Hace seis meses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre barreras al comercio exterior. El documento identificó una serie de obstáculos a la inversión en múltiples socios, entre estos, Guatemala, en el que señala una serie de barreras no arancelarias relacionadas con las licitaciones públicas, regulaciones técnicas, fitosanitarias, aduaneras, de propiedad intelectual, y otros procesos burocráticos que obstaculizan la inversión estadounidense en el país.

El informe fue uno de los argumentos del presidente Donald Trump para imponer barreras arancelarias del 10% a Guatemala, lo cual ha presionado al país al gobierno a apresurarse para enmendar este rezago.

Las fallas comienzan desde trámites largos en la importación, barreras en el comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, inversión, derechos laborales y otras que fueron identificadas por el USTR. En respuesta, la ministra de Economía, Gabriela García, reconoció estas barreras “no arancelarias” y ofreció avances en el corto plazo.

Las tres carteras identificadas con alta prioridad para corregir estas barreras técnicas, con trámites largos y engorrosos, fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Ambiente (MARN). Sin embargo, el rezago alcanza también al Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin excluir a casi todo el Ejecutivo, municipalidades y demás instituciones del Estado que atraviesan la misma problemática.

Ana Isabel Antillón, líder de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, resume la situación con este ejemplo: “En el MSPAS te piden completar un formulario en Google, pero tienes que convertirlo a PDF, lo imprimes y luego se entrega en ventanilla, ¿de qué sirve la tecnología entonces?”, cuestiona.

Sigfrido Lee, analista del Cien, subraya la importancia de medir los procesos para saber si se avanza y evitar acciones aisladas que no cambian el resultado total. Destaca la digitalización como una herramienta crucial para transparentar, agilizar y hacer accesibles los procesos, eliminando excusas para la informalidad. “La digitalización debe ir acompañada de una transformación”, aclara.

La queja del principal socio comercial del país ha puesto sobre la mesa la importancia de una discusión postergada en un eje básico de la transformación digital: trámites que no se simplifican. Analistas, funcionarios de gobierno y sector privado, exponen sus puntos de vista y plantean soluciones para una problemática difícil de cuantificar en tiempos y costos, pero con el objetivo común de concretar una meta trazada hace más de una década: una Nación 100% digital.

Trámites, un eslabón básico

De acuerdo con el documento “El fin del trámite eterno”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, el trámite es la unidad más pequeña de la política pública. Desde obtener una partida de nacimiento, registrar una propiedad o abrir un negocio, es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con su gobierno. La agilidad de los mismos tiene un impacto positivo en el clima de negocios, la percepción ciudadana y el acceso a servicios de primera necesidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de dolor de cabeza.

Un ejemplo de esta situación es el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS. Una de las direcciones – con el mismo nombre – tiene a su cargo tres departamentos relacionados: control de alimentos, productos farmacéuticos y afines; y control de establecimientos de salud.

Estos departamentos se vinculan con la industria exportadora para otorgar una serie de permisos relacionados con alimentos, medicamentos y cosmética, higiene personal o de casa.

Este es el detalle:

Trámites clave de alimentos e importaciones

• Registro Sanitario de Alimentos y renovación de registro
  • Tiempo anterior:
    • Nuevo: 1 mes
    • Renovación: 1 mes
    • Alto riesgo (pasa por LNS): 4 meses
      
  • Tiempo actual:
    • Nuevo: 3 semanas
    • Renovación: 1 mes
    • Alto riesgo (pasa por LNS): 2 a 3 meses
• Certificación Sanitaria de Importación (importante para exportadores por la importación de materia prima)
  • Tiempo anterior:
    • Apostillado: 3 semanas
    • Sin apostilla: 1 semana
    • De un día a otro
  • Tiempo actual:
    • Apostillado: 1 mes
    • Sin apostilla: 1 semana

Certificado de Libre Venta

• Tiempo anterior: 1 día
• Tiempo actual: 1 día

Trámites clave de medicamentos y productos afines

• Registro Sanitario de Medicamentos
  • Tiempo anterior:
    • Registro nuevo: 10 meses
    • Modificación de registro: 6 meses
  • Tiempo actual:
    • Registro nuevo: 14 a 24 meses
    • Modificación de registro: 10 meses
• Renovación de Registro Sanitario
  • Tiempo anterior: Renovación de registro: 8 meses
  • Tiempo actual: Renovación de registro: 12 meses
• Registro sanitario de producto afín
  • Tiempo anterior: Registro nuevo: 1 a 3 meses
  • Tiempo actual: Registro nuevo: 7 a 9 meses
• Renovación de registro sanitario
  • Tiempo anterior: 1 mes
  • Tiempo actual: 5 a 7 meses
• Certificado de libre venta de medicamentos / productos afines / plaguicidas
  • Tiempo anterior: 10 días
  • Tiempo actual: 15 días
• Inspección de buenas prácticas de manufacturas de medicamentos
  • Tiempo anterior: 4 meses
  • Tiempo actual: 5 meses
• Inspección de buenas prácticas de manufacturas laboratorios afines, naturales, oficinales y fábricas
  • Tiempo anterior: 2 meses
  • Tiempo actual: 4 meses

El departamento de prensa respondió que estos tres departamentos evalúan alrededor de 300 mil solicitudes anuales, entre aprobadas y rechazadas. En cuanto a la digitalización, en agosto se implementó el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT), además de próximos lanzamientos en octubre y noviembre para avanzar en la transición de trámites físicos a digitales.

Reconocen que los trámites más críticos para el sector privado son las licencias sanitarias, los registros sanitarios y los permisos de importación de productos regulados. “Actualmente se desarrollan nuevos sistemas informáticos, acompañados de capacitaciones y talleres con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia en la gestión”, indicó la oficina de prensa del MSPAS por escrito, aunque no se concretó la entrevista presencial.

El Comisionado de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), Edie Cux, señala que se ha avanzado, aunque admite que el MSPAS ha enfrentado retos en la implementación de la simplificación. Sin embargo, dicha comisión les ha brindado acompañamiento, y en octubre esperan liberar trámites relacionados con medicamentos y tarjetas de salud.

“En el Ejecutivo hemos pasado de 23 trámites simplificados a 840 en agosto de 2024, más 13 adicionales en los Ministerios de Gobernación y Salud; en total alrededor de 950 trámites en línea, algunos 100% digitales que cumplen los criterios del BID”, asegura Cux.

Ven falta de voluntad política

Otra situación que muestra el bajo desempeño es la inscripción de una sociedad. Fue el caso de un inversionista mexicano que solicitó registrar su nueva empresa a través del e-portal. Esta debía ser revisada por la SAT en tres días hábiles. Por un problema en la creación de la agencia virtual del representante legal, el trámite quedó inconcluso, atribuyendo la falla a un “colapso del sistema”.

Este y otros tropiezos siguientes demoraron la inscripción de la empresa hasta cuatro semanas, con costos adicionales para el inversionista, sin que existiera un canal institucional que explicara con claridad los motivos de cada demora, de acuerdo con una segunda fuente del sector privado que pide no ser citada.

Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, coordina cinco registros adscritos, siendo el Mercantil el que opera con mayor volumen. En el 2024, se inscribieron más de 380 mil operaciones. Y en el curso de este año, los cinco registros suman más de 500 mil inscripciones.

Asegura que ya están interconectados con entidades como la SAT y el Renap, en donde el 95% de los trámites en los cinco registros ya están digitalizados. “Parte de las dificultades no es por falta de voluntad, sino una revisión normativa, además de recursos financieros para modernizar las plataformas y mejorar formas de pago, con soluciones tecnológicas en el corto plazo”.

Por su parte, Luis de la Roca, registrador mercantil, explica que los tiempos de tramitación promedio son de dos días para empresas y comerciantes individuales; y seis días para sociedades mercantiles.

“Este registro tiene el 100% de sus trámites digitalizados, puesto que cada vez más usuarios usan los servicios en línea”, indica. Están interconectados con la SAT y el RENAP. Para reducir tiempos y evitar rechazos se implementan una serie de acciones, como la digitalización, con hasta el 83% de sociedades inscritas en forma digital. Modernización, a través de la mejora continua de plataformas; simplificación de requisitos, como “eliminar fotocopias”, guías registrales, capacitaciones, implementación de inteligencia artificial para el 2026, que evitará rechazos de expedientes y un chat interactivo que mejore la eficiencia de los servicios.

Discusión postergada

De acuerdo con Antillón parte de las razones de este rezago se debe a una discusión que no se ha tenido por muchos años, donde el funcionario público debería ejercer una función más sustantiva, como el análisis de expedientes, en vez de limitarse a recibirlos y poner un sello.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”, expone. Además, parte de la problemática es que los trámites digitalizados funcionan en los ministerios como islas, sin comunicar información con el resto de instituciones. Esto hace que se pierda competitividad, para los ciudadanos y como país, comenta.

Para Lee, parte del problema es que se corrió con cumplir con la ley y digitalizar los formatos, pero no se corrigieron los procesos. “Esto lleva a automatizar los vicios de los procesos, en lugar de simplificarlos primero”, señala.

Considera que la falta de transparencia en la publicación de los tiempos de los trámites por parte de cada ministerio contribuye a una percepción negativa, a pesar de que pueden darse mejoras parciales. Así, un empresario puede tardar entre seis y 18 meses en iniciar operaciones porque, aunque tenga permisos de algunas instituciones como la SAT o el Registro Mercantil, le faltan los del Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente.

Cita el caso de un migrante en Los Ángeles que no puede comprar una casa en Guatemala sin viajar al país, a pesar de que la firma electrónica podría facilitar este proceso. Enfatiza que el problema no es la digitalización, sino los procesos. “El país falla en que, a pesar de tener trámites digitales, aún se requiere la presencia física en ventanillas”, subraya Lee.

Cacif: “Hay impacto económico”

Para el presidente del Cacif, Charles Bland, los avances en la simplificación de trámites en Guatemala han sido pocos, a pesar de la insistencia. De esa cuenta, la lentitud en los procesos, trámites y resoluciones tiene una serie de impactos económicos, como que las empresas pequeñas deben dedicar una parte importante de sus recursos a personal para gestionar, lo que les resta competitividad y posibilidades de desarrollo.

“Aunque no hay indicadores específicos de las pérdidas económicas, la tramitología encarece los productos para el consumidor final”, asegura Bland.

En el afán de proponer mejoras, comenta que Cacif ha tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, de Salud y otros para apoyar la digitalización y facilitación de trámites, buscando que los requisitos sean mínimos, fáciles de cumplir y con tiempos claros.

“La razón de la persistencia de muchos trámites, incluso digitalizados, se atribuye a una cultura burocrática donde se le da más importancia al proceso que al resultado. Por eso se busca un balance de trámites mínimo necesario, lo que aumentaría la competitividad del país”, asegura.

A lo que Lee añade que la competitividad en general – aranceles, infraestructura, trámites – facilita incursionar en nuevos mercados.

Un nuevo modelo de gobernanza

Para Antillón debe darse una actividad interconectada, interoperabilidad, en donde la entidad coordinadora -GAE- tenga un rol vinculante con estándares, indicadores de desempeño y otros.

El Comisionado de la GAE es consciente de este necesidad y añade que para que los trámites sean efectivos una vez simplificados y digitalizados, dicha Comisión promueve estándares como la trazabilidad de la información, ciberseguridad, interoperabilidad, pasarelas de pago, resultados electrónicos y el uso de firma electrónica avanzada.

Para abordarlo, anuncia la firma de un apoyo para el gobierno de Guatemala para fortalecer la gobernanza electrónica con la Unión Europea, e implementada con Estonia, por un monto de 2 millones de euros no reembolsables.

Consciente de esta limitación, propone tres soluciones para los próximos meses enfocadas en: propiciar la conversación sobre protección y gobernanza de datos; seguimiento a entidades clave como Salud, Agricultura y Ambiente, para mejorar los controles de calidad y por último, actualizar el Acuerdo Gubernativo de la GAE para fortalecer la coordinación y rectoría.

Charles Bland considera que para avanzar, se necesita la voluntad de los ministros y la presión del presidente para que la digitalización y la facilitación de trámites sean una prioridad, ya que la falta de agilidad en los registros afecta la economía. “La colaboración del sector privado está disponible, pero la presión debe venir desde el gobierno”.

Con información de Ximena Santiago.

Línea temporal de la GAE

• Los primeros esfuerzos por la rendición de cuentas y digitalización del país comenzaron en el 2012, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). La instancia perdió fuerza y con la crisis política se debilitó. Posteriormente fue desactivada. En el 2016, el gobierno de Jimmy Morales crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que sustituyó a la Copret con el fin de promover de nuevo el gobierno digital.
• Uno de sus cuatro ejes de trabajo es la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, amparado en el Decreto 5-2021, concebido para modernizar la gestión administrativa del Estado.
• Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la GAE, indica que esta ley establece un seguimiento general para dicho ente, excepto los relacionado con el comercio exterior, que es competencia del Ministerio de Economía.
• La GAE tiene un presupuesto ordinario de Q14 millones en 2025. Parte de sus limitaciones es que no tiene un rol vinculante, sino de asesor en el Ejecutivo. “La ley otorga facultades, pero no una rectoría con capacidad de control, regulación y sanción; apostamos por la gobernanza para fortalecer sus capacidades y vinculación política con las autoridades, lo cual es clave para avanzar”, asegura Cux.

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