El caso de Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que fue deportado “por error” desde EE. UU. a El Salvador, fue liberado y nuevamente detenido por las autoridades migratorias, no ha generado sino expectación y rechazo ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Recientemente, una jueza federal suspendió la deportación de Ábrego a Uganda, luego de que el salvadoreño fuera detenido nuevamente el pasado 25 de agosto en Baltimore, tras ser liberado de una cárcel de Tennessee.

Desde el 24 de agosto, los abogados de Ábrego habían adelantado que el gobierno de Trump pretendía deportarlo a Uganda.

La decisión de que el salvadoreño fuera deportado a ese país de África Central se debe a un reciente convenio que Washington firmó con dicho Estado para que recibiera a migrantes que el gobierno estadounidense considere “indeseables”.

Este acuerdo, según medios estadounidenses, también fue firmado con Honduras, que aceptó recibir migrantes deportados, aunque medios estadounidenses enfatizaron que el gobierno de Xiomara Castro aceptará un número “relativamente pequeño” de personas.

El 20 de agosto, según el medio CBS News, el gobierno de Trump buscaba acuerdos con países como España y Ecuador para que recibieran a migrantes.

Actualmente, además de Uganda, El Salvador, Sudán y Estuani han aceptado recibir a personas deportadas desde EE. UU.

Tras la decisión de Estados Unidos, los abogados de Ábrego y varios congresistas estadounidenses expresaron su descontento con el proceso en su contra, ya que afirman que no ha sido “justo”.

“Seamos claros: deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda no tiene sentido; no es su país de origen. Nada en este proceso ha sido justo. El ICE lo está atacando con crueldad. Esto es un arma del gobierno, no de la justicia”, dijo la congresista y representante por Texas, Jasmine Crockett.

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