Hay un concepto muy conocido entre politólogos y juristas, el de “Estado moderno”, que, quizás, no tenga para quienes no hayan estudiado la Teoría del Estado el mismo significado. El Estado moderno es una visión del Estado que reúne una serie de características a las que se arribó después de una larga evolución. Arrancó desde la Edad Media y, a golpes y rempujones, culminó hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX. Por supuesto, desde aquel entonces sus elementos definitorios se han seguido perfilando, si bien algunos estiman que desde hace unas tres o cuatro décadas ha ido surgiendo el Estado posmoderno.

El Estado moderno, o su modelo básico, ha acompañado el desarrollo económico, cultural y político más notable de la Civilización Humana. En ningún otro período de la historia de la Humanidad ha habido un aumento comparable del bienestar generalizado de la población, nunca habían florecido tanto las ciencias y las letras y otras disciplinas del saber humano, y la velocidad a la que la tecnología contemporánea rebasa una y otra meta que apenas unos años atrás se consideraba lejana es motivo de comentario y análisis incesantemente. Hoy en día, por ejemplo, casi no hay congreso en el que no se examine el impacto para la profesión, actividad empresarial o industria de la inteligencia artificial.

Creo que esto no se ha comprendido a profundidad por las élites de Guatemala. No digo que ignoren que esos dos siglos y fracción hayan sido los de mayor desarrollo económico en la historia de la Humanidad, sino que no son conscientes de hasta qué punto esto ha sido gracias a la peculiar configuración del Estado moderno. Libros como Why Nations Fail (Daron Acemoglu y James Robinson), The West and the Rest (Niall Ferguson), The Wealth and Poverty of Nations (David Landes) o The Evolution of Civilizations (Carroll Quigley) tratan de explicar cómo los elementos medulares del Estado moderno (o su ausencia) inciden en el éxito o fracaso en ciertas épocas de ciertos países.

Las circunstancias de que los ciudadanos elijan a sus representantes y participen indirectamente en su gobierno, de que unas leyes no discriminatorias y generales se apliquen en caso de disputa por jueces independientes, de que el gobierno actúe sujeto a la ley y tenga el efectivo monopolio de la coerción y de que se reconozcan y garanticen por todos los poderes públicos unas libertades fundamentales, para no citar sino las más básicas, determinan que una sociedad florezca o que sea decadente.

Creo que lo que ocurre en Guatemala es que, principalmente por esa falta de comprensión a profundidad de todo esto por parte de las élites del país, se ha conformado una caricatura de Estado moderno, en el sentido de que, en una dimensión meramente “nominal”, se declara que existen esos elementos, pero, en la realidad, son otra cosa.

Ahora bien, como Acemoglu y Robinson ponen de relieve en su obra, esto no es una “condena de muerte”. Algunos países han conseguido remontar situaciones parecidas y conseguir el consecuente desarrollo económico, cultural y social. No es fácil. Uno de los principales obstáculos es que una parte de los grupos que se benefician de la mera apariencia de un Estado moderno son también quienes tienen las llaves de una reforma en la dirección correcta. Pero, la historia nos da algunas muestras de esos momentos en que las élites de un país son capaces de mirar hacia el futuro y renunciar a ciertos beneficios de corto plazo por otros mucho mayores en el largo plazo.