Raul Molina Mejía La señora Harris, Vicepresidenta de EE.UU., llega a Guatemala y su preocupación principal es “frenar” la migración centroamericana. Ante la presión de decenas de miles de migrantes centroamericanos, incluida niñez no acompañada, su gobierno busca soluciones inmediatas. No se atacarán las causas de fondo y dejará en Estados represivos y agencias federales de EE.UU. impedir el paso por Centroamérica y México. La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala ya ha propuesto a sucesivos gobiernos medidas como el TPS ante calamidades naturales, detener proyectos de ley antiinmigrantes y una reforma migratoria que sea humana y respetuosa de derechos humanos. La migración es el resultado de nuestro subdesarrollo y la necesidad de mano de obra en EE.UU. Nada se hace con relación a la pobreza y miseria en Centroamérica y ha quedado demostrado que el desarrollo de EE.UU. no puede prescindir de nuestros trabajadores, particularmente jóvenes. Esos valiosos recursos humanos escapan del Estado fallido, neocolonial y caótico que padecemos. Sólo el desarrollo puede desacelerar la migración; no el simple crecimiento económico del país, sino que desarrollo humano. Desde el fin de los conflictos armados en Centroamérica, alertamos a Washington que para la “paz firme y duradera” era esencial un “Plan Marshall”. EE.UU. se limitó a dar ayudas económicas, canalizadas invariablemente a través del Estado y la iniciativa privada. La ayuda para la paz, que fue abundante también de la Unión Europea y varios países, fue punto de partida para la corrupción. La corrupción ha sido ascendente espiral que, sembrada por las dictaduras militares, se ha profundizado y ampliado. Existió y creció después de la firma de la paz en los gobiernos sucesivos de Arzú, Portillo, Berger y Colom, y tuvo un verdadero salto al vacío con Pérez, Morales y Giammattei, hasta llegar a la situación actual, con saqueo constante de las arcas. La corrupción sirvió para que dos grupos se alternaran el privilegio de imponer gobiernos: uno, el sector privado dominante en CACIF, y, dos, los capitales emergentes, incluido el crimen organizado. La lucha contra la corrupción y la impunidad, conducida por CICIG, el sistema judicial y la ciudadanía, tuvo logros extraordinarios, como la expulsión de presidente y vicepresidenta en 2015, juicios a Ríos Montt y otros militares responsables de crímenes de lesa humanidad, y la captura de políticos y empresarios involucrados en el secuestro del sistema político. Ante estos avances, los dos grupos se aliaron y, con apoyo gringo, establecieron la “dictadura de la corrupción”, bajo Morales, que se ha convertido ahora en la “maquinaria de la corrupción”. Ésta ha invadido los Poderes del Estado e intenta cooptar todas las instituciones. Aparte del terror, que puede ser aplicado en cualquier momento por sicarios o fuerzas armadas y de seguridad, la corrupción es el principal mecanismo de control político y social. Equivale a lo que sería la toma exitosa de Estados Unidos por la “mafia” de Chicago. Si esta “maquinaria” no es desmantelada, es imposible que el país salga de la crisis, que exista desarrollo y que disminuya la migración.