Guatemala se encuentra al borde del caos. La crisis política actual se debe, en pocas palabras, a la imposibilidad o la inoperancia de buscar soluciones solo jurídicas. Esto deriva de la cooptación de las principales instituciones jurídicas del país por gente incapaz, con mala fe, ciegos de los terribles alcances de usar la ley, en sí correcta, para fines de efectos catastróficos a largo plazo, los cuales aunque vistos con miopía parezcan ser grandes victorias. Las soluciones deben basarse en criterios políticos, mezclados con criterios jurídicos, aunque signifiquen el abandono temporal del legalismo contraproducente y desastroso para la gobernabilidad.

Solucionarlos implica pactos de gobernabilidad, admitiendo el fracaso de lo político y lo legal cuando se quieren aplicar puros. Si hay situaciones derivadas de un desborde no previsto, es obligación de quienes pueden aportar algo participar en forma activa, no contemplativa, pedir u ordenar la suspensión de acciones desbordadas, aunque el desbordamiento sea planificado o espontáneo. Esto último con el riesgo de infiltración de elementos cuya tarea es ayudar a crear ese caos. Tampoco se debe caer en la trampa de buscar la solución a todos los problemas multicentenarios, sino solo a los más recientes salidos de control.

Ya no tiene justificación buscar culpables sino ver hacia el presente y cercano futuro. Eliminar egos y aplicar las leyes, pero sin utilizarlas como pretexto para lograr una victoria condenada a ser pírrica, porque sus efectos serán mucho peores a la posibilidad de no obtenerla. Allí la sensatez, aunque esta obligue a renunciar o a no aplicar derechos —lo cual no es obligatorio. La esencia de la solución es aceptar ceder en algo, no equivalente a una capitulación sino a un pensamiento sereno, maduro. También abandonar la torpe idea de considerar derrota a una decisión para evitar un terrible caos político, ideológico, étnico o religioso.

Es preciso admitir culpabilidades. Giammattei, aceptarla como el mayor responsable. Su empecinamiento puede acabar con el país, donde ha perdido toda credibilidad a causa, para empezar, de su amnesia patológica para cumplir toda promesa desde antes de asumir. Comprar los poderes del Estado o ponerlos a su servicio para irrespetar el resultado electoral por temor a ser juzgado por corrupción, y demás, le impide ceder ante la exigencia, ahora de todo el país, para rogar a Consuelo Porras y compañía renunciar a sus puestos. La opción constitucional de usar la fuerza contra manifestaciones y bloqueos sin duda será aplicada a juicio de quienes sean enviados a disolverlas, porque es subjetiva.

Los 48 Cantones demostraron su fuerza, pero serán víctimas de su éxito porque insistieron en no ceder antes de la salida de Porras. Debieron suspender los bloqueos. Ahora ya no pueden porque se regó por todo el país la misma exigencia. El apoyo en esto de otros grupos mayas otorgó a los iniciadores responsabilidad de todos los actos de violencia, incluyendo los maleantes. Ayer circuló el video del intento de linchar a dos finqueros por varios desconocidos. Esto demuestra la imposibilidad de evitar hechos causantes del rechazo de la población en general. Los bloqueos afectan a todos. No entenderlo, es suicida.

Arévalo pudo responder de inmediato y por la misma vía a Giammattei, quien le había dado el poder de jefe de Estado. Perdió apoyo al no aprovechar el momento político para detener los bloqueos. La reunión tendrá dudoso efecto porque los nuevos grupos ya tienen orígenes muy diversos, y muchas son acciones de gente contratada por el gobierno, identificada y filmada. La autorización de la CC para usar la violencia policial “si es necesario”, significa multiplicidad de represión, aunque en la policía hay negativas de obedecer órdenes de esta clase. Es claro: en esta crisis no hay un solo ganador; solo un pueblo de perdedores.