De cara a las iniciativas de ley de puertos y aviación civil, conviene preguntarnos: ¿qué son los puertos y aeropuertos? Quizás debido al tamaño del territorio nacional, son pocos los aeropuertos y puertos que no tienen carácter internacional. En países de territorios extensos suele haber muchos puertos y aeropuertos internos y es fácil para cualquier persona observar que, salvo raras excepciones, no son más que otro conjunto de servicios cualquiera.

Es verdad que en todos los puertos y aeropuertos hay aspectos de seguridad de la navegación, ya sea marítima o aérea, que deben gestionarse adecuadamente. Nada de eso, sin embargo, es de tal naturaleza que requiera de una entidad u órgano estatal. Mucho menos habiendo actualmente acceso generalizado a sistemas de navegación sumamente sofisticados.

Hay muchas actividades en las que la seguridad es importante y son y han sido siempre de índole empresarial. En subsectores como la minería, la extracción de hidrocarburos o la generación y transporte de energía eléctrica, la seguridad es un tema fundamental. Lo mismo ocurre en lo relativo a la gestión de recintos y espacios en los que circulan diariamente miles de personas, como los hospitales privados o los grandes centros comerciales. Todos esos conglomerados de edificios y otras instalaciones deben contar con sistemas de extinción de incendios, vías de evacuación en caso de emergencias, mecanismos de carga y descarga de sustancias explosivas o tóxicas, etcétera.

Por otra parte, en la actualidad los puertos y aeropuertos semejan más y más, en todo el mundo, actividades comerciales, de servicios personales (salones para descansar y hoteles, restaurantes, etc.) o de turismo (agencias de viaje, de alquiler de automóviles, de transporte local, etc.). Nada de eso integra las funciones públicas o estatales.

Claro está, en los puertos y aeropuertos internacionales deben añadirse instalaciones y mecanismos de control migratorio, aduanero y de policía. En lugar de que después de la recogida de equipajes un viajero salga a la calle para buscarse un taxi, pues debe pasar por un control migratorio y, si lleva equipaje, uno aduanero (cada vez más automatizados). En lo que a las mercancías se refiere, pues se requiere de inspecciones y de lugares adecuados para liquidar los derechos arancelarios e impuestos aplicables. Pero, la adecuación de estas instalaciones y la implementación de estos mecanismos es, verdaderamente, lo de menos. Son importantes, pero su dificultad técnica y logística palidece ante el control aéreo o marítimo, así como en relación con la infinidad de detalles necesarios para que los viajeros, los importadores y exportadores cuenten con servicios adecuados a costes razonables.

Lógicamente, está la cuestión del coste para el público usuario. Toda empresa persigue un lucro y sin eso no se mueve un dedo. De ahí que muchos piensen que, automáticamente, un servicio privado (o privatizado) será más caro que uno público. Realmente, eso no tiene por qué ser así. En la inmensa mayoría de puertos y aeropuertos privados o concesionados del mundo, nadie nota la diferencia, porque las empresas que los gestionan no derivan sus ingresos de cargar directamente a los usuarios por el uso de sus instalaciones y servicios. Los puertos y aeropuertos públicos también son costosos, pero se financian mediante una combinación de tasas administrativas (generalmente escondidas tras los billetes de avión o de barco) y con cargo a los impuestos que nutren los presupuestos públicos. Pero el punto clave está en que, por regla general, los puertos y aeropuertos privados o concesionados son notablemente más eficientes: por menos costes para el Estado y el público, dan más y mejores servicios. ¿Qué nos impide implementarlo? ¿Unos cuantos líderes sindicales?