STEG, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, confirmó el cese de las medidas de hecho como cumplimiento al amparo provisional emitido por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.

La resolución, de carácter judicial, obliga exclusivamente al Comité Ejecutivo Nacional de la organización a suspender acciones como bloqueos y ocupaciones.

Aunque la medida pone fin al carácter institucional de las protestas, el sindicato subrayó que los derechos individuales de manifestación y asociación de cada docente se mantienen intactos, lo que podría dar lugar a futuras acciones a título personal o colectivo fuera del marco de la dirigencia nacional.

Vea el comunicado completo a continuación:

Campamento del STEG permanece frente al Palacio Nacional

A pesar de la orden judicial, el campamento instalado por el STEG en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, continúa vigente.

Este fue establecido el 26 de mayo como parte de una asamblea permanente, derivada de un paro nacional convocado por el magisterio.

El asentamiento temporal, compuesto por estructuras improvisadas, ha funcionado como un punto central de organización y visibilidad para el movimiento, que reclama el cumplimiento de acuerdos laborales y mejores condiciones para el gremio docente.

Bloqueos en puntos estratégicos del país

Durante el desarrollo de las protestas, el STEG y sectores aliados del área de salud realizaron múltiples bloqueos a nivel nacional, interrumpiendo el paso vehicular en al menos 24 puntos estratégicos del país.

Entre las áreas más afectadas estuvieron la calzada Roosevelt, Petén, Izabal, Huehuetenango y Cuatro Caminos.

Las acciones generaron congestionamientos, afectación económica y presión social hacia el Gobierno. La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó seis amparos en respuesta a estas medidas, uno de los cuales resultó determinante para limitar la capacidad operativa del comité ejecutivo del sindicato.

Intervención policial bajo orden constitucional

Luego de casi dos meses sin intervenciones de fuerza, el Gobierno de Bernardo Arévalo desplegó unidades antimotines para liberar rutas bloqueadas, en cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó garantizar el derecho de libre locomoción de los ciudadanos.

La decisión marcó un giro en la estrategia gubernamental, que hasta entonces había evitado la confrontación directa con los manifestantes.

El uso controlado de la fuerza permitió restablecer la circulación en puntos clave, sin registrarse enfrentamientos de gravedad.

A pesar del retiro de medidas formales por parte del STEG, el conflicto entre el magisterio organizado y las autoridades aún no ha sido resuelto.

La permanencia del campamento y la posibilidad de acciones individuales o sectoriales mantienen latente la tensión en el panorama educativo y político del país.

La continuidad del diálogo será determinante para evitar un nuevo ciclo de protestas o la radicalización de otros movimientos sociales, mientras el Gobierno busca mantener el equilibrio entre el respeto al derecho de manifestación y el orden público.

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