El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font, hizo la propuesta durante la inauguración del XX Congreso Industrial efectuado este viernes 26 de septiembre.

Se trata de una mesa de seguimiento a posibles inversiones nacionales y extranjeras, para que avance con fluidez la inversión en Guatemala, así como la generación de empleos formales, explicó luego Font en declaraciones.

La propuesta es que se tenga una discusión, tanto el sector público como el privado, a nivel del Organismo Ejecutivo y con distintos ministerios, acerca de solventar obstáculos que han surgido en diferentes tipos de inversiones y trabajar de forma conjunta para facilitar que se concreten, lo cual ayudará a la generación de empleo y a la industrialización, añadió el directivo.

Agregó que se hizo la propuesta pública al presidente en este congreso y que su instalación dependerá de cuándo disponga el Gobierno, pero espera que sea una respuesta positiva.

La intención es que sea una mesa con enfoque de inversión y que se tenga una reunión mensual para trazar metas en conjunto, y él hace el avalando de qué manera se desarrolla.

Según Font, a esta mesa se llevarían casos de distintas empresas que han tenido dificultades para encontrar un entorno favorable para realizar inversiones, como temas de tramitología o de permisología, donde han tenido dificultades en aspectos de tiempos o falta de resolución, para contar con la claridad y certeza jurídica que necesitan para poder realizar las inversiones.

El presidente del sector industrial mencionó como ejemplo que conocen los casos de alrededor de seis empresas, algunas internacionales y otras locales, y de los cuales se busca exponer ante el mandatario las dificultades que han tenido en diferentes instancias del Gobierno, para que en forma conjunta definamos una ruta a seguir con cada una de esas inversiones y de qué manera se puede ser propositivos para que se dé ese ambiente de confianza y que marque tiempos para ir solucionando los distintos problemas que han tenido.

“La propuesta es que tengamos una mesa abierta de manera mensual donde definamos fechas y propósitos para ir liberando esas inversiones que necesita el país para generar empleo formal”, dijo Font.

Entre las dificultades de los diferentes proyectos, expuso la falta de reglamentación del Convenio 169 de la OIT para consultas comunitarias a comunidades indígenas, por lo que hay falta de certeza jurídica.

El otro tema importante es permisología o tramitología en distintos ministerios, que están entrampando o haciendo de forma muy poco ágil el dar visibilidad de si va a avanzar o no un expediente.

En el tema de infraestructura, estos temas de puertos, aeropuertos y de carreteras. Además, infraestructura de transmisión eléctrica.

Otro de los proyectos que presentarán en estas mesas de diálogo es el que tiene a cargo Convía, Alianza Público-Privada, para la autopista Escuintla–Puerto Quetzal, que hoy está en proceso de construcción, añadió. Según tienen conocimiento, está pendiente de resolver el tema de reubicación de alrededor de 400 postes de electricidad para poder construir la carretera, y el tener la claridad de las rutas de acceso a la vía alterna que debe tener esa carretera, la definición del retorno en el recinto portuario, que estaba previsto para el séptimo año, pero en este caso esperan que se pueda tener lo más pronto posible a la apertura de la carretera.

Consultado Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, acerca de la propuesta de CIG, indicó que es importante que se pueda conformar una mesa como la mencionada, pero, a su criterio, no solo debe involucrarse a la Presidencia de la República, sino a distintos actores, como el Congreso de la República y a los distintos órganos de control del Estado.

Bolaños habló también de un concepto, refiriéndose a la inversión pública, ya que refirió que existe una caja de Q40 mil millones, pero existe poca capacidad de ejecución, la cual se deriva de tres problemas.

• Uno es el miedo del funcionario público de involucrarse en este tipo de contratos, que puede llevarlo a multas multimillonarias con la Contraloría General de Cuentas o casos penales.
• La segunda tiene relación con la rigidez de las reglas de la gestión.
• La tercera es que, si se quiere que las cosas funcionen bien, se tiene que estar dispuestos, como guatemaltecos, a pagar más a los funcionarios públicos que van a tomar estas decisiones. Mencionó que el director de Covial o director de Caminos gana alrededor de Q25 mil, y está tomando decisiones multimillonarias, en lo cual no existe congruencia entre los montos que paga por los contratos y su responsabilidad, comparado con su pago y su posible multa.

Acerca de esa propuesta de ampliar la mesa integrando diputados al Congreso, Font explicó que por aparte hay procesos que se están trabajando directamente con el Organismo Legislativo, como reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, ya que actualmente el proyecto licitado y adjudicado tiene que regresar al Congreso y ser aprobado, por lo que ven necesario proponer que no todos tengan que ir a ese organismo, sino que se delimite cuáles.

Pide cooperación

En tanto, en su discurso, el presidente Arévalo reiteró el compromiso del Gobierno contra la corrupción.

Indicó que uno de los pilares para alcanzar el desarrollo es recuperar la institucionalidad del Estado, garantizando que los ministerios trabajen a favor de la ciudadanía y no de intereses corruptos.

Mencionó avances en la depuración del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, instituciones que, según dijo, han iniciado procesos para desarticular estructuras de corrupción.

El mandatario también hizo un llamado a la población a involucrarse activamente en esta lucha, especialmente en procesos clave como la elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el contralor general de Cuentas y la Junta Directiva del Tribunal Supremo Electoral.

Hoy se está en riego de perder los avances en seguridad y justicia porque dese 2017 el consenso nacional que había priorizado el fortalecimiento de la justicia ha colapsado y hay quienes desvían su funcionamiento hacia sus intereses individuales, dijo @BArevalodeLeonpic.twitter.com/Tf4HkFSjhk

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 26, 2025

Arévalo mencionó cifras positivas de la macroeconomía y las mejoras en la calificación de riesgo, pero indicó que hay muchos desafíos, refiriéndose a uno específico.

Indicó que, desde el 2010, la violencia y la inseguridad que nos han golpeado de forma tan trágica luego iniciaron un descenso gradual y constante, y después de llegar a niveles que aún hoy nos estremecen. En el 2024, la tasa de homicidios en Guatemala era apenas la mitad de la que era en el 2010.

Es algo difícil de creer por su gradualidad, pero fue un avance sumamente importante. Estos avances no dependieron únicamente de las decisiones que un gobierno tras otro iba tomando alrededor de las acciones de combate a la criminalidad. Fueron el resultado de un productivo trabajo entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, y de cambios importantes en la legislación relacionada con el sistema de justicia y el combate al crimen internacional, así como de una colaboración estrecha con nuestros vecinos y socios internacionales, que, interesados en su propia seguridad, han estado dispuestos a apoyar la seguridad de nuestro país.

Pero advirtió: “Hoy estamos en riesgo de perder esos avances, y no por decisiones de este gobierno. Sabemos que hay mucho espacio para mejorar y fortalecer nuestros esfuerzos para combatir la delincuencia, y las críticas y las propuestas son bienvenidas. Pero la verdadera razón por la que estamos en riesgo de perderlos es porque, desde el 2017, ese consenso nacional que había priorizado el fortalecimiento de la justicia ha colapsado, facilitando que ciertas mafias ocupen el aparato de justicia y desvíen su funcionamiento hacia la protección de sus propios intereses individuales.

“Este es un ejemplo concreto de los terribles efectos que la corrupción y la impunidad tienen en el día a día, en la tranquilidad de la gente y en sus posibilidades de desarrollo sostenible. Es absolutamente necesario. Es indispensable. Es irreversible. Que todos aquellos que tengamos algún interés en el futuro de Guatemala, un interés genuino en un futuro compartido e incluyente, concentremos nuestra mirada y nuestra energía para asegurar que los procesos de selección del nuevo fiscal general, de la nueva Corte de Constitucionalidad, del nuevo contralor general de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral se desarrollen con los estándares más altos de transparencia y de legitimidad”.

“Las guatemaltecas y los guatemaltecos podemos tener el país moderno, próspero, incluyente y de oportunidades para todos al que aspiramos. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar juntos en algunos asuntos indispensables. Este es uno de ellos. Trabajar por la certeza jurídica, por la recuperación de las instituciones de justicia, es la mejor contribución al desarrollo económico y social de nuestro país”, finalizó diciendo el mandatario.

Consultado el presidente de la CIG al respecto de ese llamado, expresó que es una petición a toda la ciudadanía en Guatemala, ya que el país va a enfrentar en un solo año varias elecciones, que no pasará de igual forma hasta dentro de 60 años otra vez.

“Es importante que, como ciudadanos, como empresarios, velemos porque esos procesos sean transparentes y que incitemos a que mucha gente participe en los procesos. Tal vez ahí viene un compromiso nuestro de poder incitar a distintos personajes que participen en esos procesos”.