El Organismo Ejecutivo cuenta con pocas horas para definir el futuro del Decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La normativa, aprobada en el Congreso por mayoría calificada, busca agilizar la ejecución de los recursos asignados a los Consejos de Desarrollo. Entre sus disposiciones contempla que los fondos no utilizados durante un año puedan reprogramarse para el siguiente período.

El decreto fue remitido al Ejecutivo para cumplir con el trámite correspondiente, y el presidente Bernardo Arévalo deberá decidir si lo sanciona o lo veta. Este lunes 22 de septiembre se cumplen diez días desde que ingresó a la Presidencia, por lo que se espera que en la conferencia de prensa semanal se conozca una postura oficial.

La Constitución establece plazos y procedimientos claros. El artículo 178 señala que el mandatario puede vetar un decreto en los 15 días siguientes a su recepción, por acuerdo en Consejo de Ministros, y el veto debe ser total. Si el Ejecutivo no devuelve la iniciativa en ese tiempo, se considera sancionada y el Congreso deberá publicarla en un plazo de ocho días.

De acuerdo con el artículo 179, si el Ejecutivo veta un decreto y lo devuelve al Congreso, el Legislativo debe conocerlo en la siguiente sesión plenaria. El Congreso tendrá hasta 30 días para reconsiderar o rechazar el veto. En caso de rechazo, con el voto de dos terceras partes de los diputados, el Ejecutivo está obligado a sancionar y promulgar la ley en un máximo de ocho días; de no hacerlo, la Junta Directiva del Congreso deberá publicarla en un plazo de tres días.

La expectativa se centra en la decisión del presidente Arévalo. Mientras una amplia mayoría de alcaldes y legisladores respaldan la aprobación de la normativa, sectores empresariales y comerciales han manifestado su oposición, argumentando que el decreto incluye disposiciones que podrían resultar inconstitucionales.