El caso por la muerte de Melisa Palacios continúa estancado, ahora por nuevas decisiones, entre estas, de la defensa de la acusada María Fernanda Bonilla, que volvió a frenar el avance del proceso.

La audiencia de etapa intermedia, en la que debía definirse si los acusados enfrentarán juicio, fue suspendida una vez más el pasado 12 de marzo del 2025.

El proceso ha tenido varios retrasos, cambios de delitos y la salida de algunos jueces. Ahora dio un nuevo giro porque la defensa decidió ya no seguir con el procedimiento de aceptación de cargos.

Esto también reabrió la discusión sobre la modificación en la acusación contra Bonilla, quien al inicio fue procesada por asesinato, pero ahora enfrenta cargos por homicidio en estado de emoción violenta.

Desde el 2021, cuando Palacios fue localizada sin vida, el caso no ha logrado avanzar hacia una resolución.

¿Cuál es el estado actual del caso?

El proceso se encuentra actualmente en la etapa intermedia, una fase clave en la que se discute si el caso avanzará a juicio.

Durante esta etapa se analizan los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) y si el juez considera que no hay pruebas suficientes, el caso podría ser archivado. Si las pruebas son contundentes, se llevará a cabo el juicio.

Sin embargo, en la última audiencia, el proceso sufrió un nuevo contratiempo. La defensa de los acusados decidió retractarse del procedimiento de aceptación de cargos, lo que llevó a la suspensión de la audiencia.

Esta acción, junto con la recusación presentada contra el juez de Chiquimula, Juan José Regalado, retrasó aún más el avance del caso.

Se espera que próximamente se reanude y se resuelva primero la situación del juez, y continúe la audiencia donde se determinará si el caso sigue adelante con la calificación de los cargos.

Acusada se retracta

El 14 de noviembre del 2024, Bonilla solicitó acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, reconociendo su responsabilidad por el delito de homicidio en estado de emoción violenta.

Esta solicitud fue presentada como una estrategia de defensa, la cual tiene el objetivo agilizar el cierre del proceso y obtener una posible reducción de la pena, dado que este delito tiene una sanción menos severa que el asesinato.

El cambio de delito ha generado controversia, ya que inicialmente Bonilla fue procesada por asesinato, un delito más grave, con penas que van de 25 a 50 años de prisión.

En contraste, el homicidio cometido en estado de emoción violenta se castiga con una pena de prisión de 2 a 8 años, según el Código Penal, lo que podría representar una diferencia significativa en la posible condena.

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El abogado del Instituto de la Víctima, Juan Carlos Aquil, explicó que, debido a que la acusada desistió del procedimiento, el juez Juan José Regalado, que había estado manejando el caso, no debería continuar conociéndolo, ya que el proceso de aceptación de cargos implica un acuerdo que, según la legislación vigente, impide que el mismo juez continúe a cargo.

Ante esto, el Instituto de la Víctima considera que para garantizar la imparcialidad lo más adecuado sería que otro juez asumiera el caso.

“Un juez que ya sabe que una persona iba a aceptar cargos ya tiene en su mente esa idea de que aceptaría los hechos; por lo tanto, se ve comprometida su imparcialidad”, afirmó.

Ante la revocación de la aceptación de cargos, el juez decidió que no habría un efecto suspensivo, lo que significa que por el momento el caso podría seguir siendo conocido dentro del mismo tribunal en Chiquimula.

@institutodelavictima ⚖️ #CasoMelisaPalacios El #InstitutoDeLaVíctima acompaña a la familia de Melisa Palacios en la búsqueda de justicia. Reafirmamos nuestro compromiso por justicia: la acusada debe ser juzgada por asesinato, no por homicidio en estado de emoción violenta. Seguimos vigilantes. #TransparenciayServicio♬ sonido original – Instituto de la Víctima

Recusación al juez

Durante la última audiencia del 12 de marzo del 2025, el juez Regalado Rivas se enfrentó a una recusación presentada por el Instituto de la Víctima, que argumentó que había externado opiniones que comprometían su imparcialidad.

Regalado expresó en su defensa que no tenía “ningún interés” en el caso y que sus acciones no habían sido maliciosas. Subrayó que la demora no había sido culpa del tribunal, sino que el proceso había estado bloqueado por las partes implicadas.

Indicó que el MP nunca apeló la reforma al auto de procesamiento -cambio de delito-, de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, el cual se había modificado anteriormente en un Juzgado en Zacapa, desde donde se transfirió el caso a Chiquimula.

El juzgador expresó que las calificaciones de su papel y afirmaciones de la Fiscalía, según él, no eran correctas.

La recusación en su contra fue resuelta 20 días después por los magistrados de una Sala de la Corte de Apelaciones, quienes la declararon sin lugar, permitiendo que Regalado continúe conociendo el caso, lo cual se conoció el recién pasado 2 de abril del 2025.

Amenaza de grupo armado y declaraciones de Bonilla

Durante la misma audiencia, un grupo armado provocó tensión con manifestantes que pedían justicia fuera del juzgado, lo que provocó aún más presión en un proceso ya retardado.

La Policía Nacional Civil (PNC) tuvo que intervenir para evitar una trifulca, pues no es la primera vez que sucede.

Mientras tanto, María Fernanda Bonilla, la acusada, dio declaraciones que ocasionaron mayor atención mediática al caso.

Ante los periodistas presentes, Bonilla declaró: “No sé cuál es el temor de que yo, en su momento, pueda obtener la libertad si ellos —la familia de Melissa— están conscientes de que mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta”.

Traslado a un Juzgado de Mayor Riesgo

En paralelo, el abogado del Instituto de la Víctima explicó que, desde el 2024, se había solicitado que el caso fuera trasladado a una instancia de Mayor Riesgo en la capital, citando los peligros procesales derivados de la situación.

Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que argumentó que la calificación jurídica del delito no justificaba un traslado.

A pesar de esta negativa, el abogado manifestó que en la fase intermedia esperan presentar nuevos argumentos que sustenten la necesidad del traslado, alegando que la acusación por homicidio en estado de emoción violenta podría ser incorrecta.

Además, explicó que a lo largo de este proceso, tanto el Instituto de la Víctima como el MP han insistido en que el caso requiere una revisión más exhaustiva debido a los cambios y tensiones que lo han rodeado entre las partes.

La cuestión del traslado a un Tribunal de Mayor Riesgo sigue en curso, y ahora están a la espera de una nueva audiencia ante la CSJ para presentar sus argumentos, aunque aún sin una fecha determinada.

Cronología

2021

• 4 de julio: Desaparición de Melisa Palacios; se activa alerta Isabel-Claudina.
• 5 de julio: Cuerpo de Melisa encontrado en aldea Las Palmas, Zacapa.
• 6 de julio: MP encuentra primer indicio: mensaje de texto antes de su desaparición.

• 7 de julio: Sepelio de Melisa en San Jorge, Zacapa; familiares exigen justicia.
• 25 de agosto: Captura de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín (su guardaespaldas) en San Lucas, Sacatepéquez.
• 9 de septiembre: Juez José Maximino Morales González liga a proceso a los acusados por asesinato.
• 8 de diciembre: Morales González cambia los cargos a Bonilla por homicidio en estado de emoción violenta y a Marroquín por encubrimiento.

2022

• 13 de enero: José Maximino Morales González se excusa de seguir el caso tras presiones mediáticas.
• 25 de enero: Bonilla tiene acceso a teléfono móvil en la cárcel.
• 31 de enero: Sandra Patricia Mejía Esquivel se excusa y eleva el caso a la Sala Regional Mixta de Zacapa.
• 23 de agosto: Bonilla se excusa por segunda vez a una audiencia por uso de móvil en prisión.

2023

• 5 de julio: Se cumplen dos años del asesinato.
• 8 de septiembre: CC ampara al juez José Maximino Morales González, pidiendo nueva deliberación sobre su inmunidad.

2024

• 14 de noviembre: Cámara Penal de la CSJ rechaza traslado del caso a un juzgado de mayor riesgo.

2025

• 12 de marzo: Audiencia suspendida tras recusación; Bonilla se retracta de aceptación de cargos.
• 2 de abril: Sala Mixta de Apelaciones rechaza recusación contra juez Juan José Regalado Rivas.
• 3 de abril: CSJ resuelve que Cámara Penal debe evaluar si el caso se eleva a un Tribunal de Mayor Riesgo. Está pendiente una citación para que el MP y el Instituto de la Víctima argumenten la petición.

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Con información de los periodistas Mayra Sosa, Julio Román, Edwin Pitán, y Rubén Lacán.