Los mareros ya son catalogados como terroristas en Guatemala, según la nueva ley antipandillas, pero los diputados retrasaron la última votación de la norma, lo que impide aplicar de inmediato los nuevos castigos a los pandilleros.

Durante la tercera lectura y aprobación de los artículos de la norma, los legisladores trabajaron la iniciativa 5692, propuesta por Alejandro Giammattei, con el objetivo de declarar a los mareros como terroristas.

Dicha iniciativa contenía únicamente dos artículos: el primero, sobre la declaratoria de “terroristas”; el segundo, sobre su entrada en vigencia. A criterio de algunos diputados, se trataba de una propuesta simple y sin fondo.

El dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional amplió el documento con una serie de recomendaciones, hasta alcanzar 23 artículos.

La reciente crisis de seguridad por la fuga de 20 pandilleros impulsó a los congresistas a retomar la propuesta, logrando su aprobación en tercera lectura y la de la mayoría de artículos.

Alcanzar ese punto no fue sencillo. Diputados oficialistas y de oposición dialogaron durante horas para consensuar un paquete de 40 enmiendas, que fueron aprobadas una a una por más de 100 votos.

Sin embargo, antes de la votación final, un grupo de diputados presentó un fondo de revisión para reconsiderar la redacción de los artículos previamente avalados por el pleno.

Entre los firmantes están Allan Rodríguez (Vamos), Nadia de León (Nosotros), Carlos López Maldonado (Cabal), Elmer Palencia (Valor) y Nery Ramos, presidente del Congreso.

Posturas encontradas

El diputado Elmer Palencia aseguró que su bancada no busca debilitar la ley, sino evitar que las prisas con que fueron redactados algunos artículos generen confusiones legales.

“Nosotros, como Valor, lo que buscamos es que las distintas enmiendas estén bien redactadas, que no se presten a malas interpretaciones y que guarden el espíritu de la ley”, declaró.

Palencia fue enfático al señalar que no se pretende dejar una ley débil. “No es un fondo de revisión con el objetivo de debilitar. Todas las bancadas, y lo que vimos ayer, es que a raíz de los últimos eventos se generó el ambiente propicio para aprobar la ley”, añadió.

Por su parte, la diputada Andrea Reyes, de la facción oficialista Raíces, quien destacó en la mayoría de enmiendas aprobadas, consideró que se pudo avalar una ley sólida, pero teme que el fondo de revisión pueda ser contraproducente.

“Estamos en una situación de terrible desconfianza. Creo que sí existe el riesgo de que los aspectos más robustos sobre la violencia sexual que cometen las pandillas y otros de carácter financiero, como el lavado de dinero, puedan debilitarse”, indicó.

Delitos y sanciones

Entre los artículos aprobados destaca la declaratoria de terroristas para la Mara 18 y Mara Salvatrucha, las únicas dos pandillas que operan en Guatemala, según informes oficiales.

No obstante, la ley prevé que otros grupos criminales similares también podrán ser clasificados como terroristas, siempre que así lo recomienden informes de seguridad.

Esta clasificación será solicitada por el fiscal general a la Corte Suprema de Justicia, para que la Cámara Penal los incluya y sean procesados en juzgados y tribunales de mayor riesgo.

La ley establece que el delito de obstrucción extorsiva del tránsito se sancione con prisión de 14 a 18 años; también se aumenta la pena por extorsión, que pasa de 6 a 12 años de cárcel.

Quienes recluten a menores de edad para actividades de maras enfrentarán penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100 mil a Q300 mil.

Además, todas las actividades relacionadas con extorsión permitirán a los jueces suspender cuentas bancarias. Si los delitos son cometidos por pandilleros, las penas podrán incrementarse hasta en una tercera parte.

Controles carcelarios

La normativa prohíbe a los reos tener cantidades de dinero superiores a sus gastos personales y también el uso de cualquier tecnología que permita la comunicación.

El Sistema Penitenciario estará obligado a contar con una base de datos actualizada de todas las personas detenidas, información que a la fecha se desconoce, según el Ministerio de Gobernación.

Entre las nuevas sanciones figura el castigo a la “talacha”, un tipo de coacción que será penado con prisión de 6 a 8 años. También se crea el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, con penas de 14 a 18 años; y la usura será castigada con cárcel de 4 a 10 años, más multas de Q200 mil a Q500 mil.

La ley ordena al gobierno la creación de una cárcel de máxima seguridad, cuya construcción deberá comenzar al menos un año después de su entrada en vigencia.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación deberá tener acceso a Q200 millones para equipamiento y estrategias que permitan contrarrestar las acciones de las maras.

Para el diputado Palencia, lo aprobado dota a las autoridades de herramientas útiles para combatir a las maras: “Este es solo el primer paso de muchos que debemos dar desde el ámbito legislativo para enfrentar a las pandillas, ahora como grupos terroristas”.

Desde el oficialismo, Reyes destacó que, pese a las divisiones entre bloques, fue posible el diálogo, lo que permitió la aprobación de las enmiendas.

“Fue una jornada bastante extensa, con el objetivo de aprobar una ley antipandillas. El contenido fue reemplazado por un conjunto de enmiendas propuestas por varias bancadas, para cambiar el enfoque y endurecer la ley”, concluyó.

La norma, que se espera sea finalizada la próxima semana, lleva por nombre: Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas.