La reciente iniciativa que obtuvo dictamen favorable por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales para convertir en un superministerio de Ambiente al controlar a cinco instituciones de competencia ambiental, es promovida por el diputado de la alianza oficialista, Aníbal Rojas Espino que al aprobarse como ley daría supercontroles a su hermano, Mario Rojas Espino, quien es el titular de esa cartera. La propuesta de ley fue presentada el 22 de marzo por la mayoría de los que conforman la Junta Directiva, encabezada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, junto con los diputados Aníbal Rojas, Carlos Enrique López, Julio César Longo, Efraín Menéndez Anguiano y Marvin Alvarado, todos de la alianza oficialista. https://twitter.com/lahoragt/status/1565819148260753409 La iniciativa 6054 es un proyecto que también es promovido por el ministro Rojas Espino y desde que Alejandro Giammattei asumió la presidencia del país busca que las cinco instituciones de competencia ambiental estén bajo la única rectoría técnica administrativa y financiera del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

LOS HERMANOS ROJAS ESPINO:

De acuerdo con la consulta en el Registro Nacional de las Personas (Renap), los hermanos Rojas Espino son oriundos de Cuilapa, Santa Rosa, de donde posteriormente emigraron a la capital. El ministro tiene 50 años y el diputado es mayor, con 54 años. La esposa del congresista es cónsul de Guatemala en Riverhead, Nueva York.

¿QUIÉNES FIRMARON EL DICTAMEN FAVORABLE?

La comisión legislativa es presidida por el diputado Erick Martínez, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), fundado por Mario Estrada, quien guarda prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y aliado del oficialismo afín al presidente Alejandro Giammattei. De los 14 congresistas que forman parte de la sala legislativa 10 avalaron el dictamen, los cuales son:

1. Erick Martínez, presidente de la Comisión, (UCN) 2. Fidel Reyes Lee (Bien), vicepresidente de la Comisión 3. Jaime Augusto Lucero (UCN) 4. Maynor Estuardo Castillo (UCN) 5. Byron Wilfredo Arreaga (UCN) 6. Édgar Reyes Lee (UNE) 7. Duay Antoni Martínez Salazar (Vamos) 8. Aree Alvin Aguilar López (Vamos) 9. Aníbal Rojas (Viva) 10. José Gabriel Barahona (Bien).

El escrito dictaminado a favor señala que el MARN tendrá la rectoría de las cuencas de los lagos Amatitlán, Atitlán y la cuenca Río Dulce – lago de Izabal, así como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret).

PRESUPUESTO MILLONARIO

En la nota publicada por La Hora “Oficialismo avala iniciativa para el superministerio de Ambiente pese a críticas”, señala un análisis de la rectoría financiera elaborado con las instituciones que estimó que de llegar a aprobarse esta iniciativa, significa para el MARN pasar de un presupuesto vigente de Q236.2 millones durante el año 2022, a uno donde se integren las cinco entidades ambientales propuestas, casi triplicaría el presupuesto en un estimado de Q646 millones, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas. https://twitter.com/lahoragt/status/1565672490613018628 En junio, el diputado Martínez estimó de Q500 a Q600 millones de presupuesto, aparte de lo que reciben de la cooperación Internacional para diferentes proyectos todas las instituciones. Actualmente, estos son los presupuestos vigentes de las entidades que pasarían a integrar el Ministerio de Ambiente:

1. Q236.2 millones: MARN 2. Q124,155,000: Conap 3. Q20,584,590: Ocret 4. Q58,393,000: Autoridad Lago de Amatitlán 5. Q10 millones: Autoridad Lago de Atitlán

Las otras dos cuencas: lago de Izabal - Río Dulce y autoridad para el manejo de la cuenca del lago Petén Itzá, forman parte del presupuesto del MARN.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE APROBACIÓN?

Con el dictamen favorable, la Junta Directiva en cualquier momento podrá proponer en la reunión de jefes de bloque que sea agendada para luego ser conocida por el pleno de Congreso y avanzar en las tres lecturas correspondientes y la redacción final. Luego, la ley es trasladada al Organismo Ejecutivo para su sanción y publicación en el Diario Oficial que entraría en vigencia 30 días después.