Hugo Daniel Lemus Herrera, exrepresentante legal y gerente financiero regional de Datasys S. A., señalado en el caso TREP, obtuvo arresto domiciliario en Costa Rica con monitoreo electrónico, mientras se resuelve su proceso de extradición hacia Guatemala, informaron este jueves 11 de septiembre el Ministerio Público (MP).

El MP confirmó que la solicitud formal de extradición fue planteada a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, y que, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades costarricenses, el trámite sigue en curso.

El MP detalló que Lemus Herrera pidió sustituir la prisión provisional que le había sido impuesta tras su captura. Un órgano jurisdiccional costarricense accedió a la solicitud, otorgándole arresto domiciliario con monitoreo permanente mediante brazalete electrónico. Sin embargo, la resolución definitiva sobre su extradición aún está pendiente.

Lemus Herrera fue capturado el pasado 5 de agosto por agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, en coordinación con la Oficina de Interpol Guatemala. La detención se efectuó en las cercanías de Sabana Oeste, en San José, capital costarricense.

Las autoridades confirmaron que, tras la orden de captura internacional emitida en junio del 2025, comenzaron operativos conjuntos para su localización. Luego de su captura, Lemus fue trasladado a las celdas del Primer Circuito Judicial, donde quedó a disposición del Tribunal Penal de San José para iniciar el proceso de extradición.

El ciudadano guatemalteco, de 41 años, es requerido por la justicia por los delitos de legitimación de capitales, malversación de fondos y fraude en la administración pública, en el marco de los señalamientos del caso TREP, investigación dirigida por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del MP.

¿Qué es el caso TREP?

El caso TREP se refiere alproceso de adjudicación del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las elecciones generales del 2023.

El Ministerio Público sostiene que el TSE adjudicó de forma anómala el contrato para el sistema a Datasys S. A. por un monto de Q148 millones, a pesar de existir una oferta más baja. Según el MP, esa adjudicación supuso un perjuicio económico de más de Q34 millones para el Estado.

Entre los principales hallazgos de la investigación se encuentran:

• El uso de un proveedor externo para actividades exclusivas del TSE, como la supervisión, el sumatorio y la transmisión de los resultados, lo cual podría constituir una violación de las funciones constitucionales del órgano electoral.
• Señalamientos por lavado de dinero, estafa y malversación de fondos, tanto contra funcionarios de Datasys como del TSE.
• Solicitudes de antejuicio presentadas contra varios magistrados titulares y suplentes del TSE, implicados en las decisiones contractuales.
• Allanamientos y decomiso de evidencias realizados en bodegas del TSE y oficinas de Datasys, como parte de la recolección de pruebas.

El Ministerio Público ha indicado que esta investigación continúa en desarrollo, y que se mantiene la coordinación con autoridades extranjeras para garantizar el retorno de los implicados al país y la persecución penal de los delitos atribuidos.

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