalaciones.

El valor real del edificio Gerencial La Asunción, ubicado en Diagonal 14 (Boulevard de la Asunción) 21-32, Colonia Arrivillaga, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, fue objeto de disputa entre distintas valuaciones técnicas.

El avalúo oficial emitido por el Estado a través de técnicos de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), dirigida por Luis Rojas, fue de Q35,100,029.23, estimándose el valor conjunto del terreno y la construcción (aún sin acabados) aplicando las tablas y manuales oficiales , sin que se haya hecho público el nombre individual del técnico valuador que firmó la hoja de campo. (P.L).

Una valoración privada realizada por la empresa Serto, contratada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) como parte de su fiscalización, estimó el precio en Q31,500,076.97 sin impuestos, que coincide con la estimación de DICABI, que subió a Q35.1 millones al sumarle el 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por tratarse de una primera venta. Lo que tiene lógica y coherencia

Sin embargo, en 2020, la exfiscal Consuelo Porras declaró lesivo el contrato de compraventa y emitió una orden de captura que aún se encuentra vigente contra Thelma Esperanza Aldana Hernández. Quien, en lugar de tratar de dilucidar la situación que parecía ser clara en números, salió huyendo hacia Estados Unidos, en donde solicitó y le fue otorgado asilo político, sin haber enfrentado audiencia de primera declaración. Lo que no parece lógico, si todo estaba en orden.

El MP a cargo ya de Consuelo Porras sostuvo que se autorizó la compra directa del inmueble sin contar con los estudios técnicos previos ni las justificaciones presupuestarias que demostraran la necesidad urgente de adquirir ese edificio en particular. Se le señala de haber aprobado la recepción y el pago total de una obra inconclusa, que no contaba con conexión municipal de agua potable, ni con los permisos o condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad para operar fiscalías, Y que la compra se gestionó de forma acelerada y concertada con los vendedores (Bertram, S.A.) para beneficiarlos económicamente, adjudicando el evento en Guatecompras en un lapso de 20 minutos. (DLH)

Lo que el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado, permite sin concurso de ofertas. Y la publicación en Guatecompras se utiliza únicamente como un registro de transparencia posterior o simultáneo a la negociación directa, razón por la cual el sistema permite cargar y cerrar el evento en cuestión de minutos. Lo que parece ser una falla de Guatecompras. Porque permite una negociación previa, sin tomar en cuenta otros oferentes.

Y he allí el motivo de la huida. Que permite pensar en la recepción de una jugosa comisión.

Y luego de 9 años de esa negociación, abandono del edificio y huida desesperada de Thelma Aldana, a quien también se le acusó de plazas fantasmas, William Balz Gallardo aceptó haber prestado su nombre a Bertram, S.A. para la compra del edificio, por lo que un juzgado penal lo condenó a 4 años de prisión conmutables por el delito de testaferrato por inducción directa, además de imponer una multa de Q83,500, 40 horas de trabajo comunitario en Emetra y el pago de Q100,000 de reparación digna destinados a ASOCSA.

Una entidad de la que nada más que el nombre es público, Asociación de Servicio Social, Protección a la Salud y la Familia. Que, según dicen, funciona sin fines de lucro, figura que suele emplearse en los tribunales guatemaltecos para canalizar donaciones provenientes de procesos penales abreviados o reparaciones dignas.

ASOCSA no tiene portales web oficiales activos de acceso público, memorias de labores, redes sociales, ni reportes de cooperación internacional que documenten programas comunitarios, jornadas médicas o áreas geográficas de intervención. No existen registros públicos ni informes de proyectos ejecutados que detallen qué actividades ha realizado o en qué municipios o departamentos opera. Por lo que quizás no fue la mejor idea darle a esa entidad el beneficio.

Esperemos que la Contraloría le siga la pista a ese dinero, antes que alguien haga magia y desaparezcan juntos. Porque algo parece estar escondido, repitiendo la historia.

Quizás en lugar de aprobar urgentemente la ley de cine, los diputados pudieron aprobar una ley que obligue a las Asociaciones, Fundaciones y ONGS a reportar públicamente sus ingresos y egresos y poder ser fiscalizadas.

El edificio fue restituido al MP, lo que es la única buena noticia, al final de cuentas, el Gobierno ya utilizó el dinero de los impuestos de los guatemaltecos para pagarlo, pues que lo utilicen sabiamente.