La nueva Ley de la Policía Nacional Civil puede plantear oportunidades y desafíos refieren autoridades del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, partiendo que se considera que Ley fue aprobada bajo la figura de Urgencia Nacional, plantea dudas acerca de su discusión.

La nueva Ley de la Policía Nacional Civil, aprobada el 26 de noviembre de 2024 bajo el Decreto 35-2024 y en vigor desde el 10 de diciembre, reemplaza la Ley anterior, el Decreto 11-97.

Aunque se presenta como un avance para fortalecer la institución, la rapidez con la que se aprobó la ley, solo cuatro días después de presentada la iniciativa y bajo la figura de Urgencia Nacional, ha generado dudas sobre la calidad del análisis y debate previo.

Expertos del CIEN cuestionan si el proceso acelerado permitió una evaluación adecuada de los posibles impactos de esta reforma en el futuro de la seguridad pública.

Frente a este planteamiento los analista de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, observan cuestionamientos de orden constitucional, como la autonomía municipal prevista en el artículo 259 de la Constitución.

Un dato que se ha proporcionado es que la anterior Ley permitía a la PNC investigar por iniciativa propia hechos punibles, pero la nueva Ley les requiere hacerlo por denuncia o a requerimiento del Ministerio Público, y además, se provoca una duplicidad con las funciones otorgadas de la Dirección General de Investigación Criminal.

La nueva Ley de la Policía Nacional Civil otorga derechos al personal de la institución que implican un impacto financiero en las finanzas públicas, sin especificar las fuentes de financiamiento.

También se otorgan privilegios, como la presunción de que el uso de un arma de fuego por un agente contra un agresor fue en cumplimiento de su deber, lo que contraviene la Constitución al limitar la potestad de los jueces.

La Ley presenta retos prácticos y jurídicos, ya que remite varios temas a disposiciones reglamentarias, y el Organismo Ejecutivo deberá elaborar 31 reglamentos en el plazo de un año.

Se señala la necesidad de que varios artículos sean revisados por la Corte de Constitucionalidad para ajustar su redacción. Además, se recomienda al Ministerio de Gobernación informar sobre el impacto presupuestario de la Ley y crear una Comisión de Redacción para los reglamentos.

Por último, es necesario que el Ministerio de Gobernación incorpore políticas de mérito en la institución policial, dado que la nueva Ley creó un desbalance del mérito en la carrera policial”.