Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), afirmó durante una entrevista con Prensa Libre que en febrero de 2025 se recibió una denuncia contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo; su hermano, Martín Arévalo, director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), y otros cuatro funcionarios de gobierno, por presuntamente haber entregado el control de los puertos a empresas chinas.

El fiscal comentó que los hechos pudieron haberse cometido entre septiembre y diciembre de 2023, luego de que Arévalo resultara electo como presidente de la República.

Agregó que los delitos que se habrían cometido son abuso de autoridad, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia afirmó que los señalamientos de la Feci son espurios y que los allanamientos se realizan a semanas de que el Gobierno y Estados Unidos firmen una carta de entendimiento para el mejoramiento y ampliación en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

¿Qué objetivo tenían las diligencias y qué pudieron encontrar?

El objetivo de estas diligencias es establecer los extremos y los hechos que se han narrado en una denuncia que fue asignada a la Feci en febrero pasado.

Los tres lugares que se inspeccionaron este jueves 8 de mayo fueron verificados. Aparentemente, dos pertenecen al Instituto de Previsión Militar y uno al Puerto Quetzal.

¿Qué dice la denuncia contra el presidente?

Lo que se narra en la denuncia es que, en el mes de diciembre o septiembre aproximadamente del año 2023, cuando ya era oficial que Bernardo Arévalo era el presidente de la República, aparentemente se dio una negociación a través de su hermano, Martín Arévalo, derivado de un viaje que realizó a Costa Rica. Esa reunión, que fue coordinada por el hermano del presidente, se habría llevado a cabo con la embajadora de China, y según los hechos descritos en la denuncia, se habría otorgado el control de los puertos y aeropuertos de Guatemala a los chinos.

Esos extremos son los que estamos verificando. Obviamente, somos muy respetuosos del debido proceso y de la presunción de inocencia. En este momento no existe una investigación formal contra el presidente, porque respetamos el derecho de antejuicio del que goza.

Únicamente estamos obteniendo indicios que puedan sustentar la investigación, ya sea para descartarla o continuar con ella. Básicamente, esas son las diligencias: obtener indicios y, de alguna manera, establecer la veracidad de los hechos denunciados en su momento.

¿Quién interpuso la denuncia? ¿Qué indicios encontraron?

La persona que presentó la denuncia no puede ser revelada en este momento, pero es alguien que estuvo presente en esas reuniones, ya que se señalan hechos muy puntuales. Eso es lo que estamos verificando. En la denuncia también se menciona a otros funcionarios del actual gobierno. Como repito, en base a la presunción de inocencia y el derecho de antejuicio que asiste a estas personas, en su momento se tomará la decisión correspondiente.

¿Esos terrenos quedarían acordonados como evidencia? ¿Las personas podrían seguir operando en estos terrenos o hacer edificaciones?

No. No se ha clausurado ningún inmueble; únicamente se trata de una inspección ocular.

Hemos recibido el apoyo y la colaboración de las autoridades del Puerto Quetzal, que en todo momento han coadyuvado en la investigación.

Las diligencias han sido un éxito, porque nos han permitido corroborar alguna información que ya teníamos, como planos de terrenos que incluso llegan hasta el mar. Este es un lugar muy estratégico.

Pero, como repito y aclaro, somos muy respetuosos del debido proceso, de la presunción de inocencia y del antejuicio que goza el presidente, así como otras personas que también podrían estar involucradas en la investigación.

Usted mencionaba que las empresas chinas o la investigación arrojaban que estas podrían tomar el control de los puertos. ¿En esos terrenos se podrían construir muelles para desembarcar contenedores?

Es correcto. Como el terreno tiene acceso directo al mar, nos llegó información que estamos corroborando sobre algunos hechos que no puedo indicar ahora, pero que más adelante se conocerán como resultado de la investigación. Algunas empresas chinas podrían haber recibido parte de esos terrenos para operar. Esos son los hechos que estamos tratando de determinar.

¿Qué documentos pudieron obtener durante las diligencias?

Ya tenemos todos los contratos que nos proporcionaron en el Puerto Quetzal, así como del Instituto de Previsión Militar, y por eso necesitamos cotejar esa información.

¿Cuáles son los nombres de las empresas chinas?

Por el momento no se pueden revelar.

¿Cuántos funcionarios son los que se mencionan en la denuncia?

Aproximadamente tres o cuatro funcionarios más del actual gobierno.

¿La fiscalía estaría presentando en algún futuro las solicitudes de retiro de inmunidad?

Correcto, así es.