El sábado 24 de agosto se cumplieron 124 días desde que fueron detenidos los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos líderes indígenas permanecen encarcelados en la prisión militar Mariscal Zavala y muy poco se conoce sobre el proceso en su contra porque, como sucede en otros casos de persecución penal indebida, se encuentra bajo reserva.

Aunque en un inicio fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, lo que ya de por sí era un absurdo, una sala de apelaciones decidió agregarles el delito de asociación ilícita porque, según argumentó públicamente el Ministerio Público, los 48 Cantones de Totonicapán no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación.

Así como lo lee, los directivos de una organización con más de 200 años de existencia —Luis Pacheco fue su presidente número 203— no es considerada como tal por la Fiscalía —y una corte de apelaciones le dio la razón—, por no estar registrada en una entidad que surgió a la vida jurídica en el 2006. Pero como no se trata de justicia, sino de venganza y castigo, ese argumento fue suficiente para sumar un delito adicional a Pacheco y Chaclán.

El “caso” en contra de las dos autoridades indígenas no solamente no tiene sustento y se ha desarrollado en total secretividad —contraviniendo el principio de publicidad, que es uno de los pilares del Derecho Penal guatemalteco—, sino que está en un “punto muerto”, y no avanza a la etapa intermedia en la que un juzgado debe decidir si ambos líderes enfrentan o no juicio oral, porque no hay juez a cargo del proceso.

Sí, así como lo lee, según reporta Diario La Hora (21-08-2025), Mario Rodríguez Flores, juez A del Juzgado Cuarto Penal, se excusó de conocer el proceso de Chaclán y Pacheco en el mes de junio, y lo mismo hizo la jueza A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida. Desde entonces, violentando otra garantía central del Derecho Penal, el “caso” no tiene juez y la sala de apelaciones que debiera nombrarlo, no lo ha hecho.

Como no se ha podido conocer el expediente y los abogados defensores deben acatar la secretividad que les fue impuesta, la información ha ido surgiendo a cuentagotas, a partir de declaraciones de fiscales o de filtraciones de fuentes judiciales a la prensa. Lo cierto es que, si fuera tan sólido como argumenta la Fiscalía, ya sabríamos los pormenores y se habrían ventilado a los cuatro vientos las pruebas que dicen tener.

Lo que sí sabemos es que ambos líderes indígenas fueron capturados como represalia por su participación en las manifestaciones pacíficas del 2023, en defensa de la democracia, y que lo hicieron cumpliendo el mandato de su comunidad de movilizarse para defender la voluntad popular expresada en las urnas y evitar un rompimiento constitucional. Es decir, no solo no deberían estar enfrentando un proceso penal y la cárcel, sino tendríamos que estar reconociendo su valentía y dignidad porque fue eso lo que permitió que en nuestro país no se instalara un régimen autoritario.

Pero como el MP de María Consuelo Porras Argueta está empeñado en afirmar que en Guatemala hubo un fraude electoral, sus acciones —incluido este “caso”— van por ese camino, aunque no tengan asidero.

A estas alturas y con todas las violaciones que se han dado en el proceso, lo mínimo que la sala de apelaciones está obligada a hacer es nombrar sin demora a un juez que se haga cargo del caso y defina, de una vez por todas, si se abre a juicio o no. Y, por supuesto, lo que es urgente y tampoco admite dilación es dictar una medida de arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, para que puedan defenderse en libertad.