Funcionarios con ciertas aspiraciones electorales tienen hasta este miércoles 21 de octubre para renunciar

El calendario previo a los comicios de 2027 comienza a marcar la salida de funcionarios que buscan dar el salto a un puesto de elección popular.

Este miércoles 21 de octubre es el último día para que determinados empleados y autoridades del sector oficial se separen de sus cargos si pretenden competir por una alcaldía o una diputación al Congreso o al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Esto aplica también para los trabajadores del Ministerio Público (MP) que busquen tales escaños.

La fecha está contemplada en el Acuerdo 316-2026 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que establece los plazos y las restricciones aplicables a funcionarios y empleados públicos interesados en participar en los próximos comicios. El límite responde a las disposiciones que exigen la separación del cargo con tres meses de anticipación a la convocatoria electoral, prevista para el 22 de enero de 2027, en los casos que corresponda.

Sin embargo, la obligación no alcanza por igual a todos los miembros del aparato estatal. La restricción depende del puesto que desempeñan, del territorio en el que ejercen sus funciones y del cargo de elección popular al que aspiran.

GOBERNADORES EMPIEZAN A RENUNCIAR

Uno de los grupos alcanzados por el plazo que vence este miércoles 21 de octubre es el de los funcionarios y empleados públicos que pretendan competir por una alcaldía en el municipio donde trabajan. A excepción de los jefes ediles o miembros de corporaciones actuales que busquen la reelección, pues ellos no tendrían que renunciar, según aclaró el TSE.

Los empleados oficiales que busquen competir por diputaciones al Congreso y al Parlacen también tendrían que presentar su renuncia, pero los actuales legisladores que pretendan participar en busca de conservar su curul pueden seguir en sus funciones regulares.

Entre los funcionarios que tendrían que dejar su cargo figuran, por ejemplo, los gobernadores departamentales, en caso de que pretendan participar en las elecciones. De hecho, varios de ellos ya han presentado su dimisión y en sus respectivos territorios ya se les perfila como posibles candidatos.

Karoll Paredes, quien dejó la Gobernación Departamental de El Progreso el pasado 25 de septiembre, es una de las ahora exfuncionarias que ya participa en actividades político-partidarias, tras haberse unido al partido TODOS.

Luis Alberto Compá, quien fungió como gobernador de Chiquimula, también dimitió el 13 de octubre y, aunque aún no se define si competirá por una alcaldía o diputación, ha dejado entrever sus aspiraciones para el próximo proceso electoral.

En la misma situación estarían el ahora exgobernador de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, quien renunció al puesto el 17 de este mes, y Luis Fernando Cerna, quien estuvo al frente del departamento de Jalapa hasta hace cinco días.

Las Munis como reducto: los exalcaldes que buscan recuperar el poder y se alistan para el 2027

LA FECHA LÍMITE PARA CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Ahora bien, el 21 de octubre no es la única fecha establecida para la renuncia de funcionarios o empleados públicos que tengan aspiraciones electorales.

Los ministros de Estado que pretendan competir por la Presidencia o la Vicepresidencia tienen como límite para dejar el cargo el próximo 26 de diciembre, es decir, seis meses antes de la fecha prevista para la primera vuelta de votaciones.

La proximidad del plazo ocurre mientras distintos actores políticos comienzan a definir su participación y están en conversaciones sobre posibles candidaturas y alianzas.

Uno de los nombres mencionados en tales discusiones es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, a quien se menciona en la esfera política como el posible candidato del oficialismo; sin embargo, el funcionario ha manifestado que «ahora mismo» está enfocado en su trabajo en la cartera. Lo que no ha confirmado ni desmentido es si renunciará en diciembre.

AVANZA EL CALENDARIO ELECTORAL

Mientras el panorama en las filas del Gobierno se va aclarando, el calendario previo a los comicios sigue avanzando. La convocatoria oficial a las elecciones generales está prevista para el 22 de enero de 2027, mientras que la primera vuelta se celebrará el 27 de junio de ese año.

Antes de que comience formalmente la campaña, los funcionarios comprendidos en las prohibiciones legales deben resolver si continúan en la administración pública o se separan de sus puestos para buscar una candidatura. Para otros, como los alcaldes y diputados que buscan la reelección, la legislación contempla excepciones que les permiten continuar en sus cargos.