La obligación de contratar un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes se suma a los intentos fallidos por abordar la problemática en los accidentes de tránsito durante varios gobiernos. Se considera que los percances viales son la principal causa de muertes en Guatemala, por encima de la criminalidad. En 2024, fallecieron 2 mil 365 personas por accidentes de tránsito en todo el país: cada día mueren tres personas por colisiones de motocicletas. Luego de dos jornadas de protestas y bloqueos en todo el país que causaron miles millones de quetzales en pérdidas, el gobierno de Bernardo Arévalo dio marcha atrás en la medida.

Así, el seguro obligatorio que se reglamentó casi tres años después, se suma a otros intentos infructuosos por poner orden en el tránsito, debido a la oposición de los distintos sectores.

En febrero de 2021, grupos de taxistas provenientes de distintos puntos de la metrópoli causaron caos vehicular cuando recorrieron la ciudad hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura, en el Centro Histórico, donde se manifestaron en contra del Decreto 17-2020, que establece la implementación de un seguro obligatorio para vehículos de uso comercial, urbano, de carga y de pasajeros.

Los conductores argumentaron que ellos no forman parte del transporte público de pasajeros, sino que ofrecen un servicio privado de transporte de personas, por lo que consideraron que el decreto viola su derecho a la igualdad. Este acuerdo, que sigue vigente, especifica el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.

Los taxistas afirmaron que había disposiciones que no están bien redactadas, ya que, según el Reglamento de Tránsito, el transporte público es el que traslada personas. Por ello, no están de acuerdo con que se les calcule una prima de seguro en las mismas condiciones. Después de varias prórrogas, protestas y bloqueos, la medida fue derogada por el presidente Alejandro Giammattei.

Los taxistas asociados sí estaban de acuerdo con el seguro que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo lanzó el 17 de marzo pasado, no así los llamados “taxis piratas”, que protagonizaron varias protestas y bloqueos en la capital guatemalteca durante el 18 y 18 de marzo.

Durante una conferencia de prensa del 19 de marzo, la secretaria privada de la presidencia, Ana Glenda Tager, mencionó que también se discutían unos acuerdos en el Ministerio de Comunicaciones y que estos también podrían ser motivo de protesta.

Según fuentes de esa dependencia, se trata de reformas al reglamento de pesos y dimensiones pesados, con las cuales buscan regular el uso de básculas para verificar la carga que transportan los vehículos y así prevenir el deterioro de puentes y carreteras.

Reductor de velocidad

El 2 de noviembre de 2019, con varios camiones y cabezales, representantes del transporte pesado efectuaron una manifestación pacífica en la ciudad en contra del Acuerdo Gubernativo 38-2009, que los obliga a colocar en los vehículos un sistema de control o reductor de velocidad para no superar los 80 kilómetros por hora.

Este tipo de dispositivos, según los expertos, tiene mejor funcionamiento en pendientes muy pronunciadas o cuando se necesita arrastrar otro vehículo pesado.

El descontento se debe a que, según los conductores, hay maneras más económicas de regular la velocidad en comparación con la medida que estipula el mencionado acuerdo.

Los pilotos aseguraron que, al instalar un aparato regulador, serían víctimas de una estafa, puesto que las unidades se pueden gobernar por medio de una computadora con un costo de entre Q100 y Q150, mientras que las empresas certificadas para instalar el dispositivo les cobrarían Q4 mil. También afirmaron que las unidades sufrirían daños, ya que se forzaría la bomba de combustible.

El 14 de noviembre de ese año entraría en vigor el acuerdo. Sin embargo, ante las amenazas de los transportistas de efectuar paros laborales y otras acciones de hecho, la medida fue prorrogada nuevamente por tiempo indefinido.

Por incumplir con la instalación del regulador de velocidad, se estipulan sanciones como la suspensión del vehículo por seis meses y una multa equivalente de cinco a diez salarios mínimos. En caso de reincidencia en el incumplimiento de la normativa, que sigue vigente, la suspensión será por cinco años.

Buses antiguos

Según el artículo 38 del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte, no pueden circular buses con más de 25 años de antigüedad. Sin embargo, la medida no se cumple, a pesar de que en gobiernos anteriores se ha tratado de implementar.

Las gremiales de transportistas se han opuesto, al afirmar que no tienen los recursos económicos para reemplazar las unidades, debido a que el sistema bancario tampoco les autoriza créditos, con el argumento de que su trabajo es uno de los más vulnerables ante la violencia.

Ante la oposición de los conductores, Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez, quien preside la Dirección General de Transportes (DGT), estableció mesas de diálogo con los empresarios y les propuso retirar la restricción que impide la circulación de buses con más de 25 años de fabricación, a cambio de que estos acudan a una empresa certificadora que haga constar que el vehículo es apto para circular.

Los pilotos indicaron que en Guatemala no hay empresas certificadoras y que estas tendrían que llegar al país para evaluar las unidades, lo que, según ellos, representaría altos costos de funcionamiento que se reflejarían en las tarifas del pasaje.

Contrapropuesta

Carlos Vides, presidente de la junta directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), dice que continúan las reuniones con delegados de la Dirección General de Transportes (DGT) y del Ministerio de Comunicaciones. Su propuesta es que la certificación de los buses se realice en talleres particulares debidamente registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o que una empresa certificadora llegue al país para evaluar varios talleres y garantizar que cumplan con las revisiones.

“La certificación de un bus con los estándares que solicita la DGT tiene un costo de Q7 mil. Se revisan frenos, carrocería, emisión de gases, motores, inyección, llantas, sistema eléctrico y las revoluciones, pero en Guatemala no hay una empresa certificadora que cumpla con los estándares de la DGT”, indicó.

Agregó: “Que quede claro que nosotros queremos mejorar el transporte en general para que ya no haya más accidentes”.

Vides añadió que otra propuesta es que los transportistas reparen los buses en sus propios talleres y que un certificador verifique que todo se encuentra en perfectas condiciones.

Chaleco para los motoristas

En agosto de 2013, con la publicación del acuerdo Gubernativo 289-2013, que reforma el reglamento de tránsito, se estableció que los motociclistas debería usar un chaleco anaranjado y un casco con la placa del vehículo, la cual debía ser visible a una distancia de cinco metros. De igual manera la medida generó una serie de protestas. Actualmente la medida no se cumple y pocos son los motoristas aún utilizan el chaleco reflectivo.

El acuerdo también establece que tampoco pueden viajar más de dos personas en el vehículo de dos ruedas para evitar accidentes de tránsito. Y tampoco se cumple.