La decisión de la actual alianza mayoritaria de magistrados de la CSJ de arrogarse la designación de 12 nuevos puestos de magistrados de cuatro salas de Apelaciones recién instituidas exhibe una de dos cosas: ignorancia de la ley o un abuso de poder. El 27 de agosto último se anunció la creación de cuatro nuevas salas de Apelaciones, en los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y en Coatepeque, Quetzaltenango. Digamos que hasta allí todo bien, pues es necesario ampliar y fortalecer los servicios de impartición de justicia y resolución de objeciones contra fallos y procedimientos dudosos.

Pero algo así como pasándose de listos y encima de lo estipulado en la Constitución Política de la República, los magistrados de la CSJ se repartieron de una vez el jugoso pastel de designar las 12 nuevas magistraturas —tres integrantes por cada sala—. Debido a que son nuevas, no fueron incluidas en el anterior proceso de postulación, designación y juramentación por parte del Congreso. Por ende, aplica el artículo 217 de la Constitución, que taxativamente ordena: “Los magistrados titulares serán electos por el Congreso de la República”.

La propia CSJ, con sus dos bandos, tanto el oficioso como el silencioso, que no denuncia, despierta suspicacias al mantener hermetismo sobre la identidad de los magistrados que ya habrían sido seleccionados a dedo, a espaldas de la ciudadanía. En otras palabras, parece un reparto a conveniencia de los obvios pactos, deudas políticas y fidelidades de actuales titulares, quienes en este momento ya se aprestan para elegir la próxima presidencia del Organismo Judicial. Al menos esto último sí forma parte de sus funciones constitucionales. La definición de otros titulares de salas no lo es.

Las recién creadas salas tienen competencia en materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente; niñez y adolescencia; adolescentes en conflicto con la ley penal; delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; violencia sexual; civil; mercantil; familia y laboral. Esas son muchas áreas de influencia, muchas potestades concentradas y, por ende, intereses en juego, lo cual deja entrever la gazuza con la cual la CSJ quiere apostar con un póquer a ciegas.

La CSJ guarda mutismo sobre su apócrifo proceso de nombramiento, que ya empieza a desatar reclamos y sospechas. Dentro de las conjeturas que se barajan está que se habría convertido a magistrados suplentes en titulares, lo cual no solo es ilícito, sino entraña un obvio conflicto de intereses, deudas de favores y opacidad. Si esta CSJ, usualmente tan parsimoniosa, tenía planificado crear estas salas, debió comunicarlo al Congreso, no para tener aval, pero sí a fin de comenzar el procedimiento para designar nuevos magistrados, posiblemente a partir de las nóminas del previo proceso de postulación.

Quizá la CSJ busque argüir que se elija a los suplentes de los suplentes, pero la sola redundancia de la expresión causa un escozor que denota un procedimiento dudoso y amenazador para la propia institucionalidad. El artículo 218 constitucional dice, sobre la integración de la Corte de Apelaciones: “Se integra con el número de salas que determine la CSJ, la que también fijará su sede y jurisdicción”. Pero no le toca investir magistrados y ya en el actual Congreso se reclama tal limitación. Para más inri, fuentes del sector justicia aseguran que el plan completo del grupo dominante en la CSJ es crear hasta 17 nuevas salas con la vista puesta en acaparar potestades de cara a los ciclos que finalizan en el 2026 y esperando que la ciudadanía no reaccione, azorada por la delincuencia y la misma parsimonia judicial.