Los secretarios generales de la Presidencia de la República, Juan Guerrero; y del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, expusieron sus argumentos en el marco de la denuncia que presentó el Ejecutivo ante la Contraloría General de Cuentas por el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo solicitó que se hagan auditorías al MP, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finanzas, pues se habrían asignado Q461 mil 600 mensuales para el pago de un bufete en Estados Unidos que tendría a su cargo ciertas gestiones contra connacionales exiliados, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado.

Guerrero: “El bufete realizó una propuesta que fue avalada por la fiscal general”

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Guerrero señaló que es preocupante que Pineda haya dado declaraciones irresponsables ayer, tras conocerse la denuncia, pues consideró que él mismo desnuda los intereses, a finales de 2021, donde se coludió con autoridades del Ejecutivo a perseguir sistemáticamente a los guatemaltecos.

“Él mismo reconoce que lo hace porque fue colocado en una lista de actor corrupto y antidemocrático, conjuntamente con otros funcionarios, entonces, él mismo está reconociendo que prácticamente hace ese llamado al presidente de la república de aquel entonces para perseguir a quienes lucharon contra la corrupción y que desnudaron todos los actos de corrupción dentro del MP y demás entidades del Estado”, dijo.

El funcionario indicó que, al observar el cruce de oficios entre Pineda y las anteriores autoridades de Gobierno, solicitaron la auditoría a la Contraloría, pero será el trabajo de esta institución establecer si efectivamente se contrató el bufete, las funciones que ha desempeñado y el estado de los contratos.

“Tenemos claridad que el bufete realizó una propuesta que fue avalada por la fiscal general, Consuelo Porras, y que tiene por lo menos dos contratos activos con el Ejecutivo, firmados a finales de 2021 y en 2022”, compartió el secretario de Presidencia.

Asimismo, compartió que estas fechas coinciden con las visitas que realizaron Pineda y Porras a Casa Presidencial para reunirse con el expresidente Alejandro Giammattei.

Tal persecución a la que hace referencia el Ejecutivo iría enfocada contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval; y la exfiscal general y exjefa del MP, Thelma Aldana, quienes habrían hecho publicaciones en redes sociales.

Por aparte, compartió que se encontró otro acto anómalo, pues el entonces mandatario giró instrucciones a la Secretaría General de la Presidencia para que se iniciara persecución penal contra un periodista, el exfiscal Sandoval y otra ciudadana por publicaciones realizadas por redes sociales. Sin embargo, prefirió no brindar los nombres.

Pineda: “El espíritu del oficio no es perseguir a personas en específico”

Durante una entrevista en Emisoras Unidas, Pineda reiteró que la denuncia en su contra “no tiene sustento jurídico”, pues señaló que el oficio enviado a Giammattei es claro y específico en un único sentido que derivado de situaciones que sufría el MP como institución, y tomando en cuenta que es un ente que forma parte del Estado, en consecuencia, le solicita analizar hacer defensa del Estado guatemalteco.

“Todo lo mencionado en lectura de la denuncia, lo que solicita el secretario a la Contraloría, no es lo que corresponde. Lo que se visualiza es lo adjunto en el oficio, un sinnúmero de acciones desde gobiernos internacionales que atacaban a la institución en su momento, generando manifestaciones específicas sin sustento. En consecuencia, se pedía que se pudiera generar información al respecto”, dijo.

Agregó que no se pidió nada relacionado con la contratación del bufete como, según sus palabras, falsamente lo establece el secretario general de la Presidencia.

“El oficio no solicita ninguna contratación de ningún bufete, ninguna acción en específico, sino un análisis de los hechos que están sucediendo para determinar la forma en que se pueda realizar la defensa del Estado”, enfatizó.

Pineda también aseguró que desconoce si se contrató para los efectos en los que dice el secretario, aunque compartió que, de ser así, considera que el bufete ya se habría puesto en contacto con el MP para ese tema.

Esto porque, según compartió, hasta ahora se ha tenido cierta comunicación con ese despacho, pero para efectos de defensa por un arbitraje que se discute en EE. UU. y necesitaban información de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El entrevistado resaltó que está seguro que su persona no ha hecho uso del Estado para estas circunstancias en específico, sino que los hechos fueron sacados de contexto. Por ello, consideró que es importante que la Contraloría haga la auditoría respectiva para analizar todos estos documentos.