“Llegué aquí en 1976, hace 49 años. Recuerdo que el agua del río San Román era cristalina, limpia, con gran población de pequeñas tortugas, llamadas cascos de mula, por la forma de su caparazón.

Todo era selva virgen, pululaban las partidas de monos, abundaba la pesca. Hoy todo cambió. En el río no más agua cristalina, no hay peces, está contaminado por las fincas de palma africana”.

Antiguo residente de una de las comunidades visitadas

La semana anterior me referí a actividades desarrolladas en la quinta asamblea del movimiento de comunidades en defensa del agua Qana´Ch´och´, realizada en el caserío Tezulutlán II situado en Sayaxché, Petén, a 350 kilómetros de ciudad Guatemala, próximo a la frontera con México.

Para llegar hasta esas apartadas aldeas y caseríos de tierras bajas del Norte, viajamos por vía terrestre nueve horas de Guatemala a Sayaxché por la ruta Cobán-Chisec-Franja Transversal del Norte-Playa Grande-Ixcán, durante el recorrido comprobamos el pésimo estado de la carretera CA14 y trechos de terracería de decenas de kilómetros, con abundantes baches que semejan un paisaje lunar y revelan ausencia total de mantenimiento.

En esa región del país es frecuente que llueva en febrero así que en el trayecto por el camino de terracería, se dificultó el tránsito por evadir estáticos charcos y agujeros que provocan pesados camiones con palangana de hierro cargadas hasta el tope con fruta de palma aceitera, que todos los días transitan por esas veredas.

Ni el Estado, tampoco los terratenientes propietarios de las fincas, hacen nada por mejorar la condición de esos caminos que son único medio de comunicación que une y conecta a esas comunidades abandonadas, olvidadas por el Gobierno y el Estado, cuyos habitantes sobreviven en condiciones de pobreza, con grandes limitaciones y amenazas a la salud y el bien común de las personas, donde el subdesarrollo se ve y se siente a flor de tierra.

Para llegar al caserío Tezulutlán II, atravesamos numerosas comunidades de población indígena Q’ueqchi’ rodeadas de plantación de palma africana, a cada lado de la dañada carretera observamos gran extensión de ese cultivo en plena producción y también parcelas con siembra reciente de la misma especie de planta. En el recorrido de kilómetros, pasamos por la finca Tierra Blanca que parece ser la que concentra el cultivo de palma en esa región.

Seguramente mujeres y hombres habitantes de esas poblaciones trabajan en las fincas, dedicados a distintas faenas agrícolas, con bajos salarios, jornadas de trabajo agotadoras y sobreexplotación de mano de obra. Sin seguridad social ni condiciones adecuadas de higiene y seguridad ocupacional.

A esas frágiles condiciones de vida se suma el mal estado del camino de terracería, que para incomodidad de las personas en invierno es cultivo de lodazales y permanente humedad, mientras que en época seca abundan nubes de polvo, en ambos casos se vulnera la salud de quienes se movilizan a pie o en el escaso transporte colectivo que por allí circula.

Aquí, se cuestiona el deber del Estado de garantizar a los habitantes de la República el desarrollo integral de las personas. Muchas comunidades de las tierras bajas del Norte como las que visitamos, no gozan de las mismas oportunidades para acceder al desarrollo. Los caminos y carreteras rurales que hoy están abandonados, debieran ser prioridad en los proyectos de Gobierno para ser asfaltados y mantenerlos en óptimas condiciones de viabilidad.

Además, aplicar la ley a la empresa responsable de contaminar el río San Román, regular y controlar las operaciones agrícolas de la palma africana, impedir el desvío y contaminación de ríos. Así mismo, el Gobierno debe suscribir el Acuerdo de Escazú y el Congreso Nacional aprobar la Ley de aguas. La defensa del agua es un derecho humano.