Mientras el Congreso mantiene en pausa las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los partidos políticos avanzan por una vía alterna: modificar los reglamentos electorales.

La propuesta de 25 cambios al Reglamento de la LEPP, elaborada junto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), está generando preocupación entre analistas, quienes advierten que los ajustes reducen la capacidad sancionatoria del Tribunal y amplían el margen de discrecionalidad de los partidos.

Un árbitro con menos poder

Los cambios planteados van más allá de la simple actualización técnica. Si se tratara de un partido de fútbol, las reformas sobre la mesa plantean que el árbitro tenga menos poder de decisión sobre lo que sucede en el partido y los capitanes de cada equipo tendrían mayor responsabilidad en las decisiones que se toman en la cancha sobre la conducta y rendimiento de los jugadores.

Según el análisis de expertos consultados, varias disposiciones modifican el equilibrio de poder entre el TSE y las organizaciones políticas, dejando al árbitro con menos herramientas para ejercer un control efectivo sobre las campañas políticas y anticipadas, así como en el financiamiento partidario.

El artículo 69 bis, por ejemplo, establece que, ante una primera falta, la multa será mínima y solo se impondrán las multas máximas que autoriza la LEPP en caso de reincidencia de la misma causal.

De igual forma, el artículo 62 quater redefine el proceso sancionador, limitando la posibilidad de sancionar por propaganda anticipada o por manifestaciones de opinión pública de los candidatos. Y, en el caso de que se abra una investigación, se deben correr audiencias a los señalados y si se comprueba que existió campaña anticipada, se otorgará un tiempo prudencial para que se retire.

El artículo 62 quarter también deja claro que “serán rechazadas de oficio las denuncias sobre campaña ilegal las actuaciones que, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, realicen los diputados al Congreso, al Parlamento Centroamericano, alcaldes municipales, concejales u otras autoridades electas por sufragio popular”.

“En la práctica, esto reduce el margen de acción del Tribunal y relaja la aplicación de sanciones”, explicó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

Añadió que los cambios “no fortalecen la institucionalidad, sino que le quitan dientes al árbitro en un momento clave para la credibilidad del sistema electoral”.

Secretarios con mayores facultades

Otro grupo de reformas otorga mayor poder interno a los secretarios generales de los partidos. Otra vez, los “capitanes” de los equipos tendrían más poder de decisión que el árbitro en el encuentro.

El artículo 31 propone que los secretarios generales puedan solicitar la reposición de libros de actas sin requerir autorización de los comités nacionales, mientras que el artículo 28 elimina la obligación de justificar con acta certificada cualquier cambio de fecha o lugar para celebrar asambleas.

Estos ajustes, advierten los analistas, centralizan decisiones en una sola figura partidaria, lo que podría generar conflictos internos o abusos de poder.

Los secretarios generales salen fortalecidos, mientras los mecanismos de control interno se debilitan, opinó Guillermo Fuentes, analista de la organización Aire.

En algunos partidos donde hay disputas por el liderazgo, como ocurrió en la UNE, esto podría acentuar la concentración de poder y abrir puertas a decisiones unilaterales, advierten los expertos.

El hilo común entre las modificaciones es la flexibilización del control político y sancionatorio.
De aprobarse, los partidos tendrían más margen para operar con autonomía en temas como propaganda, fiscalización y sanciones, mientras el TSE asumiría un papel más observador que regulador.

“Si esto se aprueba con tantos niveles de relajamiento, podríamos estar ante una mayor impunidad en materia electoral”, advirtió Hidalgo.
“Las sanciones pierden fuerza, los controles se diluyen y el sistema se vuelve más dependiente de la buena fe de los actores”, añadió.

Reformas fuera del Congreso

La discusión sobre la legitimidad del proceso también está en el centro del debate.
El Congreso no aprueba una reforma a la Ley Electoral desde 2016, y la iniciativa de 2024 quedó archivada sin ser discutida.
Ante ese vacío, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, alentó a los partidos a plantear cambios vía los reglamentos, una opción que juristas consideran riesgosa.

“Un reglamento no puede contradecir una ley que tiene rango constitucional”, recordó Fuentes.
“Modificar los reglamentos para cambiar el sentido de la ley es un atajo institucional que podría ser impugnado ante la Corte de Constitucionalidad”, agregó.

El contexto institucional agrava las dudas: el TSE cuenta actualmente con solo un magistrado titular y cinco suplentes, quienes deberán decidir si avalan las reformas.
La falta de sesiones regulares del pleno y la proximidad de la elección de nuevos magistrados suman tensión a un escenario en el que el árbitro electoral luce debilitado, según el análisis de los expertos consultados.

Lo que sigue

Las propuestas aún deben ser conocidas por el pleno de magistrados del TSE, integrado en su mayoría por suplentes.

El documento será evaluado junto a otros dos proyectos de reforma: uno al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos y otro al de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.