La licitación abierta de largo plazo PEG 5-2025, según lo indican las bases emitidas por la Junta de Licitación, conformada especialmente por las empresas distribuidoras EEGSA y Energuate para darle seguimiento, plantea la contratación de hasta 1,400 MW de potencia garantizada y la energía asociada, que cubrirá la demanda firme de dichas distribuidoras. Estos bloques de potencia podrían empezar a suministrarse a partir del 2030 y los contratos adjudicados pueden extenderse hasta por 15 años.

La licitación está abierta a una gama de tecnologías: renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica) y fuentes no renovables de bajas emisiones (principalmente gas natural, etano y propano), así como esquemas híbridos que combinen generación con almacenamiento. Este enfoque mixto refleja la intención del regulador de equilibrar seguridad de suministro, costo y reducción progresiva de emisiones, permitiendo la entrada de plantas térmicas de bajas emisiones en combinación con recursos intermitentes y almacenamiento. Esa nueva generación permitiría acompañar la transición energética del país y maximizar el uso sostenible de recursos naturales como el sol, el viento y la geotermia, con flexibilidad y confiabilidad.

El Gobierno y analistas del sector proyectan que la PEG 5-2025, en conjunto con la licitación de transmisión PET 3, podrían movilizar inversiones por varios miles de millones de dólares (algunas estimaciones conjuntas rondan los US$5,000 millones), ya que, además de la generación, se requerirán obras de transmisión y adecuaciones en la red. La licitación abre oportunidades para desarrolladores de proyectos renovables, empresas de infraestructura, fabricantes de equipos y proveedores de soluciones de almacenamiento, así como para fondos de inversión en infraestructura interesados en contratos de mediano y largo plazo. Para Guatemala, la llegada de inversión en generación y transmisión también implica potenciales beneficios en términos de empleos y desarrollo de capacidades técnicas.

Retos regulatorios, ambientales y sociales

A pesar de las oportunidades, el proceso enfrenta varios retos importantes. En lo regulatorio, la articulación entre permisos ambientales, consulta con comunidades y tramitología para servidumbres y derechos de paso en las líneas de transmisión puede alargar plazos y elevar costos, especialmente para la PET 3, pero también para quienes busquen instalar proyectos en regiones del país donde no exista la infraestructura de transmisión adecuada o la capacidad de transporte sea insuficiente.

En lo ambiental y social, los proyectos requerirán licencias de evaluación de impacto y, cuando corresponda, consultas con poblaciones locales e indígenas. La claridad y celeridad en estos procesos serán determinantes para evitar cuellos de botella en la ejecución de las obras. Expertos jurídicos y del sector advierten que la coordinación entre instituciones y reglas claras serán esenciales para que las adjudicaciones se traduzcan en obras concretas y en plazos realistas.

En un mercado mayorista basado en costos marginales de generación como el de Guatemala, la visión de largo plazo es fundamental. Por ello, el liderazgo en la política energética resulta primordial para evitar que objetivos de muy corto plazo se impongan y afecten la competitividad del país en el mediano y largo plazo. En ese sentido, se espera que la PEG 5 cumpla con ese propósito.

El papel del GNL

El interés por atraer inversionistas en proyectos de generación térmica con combustibles como gas metano, etano o propano es una de las novedades más relevantes de la PEG 5. Dada la ausencia de gasoductos que permitan importar dichos combustibles en forma gaseosa, la instalación de centrales a gas deberá hacerse mediante la disponibilidad de gas natural licuado (GNL), que será transportado al país en forma líquida por vía marítima y luego regasificado para su uso en generación eléctrica.

Varios países de Centroamérica ya cuentan con centrales generadoras que utilizan esta tecnología (El Salvador, Panamá y Nicaragua, este último en proceso). Estos gases emiten menos CO₂ que otros combustibles fósiles, por lo que se consideran el acompañamiento idóneo para países que buscan transitar hacia matrices energéticas más limpias y diversificadas.

Para viabilizar la instalación de proyectos de GNL, Guatemala necesita contar con facilidades portuarias apropiadas, idealmente en el norte del país, ya que las fuentes de suministro más cercanas se encuentran en el golfo de México y el Caribe. Dadas las condiciones portuarias actuales, se anticipa que podría requerirse el uso de plataformas flotantes para descargar el combustible, cuyo costo y complejidad de instalación no son menores. Este es uno de los retos de infraestructura a superar. Otros desafíos serán disponer de sitios adecuados en el área adyacente al puerto de entrada para instalar la infraestructura de generación, así como contar con la infraestructura de transmisión necesaria para evacuar hacia los principales centros de carga del Sistema Nacional Interconectado (SNI) la energía generada en los proyectos.

Debido a estas complejidades, cabe señalar que a El Salvador le tomó casi nueve años poner en operación comercial su proyecto de GNL. Guatemala no dispone de un plazo tan holgado. El crecimiento acelerado de la demanda de electricidad exige que los proyectos adjudicados en la PEG 5 inicien operaciones en el 2030, 2031 o 2032.

La PEG 5-2025 constituye una apuesta estratégica para asegurar el suministro eléctrico del país hacia la próxima década, modernizar la matriz energética y atraer capitales. Si bien la magnitud de la convocatoria y la apertura tecnológica representan una oportunidad importante para diversificar fuentes y mejorar la seguridad energética, el éxito dependerá de la implementación práctica: reglas contractuales claras, gestión eficiente de permisos ambientales y sociales, y sincronización con las inversiones en transmisión. Para inversionistas y actores locales, la licitación ofrece tanto oportunidades comerciales como responsabilidades técnicas y sociales; para Guatemala, una ejecución efectiva podría significar una transición energética ordenada y resiliente.

Sin energía eléctrica competitiva y sostenible, el país no podrá alcanzar sus metas de desarrollo económico ni aprovechar las oportunidades de su posición geopolítica. La responsabilidad de los actores involucrados en conducir exitosamente la licitación PEG 5 es mayúscula. Liderazgo político firme y visión de largo plazo son imprescindibles.

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