Hace algún tiempo mencioné el estado de calamidad en el que Guatemala se encuentra, a pesar de algunas consideraciones bien intencionadas pero con una gran parte de inocencia y de ilusión. Ejemplos: avances económicos existentes, en algunos temas de beneficios reducidos a un porcentaje pequeño de la sociedad; posiciones de considerar implícita y emotivamente inconvenientes todas las acciones del Estado como ente social, no del Estado fallido donde se hunde el país a causa de la mala cepa de quienes llegan a puestos públicos por elección o nombramiento. El problema está en el aire, se respira, en general, pero hoy me referiré a lo político, en realidad politiquero porque no hay planes ni base ideológica alguna. Sólo individualidades.

Son partidos y políticos aparentes e ilusos, incautos, crédulos, irreales, pero causan calamidades: desgracia o infortunio para muchas personas en general incapaces o inútiles, pero sobre todo corruptos o con la idea de convertirse en eso debido a robos, empleos y negocios con parientes, amigotes y amiguitas. En esta calamidad no me refiero a un asunto legal, sino a una situación calificada por el Diccionario de la Lengua Española (DEL), el libro oficial de nuestro lenguaje oficial. Ante la necesidad de realizar cambios fundamentales en la ley electoral, el significado de estos pueden o no coincidir con los textos legales, aunque obviamente no pueden ser contradictorios.

Las elecciones del 2023 pueden ser analizadas desde el punto de vista de lo ocurrido. La Ley Electoral de 1983 facilitó la multiplicación de partidos, pensando en lograr así más representatividad de ciudadanos y de ideas políticas. Jamás se sospechó el resultado: la multiplicación de grupúsculos sin contenido, unipersonales. En esa época los partidos tenían ideología: el Revolucionario, la de la revuelta popular de 1944; el Movimiento de Liberación Nacional, ideas derivadas de la Guerra Fría; la Democracia Cristiana, con base en Europa donde se le veía de centro derecha, pero en Guatemala fue calificado de procomunista; la Unión del Centro Nacional, equidistante; el socialista democrático, de izquierda, y el Nacional Renovador, derechista. Ninguno sobrevive.

Comenzó la inflación partidista, al verse los beneficios económicos para gente sólo interesada en convertir a la política en una politiquería absurda por carecer de ideología. Muchos soñadores se convirtieron en financistas, obligados a recuperar la inversión vía negocios grises, oscuros o negros. Como un ejemplo, en el 2019 los candidatos presidenciales fueron Edmond Mulet, Zury Ríos, Mario Estrada, Benito Morán, Amílcar Rivera, Manuel Villacorta, Pablo Duarte, Sandra Torres, Guillermo Cabrera, Danilo Roca, Alejandro Giammattei, Luis Velásquez y Mauricio Radford. ¿A cuántos recuerda, lector? Su participación y la creación de pseudopartidos no implica democracia. Lejos de ello, asusta a los votantes y afianza el abstencionismo.

Estas realidades notorias y tangibles implican la necesidad de cambios fundamentales, tantas veces mencionada. La siguiente elección será un fiasco en sus consecuencias, como ha ocurrido sobre todo en las elecciones a partir del año 2000. A mayor cantidad de partidos y de candidatos ilusos, menos interés de los electores en participar, más complicación para el conteo, más posibilidades de impugnaciones malintencionadas, más malandros en el Congreso, ahora convertido en escuela de corrupción, y otras entidades. Asumir posiciones “apolíticas” es política, en realidad, y tiene consecuencias sociales negativas, aunque a causa de esa ilusión de espejismo desértico no se vea la relación, por la dosis de lamentable cobardía cívica implícita.