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Construcción y Corrupción Fase II: Aifán dicta auto de apertura a juicio contra empresarios
12/07/2021 17:42
Fuente: La Hora
Este lunes, el Juzgado de Mayor "D", a cargo de la jueza Erika Aifán emitió auto de apertura a juicio contra cuatro empresarios vinculados en el caso Construcción y Corrupción Fase II, señalados de manejar fondos que fueron utilizados para la campaña electoral del Partido Patriota (PP), en el 2015. Asimismo, se dictó sobreseimiento a favor de tres personas más implicadas en la carpeta judicial. https://twitter.com/lahoragt/status/1414707596020359169 Los cuatro empresarios son: 1. Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado. 2. Efraín Alberto Quevedo Montenegro, por el delito de lavado de dinero u otros activos 3. Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos 4. Erick Armando Soto Herrera, por el delito de peculado. Asimismo, se dictó sobreseimiento a favor de tres implicados dentro del caso, siendo ellos: Claudia Carolina Ruano López de Vásquez, Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar y Otto Emilio Santana. La investigación a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) determinó que los implicados habrían colaborado en el blanqueo de capitales para financiar la campaña del Partido Patriota (PP) por medio de una estructura criminal liderada por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
ANTECEDENTES La FECI y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron la existencia de una estructura criminal, la cual realizaba cobros de forma irregular a empresas a cambio de pagarles deudas de arrastre que tenía la cartera de Comunicaciones y de otorgarles proyectos nuevos. Los cobros ilegales, según las pesquisas, eran gestionados por Sinibaldi y los fondos habrían sido destinados a la campaña política del partido en mención.
ANTECEDENTES La FECI y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron la existencia de una estructura criminal, la cual realizaba cobros de forma irregular a empresas a cambio de pagarles deudas de arrastre que tenía la cartera de Comunicaciones y de otorgarles proyectos nuevos. Los cobros ilegales, según las pesquisas, eran gestionados por Sinibaldi y los fondos habrían sido destinados a la campaña política del partido en mención.