Por segundo año consecutivo, el diputado Nery Ramos del bloque Azul dirige al Organismo Legislativo. Uno de sus principales retos este 2025 es conseguir acuerdos con una legislatura fragmentada.

Las disputas políticas a lo interno de cada organización y bancada le han llevado a tener más complicaciones en la búsqueda de acuerdos, algo que se ha reflejado en que no se ha hecho la distribución de comisiones legislativas para este año.

En una entrevista con Prensa Libre, Ramos explica qué tan dividido se encuentra el Congreso en este segundo año de la décima legislatura y cuáles son sus planes de agenda legislativa.

¿Cómo calificaría la manera en que inició el período de sesiones este año?

Yo creo que no hay sorpresas en ese sentido, siempre el inicio de cada año es complejo porque se tienen que abordar la distribución de comisiones, que es lo que genera mucho más dificultades para llegar a los consensos o acuerdos.

La oposición y los “netcenter” que están bien articulados y aliados quisieron posicionar una narrativa de que había una crisis en el Congreso. De hecho, algunos netcenter así lo dejaron ver.

Sin embargo, yo quiero comentarles que a lo largo de este mes de trabajo hemos avanzado con tres iniciativas en primer debate, dos en segundo debate, y le dimos trámite a cinco iniciativas que fueron distribuidas a las comisiones de trabajo.

Ya aprobamos un decreto para garantizar la disponibilidad presupuestaria, sobre todo para el desarrollo de infraestructura rural y apoyo a determinados sectores sociales, como por ejemplo, las reformas a la ley de clases pasivas.

También las comisiones de trabajo de acuerdo con la ley siguen integradas y siguen dando resultados. Han emitido dictámenes para que continúe el trámite de formación de la ley.

Los diferentes bloques continúan realizando su trabajo de intermediación y la fiscalización, así que el Congreso se ha mantenido activo durante este tiempo.

¿Todavía se puede hablar de una alianza en el Congreso?

Yo creo que siempre se habló de una alianza, pero las alianzas en el Congreso son coyunturales, sobre los temas que estén sobre la mesa.

No estamos hablando de una alianza motivada por incentivos perversos, que está obligada y esclavizada a mantenerse precisamente en esa articulación de esfuerzos por una motivación perversa, sino aquí es muy coyuntural de acuerdo a los temas que se pongan en discusión.

Los señores diputados tienen el derecho de llegar a acuerdos o disentir sobre los mismos. Nadie los obliga, no hay ningún mecanismo para pensar en una alianza granítica como tal, sino como debe ser en la democracia parlamentaria, que todos tengan el derecho de analizar las propuestas y estar o no de acuerdo.

Naturalmente, no podemos negar que hay riñas muy fuertes entre los mismos partidos políticos y los bloques entre sí, y eso conlleva un esfuerzo mayor para poder llegar a los acuerdos o a los consensos correspondientes.

Ya no solo nos corresponde hablar con 16 bloques, sino tenemos que hablar a veces con 30 o 35; en algunos bloques en lo individual con cada uno de los diputados que lo conforman.

¿Cuál es su relación con los diputados electos por Movimiento Semilla?

Siempre he mantenido una relación muy cordial y amigable con los 159 diputados. De hecho, yo lo dije muchas veces, no podemos discriminar absolutamente a nadie, todos los diputados tienen el mismo derecho y deben tener las mismas condiciones para realizar sus propuestas, para discutir los temas y hemos sido muy respetuosos. Así que el trato es en las mismas condiciones para todos.

¿No hay mayor afinidad con un grupo o in diputado en particular entonces?

No. Por supuesto que no. Yo creo que eso lo pueden decir algunos diputados.

En política nunca se va a quedar bien con todos. Algunos han hecho sus requerimientos y que de acuerdo a su análisis o a sus intereses quieren forzar que se resuelva en determinado sentido sus asuntos.

Sobre todo, en cuanto a los conflictos partidarios que mantienen pero nosotros hemos sido respetuosos de los procesos primero y de las facultades que la ley nos otorga para poder conocer y resolver estos temas generalmente. Es muy natural que se molesten por ello, pero eso no significa que no vamos a seguir siendo respetuosos con ellos.

¿Cree que la Junta Directiva se confundió al cambiar el estatus de Movimiento Semilla en la página web, que les costó un proceso de antejuico?

No. En lo absoluto y lo enfatizo: la Comisión Permanente, y no la Junta Directiva, no se confundió en lo absoluto.

¿Por qué? Y ahí es donde nuevamente invito a los guatemaltecos a que se informen a través de medios de comunicación serios que respetan y buscan la verdad, no aquellos netcenter y aquellos voceros de las estructuras corruptas y criminales que quieren instalar una narrativa en las redes sociales.

Ya lo he dicho y ahora lo haré de nuevo. No nos confundimos porqué se convocó como debe ser a la Comisión Permanente; asistieron la mayoría, al menos para hacer quórum en esa sesión; entramos a conocer agenda legislativa y agenda administrativa.

Al avanzar en la agenda legislativa, en el punto tercero del acta, que como verán hay una agenda preestablecida que se conoce, no son temas que caprichosamente ponemos sobre la mesa, nos tocó conocer un memorial el presentado por el diputado Samuel Pérez.

Al analizar todo el contenido del memorial, resolvimos por unanimidad rechazar la restitución de derechos del partido Movimiento Semilla y sus diputados. Ahí está plasmado en el punto tercero, inciso a.

Seguimos conociendo los siguientes temas y está el punto b donde conocimos las cartas del TSE que nos indicaba el estatus del partido, que se encontraba plenamente vigente.

Fuimos, creo yo, muy cautos porque aun cuando la máxima autoridad electoral nos estaba diciendo que el partido se encontraba vigente, nosotros decidimos no restituir derechos, sino únicamente mandar a actualizar la base de datos en los términos que esas cartas se hicieron llegar al Congreso.

Actualizar la base de datos, lo repito una y mil veces, no es un mecanismo, no es un instrumento ni jurídico ni administrativo que restituya derechos. Al partido Movimiento Semillas y al bloque nunca se le restituyeron los derechos en el Congreso.

De esa cuenta, nunca se les ha nombrado como presidentes o integrantes de las comisiones, nunca se les asignaron asesores parlamentarios, tampoco se les reconoció jefaturas o subjefaturas de bloque, no se les asignó fondos rotativos, que son los derechos puntualmente que tienen los bloques debidamente acreditados en el Congreso.

Así que ha sido una narrativa absolutamente tendenciosa sin ningún sustento, sin ningún análisis de los netcenter y los voceros de las estructuras corruptas y criminales.

La diputada Evelyn Morataya dijo en la sesión del martes pasado que hay presiones del oficialismo y hasta del Ejecutivo en la distribución de comisiones. ¿Por qué al día de hoy no se tienen los acuerdos para distribuir las comisiones?

Como le mencionaba, siempre al iniciar cada año es complejo precisamente por la disputa de las diferentes comisiones por los diferentes bloques. La fragmentación de los mismos bloques complejiza más llegar a esos acuerdos.

Nos hemos sentado con la mayoría de bloques, pero aún había algunos temas pendientes. Nosotros como Junta Directiva hemos cumplido con agendarlo.

Usted ha observado, siempre lo hemos venido agendando con la expectativa y el esfuerzo en conjunto con los miembros de la directiva de encontrar los acuerdos con los diferentes bloques. No es una imposición de Junta Directiva.

Se tiene que validar a través del pleno y en ese sentido seguiremos haciendo los esfuerzos durante estos días para que ojalá la próxima semana ya se tengan los acuerdos y salgamos de esa distribución de comisiones, que es muy importante para seguir avanzando en la agenda legislativa.

¿Cuáles son las comisiones más solicitadas por las bancadas?

Naturalmente van a ser la comisión de Finanzas una de ellas; la Comisión de Economía; Comunicaciones, entre otras. LaComisión de Salud es otra de ellas que ha estado también en esa disyuntiva.

El día de ayer -martes- hubo una moción al respecto y di el tiempo suficiente para que esa moción, si contaba con los votos, pudiera ser aprobada. O sea, bajo ninguna circunstancia hubo una intervención ni del presidente ni del secretario para boicotear un proceso que debe ser abierto y democrático.

La diputada oficialista @LauraFMarroquin exige al secretario de la Junta Directiva del @CongresoGuate frenar la votación que buscaba aprobar la distribución de comisiones del Organismo Legislativo para el año 2025.@prensa_librepic.twitter.com/3w22hDP4Pu

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) February 12, 2025

En esa votación la diputada oficialista Laura Marroquín fue captada detrás del secretario y prácticamente le exige que cierre esa votación. ¿Cómo califica usted la actitud de la diputada al prácticamente llegar a intentar mandar al secretario para que frene la votación?

Siempre que están en discusión diferentes temas que generan posiciones contrarias los diputados crean mecanismo de presión de una u otra forma. Ustedes que siguen la fuente acá se han podido dar cuenta de presiones, gritan y de todo; por supuesto que no compartimos ese mecanismo de presiones.

Por esa razón cuando me percaté le indiqué al secretario que diera el tiempo necesario. Así se mantuvo hasta que la votación se paró, decidimos cerrar la votación.

Así que independientemente de las presiones, considero que no vamos a caer en ese tipo de presiones bajo ninguna circunstancia, respetaremos los procesos eh parlamentarios que la misma ley establece.

Ya usted lo dijo, se lleva bien con todos los diputados, pero en una reunión vimos un intercambio de argumentos con diputados de VOS que en ese momento estaban como independientes. ¿Cómo avanza la relación con esa bancada?

Yo, abierto siempre al diálogo con todos los diputados y todos los bloques. Aquí nada es personal, es el parlamento. Podrá haber posiciones encontradas, pero eso no nos hace enemigos en lo absoluto. Debemos respetar los puntos de vista, incluso los intereses, las luchas, las propuestas de cada uno de los diputados y en este caso respetar también los procesos.

Conocen una carta de Samuel Pérez, que fue rechazada; conocen una resolución constitucional sobre diputados de UNE que ya están como independientes, pero no dan lectura a una carta que busca separar del bloque VOS a la diputada Karina Paz. ¿A qué se debe ese retraso?

En este tipo de casos como Junta Directiva, otra vez, no es solo el presidente, somos nueve integrantes de directiva que analizamos no solo el contenido de una carta, analizamos un expediente completo donde hay apelaciones de por medio, donde hay un amparo provisional de la sala Tercera, según recuerdo.

Ese amparo nos apercibe a respetar y mantener incólume los derechos de los diputados del bloque. En ese sentido hemos sido muy respetuosos de acatar precisamente esas decisiones jurisdiccionales.

Ese amparo fue presentado por los diputados José Chic y Jairo Flores. ¿El amparo también incluye a la diputada Paz?

El amparo provisional es claro, “a los diputados del partido” y los diputados del partido en ese momento son cuatro, entonces responde a acatarlo.

Sin embargo, se le dio el trámite correspondiente para un dictamen jurídico y se estará conociendo en su momento.

¿Entonces el tema no se ha incluido por decisión de la mayoría de integrantes de la Junta Directiva o es unánime?

Ese punto ya se conoció en la agenda, se le dio el trámite que significó requerir a Asuntos Jurídicos un dictamen. En ese momento nos notifican un amparo que nos apercibe a que mantengamos los derechos de los diputados del bloque y en ese sentido hemos sido respetuosos.

¿Cuando se conoció en Junta Directiva fue unánime o por mayoría?

Lo que sucede es que nadie puede desobedecer una resolución, en ese sentido nadie emite postura alguna, más que el cumplimiento de lo resuelto.

Considerando que las resoluciones se deben cumplir, a finales del año pasado se conoce que un grupo de trabajadores ganó una demanda laboral por incrementos dejados de percibir desde el 2017. ¿Qué pasó con ese caso?

Esta demanda data del año 2017, dos o tres legislaturas atrás. 32 trabajadores demandaron al Congreso precisamente por un incremento del 10% anual sobre la totalidad del salario, ese fue el requerimiento, así como la devolución de lo que se les había descontado durante el año 2016.

Luego, siete años después, la Sala Quinta resuelve sin lugar la apelación que fue presentada por el Congreso y resolvió desafortunadamente que se les tenía que otorgar este incremento sobre el salario total.

Imagínese ustedes qué peligroso un fallo judicial de esta naturaleza que pone en enorme riesgo las finanzas del Estado. Fuimos notificados ahora mismo a finales del año 2024 y nos correspondió acatar lo resuelto por la por la Sala Quinta, se desembolsó Q1.4 millones.

Sin embargo, conscientes de que eso es muy peligroso para las finanzas del Congreso, junto a la Procuraduría General de la Nación presentamos una acción de amparo para restablecer el orden constitucional en este sentido y cambiar ese incremento no al renglón 011 como se determinó, sino al renglón 015 que es lo que correspondería en este caso.

De hecho, la Contraloría General de Cuentas en su momento había planteado un reparo precisamente sobre este tipo de incremento.

Fue una resolución que desafortunadamente va más allá incluso de los acuerdos del pacto colectivo de condiciones de trabajo, así que le vamos a estar dando el seguimiento correspondiente a la acción de amparo que presentamos.

Por supuesto que respeto los derechos laborales, pero también debo defender el interés del Estado y en este caso son las finanzas del pueblo de Guatemala.

Hablando justamente del tema de sueldos, varias fuentes confirman el aumento de sueldo de diputados. Entiendo que usted no ha estado en esas reuniones. ¿Qué información conoce como presidente?

Vea, mi postura fue muy clara desde el primer momento y así me he mantenido hasta el día de hoy. Mi expresión de rechazo fue el voto en contra desde que se presentó esa esa iniciativa o esa propuesta.

Mi postura ha sido clara en contra de este incremento salarial. Según lo resuelto también por la Corte de Constitucionalidad, el tema quedó en manos de la Junta Directiva. La Junta Directiva somos nueve integrantes.

En algunas sesiones de Junta Directiva yo no puedo estar precisamente por otros compromisos y a raíz de las publicaciones que se han realizado he pedido la información al director legislativo sobre este tema, si fue conocido en mi ausencia. Y si ese fuera el caso, mi rechazo seguirá en los mismos términos.

En algunas ocasiones la CC ha frenado al Congreso. ¿Cómo analiza las resoluciones de la CC en este poco más de un año como presidente del Congreso?

Pues podemos estar en desacuerdo de muchas de ellas, pero al final son resoluciones de un alto organismo de carácter constitucional y en ese sentido quienes vivimos y nos gusta vivir dentro del marco de legalidad nos corresponde obedecerlos o apelarlos en su momento.

Así que si no estamos de acuerdo, nos corresponde utilizar los mecanismos que la misma ley nos establece para oponernos a determinados fallos.

Un fallo reciente de la CC fue suspender fragmentos de la nueva Ley de la PNC. ¿Va a impugnar o apelar esto?

Es una ley noble, una ley que busca fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional Civil en tres aspectos fundamentalmente. La dignificación laboral, la dignificación económica y la certeza jurídica en el cumplimiento del deber.

Hacia ahí en ese marco está diseñada esa iniciativa que se construyó desde el año 2017, -cuando- hubo una participación masiva determinada de diferentes sectores, universidades, incluso aporte de otras policías hermanas de la región sobre sus buenas prácticas y se fortaleció con todos esos insumos.

Mi sorpresa fue que cuando llego como diputado a este Congreso la iniciativa no había avanzado, la retomamos y la actualizamos en los términos que la realidad nacional nos exige en este momento. La socializamos con los diferentes bloques, tuvo el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y la apoyaron los señores diputados.

Ahora vemos la suspensión de algunas frases y debo pronunciarme sobre eso. No son frases que riñan ni con la Constitución ni con nuestro ordenamiento jurídico en general, porque cuando abordamos el tema de la inteligencia policial, todas las policías casi en el mundo abordan el fenómeno de la criminalidad en los ámbitos de presencia policial, investigación criminal, inteligencia policial y prevención del delito.

No estamos inventando nada, ni estamos generando una competencia que riñe con la Constitución o con las leyes de nuestro país.

Otro de los temas fue la investigación. La función investigativa de la policía está plasmada en el decreto 11-97 y así está determinada en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 112. Así que tampoco riñe con nuestros procesos que actualmente están establecidos, por eso me ha sorprendido un poco la suspensión provisional.

Sin embargo, yo creo que atinadamente la Corte otorga un plazo de 15 días para que tanto el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civl, la PGN y el Congreso nos pronunciemos al respecto.

Yo creo que es válido hacer los aportes sobre los alcances de esas frases que reitero, no riñen en lo absoluto ni con la Constitución ni con las leyes del país.

¿Cuáles son los planes que tiene como presidente del Congreso y qué agenda legislativa busca impulsar este 2025?

Hemos priorizado varias iniciativas, entre ellas reformas a la Ley de Alianzas Para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Todos conocemos la realidad de nuestra infraestructura vial y continuar con los mismos mecanismos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones sencillamente nos estaría condenando a todos a transitar en esas carreteras que se convierten en un peligro para la vida de los guatemaltecos.

Además, reformas a la Ley de Cooperativas, esto para fortalecer la actividad económica de nuestro país. También leyes que protegen a los guatemaltecos, como la Ley para Prevenir el Abuso Sexual; la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Menores en el Sistema Penitenciario, de las que ya hemos venido avanzando.

También estamos construyendo una iniciativa de ley para el abordaje integral del fenómeno pandilleril en Guatemala. No podemos permitir seguir en las circunstancias que estamos en la actualidad, donde estas estructuras criminales desafortunadamente secuestran niños y niñas, violan a esos niños y niñas, las instrumentalizan para la comisión de delitos como extorsiones, distribución de drogas, asesinatos y luego cuando ya no las necesitan, sencillamente las desechan, asesinándolos, incluso llegando hasta el descuartizamiento.

Al hacer un análisis de la legislación vigente vemos que se es muy benevolente con las sanciones que debe imponérsele, pero el enfoque de esta iniciativa es mucho más integral, no solo endurecer las condenas en contra de estos seres detestables, sino abordar el fenómeno integralmente con una legislación mucho más compleja.