Congreso renueva seguro para diputados, directores y subdirectores por Q15.8 millones
Atención hospitalaria, exámenes de laboratorio, consultas oftalmológicas, traslados en ambulancia aérea y un seguro de vida que puede alcanzar Q1.5 millones por muerte accidental son algunos de los beneficios que cubre la póliza privada que el Congreso renovó para proteger a sus diputados y altos funcionarios. Se trata de un seguro colectivo, contratado con el […]
Atención hospitalaria, exámenes de laboratorio, consultas oftalmológicas, traslados en ambulancia aérea y un seguro de vida que puede alcanzar Q1.5 millonespor muerte accidental son algunos de los beneficios que cubre la póliza privada que el Congreso renovó para proteger a sus diputados y altos funcionarios.
Se trata de un seguro colectivo, contratado con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) a un costo total de Q15.8 millones, que cubre a los 160 representantes del pueblo y 24 directores y subdirectores del Legislativo durante 2 años más y bajo las mismas condiciones que un contrato que se firmó originalmente en 2022, según confirmó la Dirección de Comunicación de ese organismo.
La renovación mantiene un beneficio financiado con fondos públicos que se suma a otras ventajas de las que disponen los parlamentarios, quienes durante el primer año de esta legislatura se incrementaron el sueldo y a quienes también se les pagan oficinas, muebles, parqueos y contratación de personal de confianza, entre otros aspectos.
ATENCIÓN MÉDICA, AMBULANCIA AÉREA Y SEGURO DE VIDA
La póliza contempla atención hospitalaria por emergencias dentro y fuera de Centroamérica, consultas y procedimientos médicos, así como servicios oftalmológicos, dentales y dermatológicos. También cubre traslados en ambulancia aérea y gastos funerarios.
Además, las mujeres beneficiarias cuentan con cobertura de maternidad y control médico de sus hijos hasta que cumplen seis años. En el caso del seguro de vida, la indemnización puede alcanzar Q1.5 millones por muerte accidental.
Esto coloca a los diputados en un grupo reducido de guatemaltecos que puede hacer frente a una emergencia de salud, con la diferencia de que el pago no sale de sus bolsillos. Según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), únicamente una de cada 34 personas en el país cuenta con una póliza de gastos médicos, lo que equivale a cerca del 2.9% de la población.
Luis Contreras, presidente del Congreso, defendió tales beneficios y afirmó que él, incluso, ha usado los servicios varias veces, cuando lo ha necesitado.
“Los diputados sí tienen que tener seguro. Todo el empleado debe tener un seguro”, respondió al ser consultado sobre la continuidad de la póliza que estará vigente hasta agosto de 2028.
ESTÁ EN LA LEY, DICE CONTRERAS
Al preguntarle por qué los legisladores no pagan su propia cobertura médica, en lugar de que el gasto sea asumido con fondos públicos, argumentó que el beneficio está contemplado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. “Aquí dice que tenemos que tener seguro y tenemos que tener seguro”, afirmó
Sin embargo, la normativa no indica que los diputados deban contar con tal beneficio. Lo que sí está contemplado son las facultades de administración de fondos que tiene la Junta Directiva, por lo que el organismo puede manejar su propio presupuesto, según los rubros que considere necesarios.
Por otra parte, aunque el presidente del Congreso reconoció que la continuidad de la póliza podría someterse a discusión para evaluar su eliminación, hizo ver que por ahora el tema no está sobre la mesa. “Puede ser que lo pongamos a consideración, pero hoy no. Hoy hay seguro”, reafirmó.
Asimismo, recordó que al inicio de esta legislatura varios de sus colegas decidieron renunciar al seguro, pero añadió que se trata de una decisión personal. Entre quienes anunciaron que no usarían los servicios médicos privados que les proporciona el Legislativo están los oficialistas —ahora divididos entre Semilla y Raíces—.
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UN BENEFICIO QUE LLEVA AÑOS
El seguro en mención se contrató originalmente en 2022, por un plazo de dos años, cuando Shirley Rivera era presidenta del Congreso, pero no fue el primero que tuvieron los parlamentarios.
Antes de esa póliza estaba vigente una que le costaba Q13 millones al organismo y estaba contratada con una entidad privada. No obstante, durante la administración de Rivera se decidió cambiar al CHN, aunque el costo se elevó en Q2.8 millones.
La primera prórroga a ese contrato se dio durante el primer año de gestión de Nery Ramos, a finales de 2024. Por entonces, los padres de la patria también decidieron que su salario debía ser equivalente al de los magistrados de apelaciones y aprobaron un incremento que los llevó a ganar más de Q66 mil mensuales.
El primer pago de ese nuevo contrato ocurrió en diciembre de ese año y fue por Q2.37 millones. La segunda cuota se canceló en septiembre de 2025, por Q7.9 millones, y en abril de este año se desembolsaron los Q5.53 millones restantes. De acuerdo con los registros de Guatecompras, la vigencia de la póliza finalizó en agosto pasado.
En su momento, Ramos también fue cuestionado por negociar la continuidad del beneficio pagado con fondos públicos para los legisladores, y su respuesta fue que se trataba de “un seguro que ha salvado muchas vidas”.
«Los señores diputados tienen el derecho de aceptarlo o rechazarlo, y nosotros lo respetamos. Nuestra responsabilidad es cumplir con ese beneficio que por décadas se les ha venido otorgando», expresó en aquel entonces.
UNA ALTERNATIVA QUE NO HA SIDO BIEN RECIBIDA
Las críticas por este tipo de beneficios para los diputados han sido constantes a lo largo de los años, pero eso no ha impedido que el seguro se siga renovando.
También se han presentado varias iniciativas de ley a lo interno del parlamento en busca de que se prohíba que los representantes del pueblo tengan un seguro privado. En 2020, una de esas propuestas fue impulsada por Juan Carlos Rivera, del bloque Victoria.
Identificado con la nomenclatura 5689, el proyecto planteaba eliminar las pólizas de ese tipo para funcionarios estatalesy aunque obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no llegó a aprobarse.
Tampoco lograron prosperar otras iniciativas promovidas en 2022 y en la actual legislatura, que no solo planteaban que los diputados no tuvieran seguro privado, sino que proponían que se les afiliara al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como cualquier otro trabajador.
De esa cuenta, los padres de la patria siguen teniendo la posibilidad de acudir a consultas médicas, realizarse pruebas de laboratorio y ser trasladados en ambulancias aéreas, si es necesario, mediante financiamiento público.