La seguridad ciudadana continúa como una de las principales demandas de la población, y en ese contexto, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) es una prioridad. Sin embargo, una reciente adjudicación millonaria para la compra de armamento ha generado preocupación.

La Contraloría General de Cuentas ha señalado posibles anomalías en el proceso de contratación, mientras que el Ministerio Público confirmó que ya inició una investigación. Además, se conoció que los propietarios de la empresa adjudicada son hermanos de la actual ministra de Cultura y Deportes, lo que plantea dudas sobre un posible conflicto de interés.

En el espacio de A Las 8:45, el diputado Portillo dio seguimiento al caso, y se analizó los elementos que rodean esta compra y los posibles impactos institucionales. El diputado refirió que esperaban que el Mingob suspendiera el evento sobre armas con las objeciones de la Contraloría, señaló.

El Ministerio de Gobernación en conferencia de prensa señaló que busca adquirir 10 mil armas de fuego y que las bases de licitación establecieron un modelo específico, lo que derivó en que el concurso fuera declarado de proveedor único.

Aunque tres empresas presentaron documentación, únicamente Mundo de las Armas ofertó el tipo de armamento actualmente en uso por la Policía Nacional Civil (PNC). Según Jiménez, esta estandarización fue definida desde 2015 y se mantiene como parte de la política institucional.

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Por Roxana de León