El fin de la relación cordial entre Bernardo Arévalo y Karin Herrera es claro. Su frase “no somos amigos” sólo tiene una interpretación: ruptura. Él ordenó reducir a la mitad el sueldo vicepresidencial y ella se protegió con consultas legales y técnicas de resultado negativo, según declaró. No es el primer caso, pero sí el más claro. Con esa reducción salieron a luz promesas preelectorales de ambos, ahora sólo cumplidas —y a la fuerza— por la mitad del binomio. Es simple: los gastos de representación no son parte del sueldo, sino deben ser manejados o decididos por otros funcionarios específicos para eso. Los bonos, en este caso de Q625 al mes, pertenecen al mundo de la fantasía cómica.

La historia registra los alejamientos entre Laugerud y Sandoval Alarcón, Cerezo y Carpio, Colom y Espada, Lucas y Villagrán Kramer, Arzú y Asturias, Berger y Stein, Serrano y Espina, Morales y Cabrera. Pero el “divorcio” abierto o de hecho, sólo se había evidenciado. Tiene lógica jerárquica un sueldo superior al resto devengado por el cargo de presidente, el cual junto con el del vicepresidente no pueden “ajustarse” con ingresos para pagar las tareas integrantes de entidades dentro de su cargo. Es insostenible y abre la puerta a la crítica y muchas veces a la molestia popular. Esta disputa interna abrió la puerta a una investigación pública acerca de los ingresos con todo y ajustes, no sólo de los sueldos.

El Reino Unido puede analizar, opinar y actuar

Todo ciudadano tiene el derecho de no invitar o dejar de invitar a su casa a alguien si lo considera corrupto, sin dar explicaciones. Un país lo tiene al analizar y actuar para “contribuir a combatir la corrupción y el dinero sucio en todo el mundo”, y retirar las visas. En ambos casos se trata de voluntad y opinión. No hay “derecho” de tener visa —o a ser invitado a una fiesta— y por tanto no es víctima de nada. El Reino Unido decidió calificar a funcionarios guatemaltecos de socavadores de la democracia y del estado de derecho, y los identificó, sin estar obligado: Giammattei, Miguel Martínez, Porras, Curruchiche, la fiscal Monterroso, el secretario general del MP, Ángel Pineda, y Melvin Quijivix, director del INDE.

Es absurda y chocante la protesta de Porras, como parte de su labor en el MP, porque es ella la sancionada, no la entidad. No hay obstrucción, ilegalidad o desconocimiento de leyes guatemaltecas. Señala “obstrucción de la justicia” y freno a las investigaciones, pero de esos dos temas no debería hablar… La sanción no es única: se agrega a la decidida por la Unión Europea. Tampoco se da cuenta de las implicaciones al considerarla ¡¡insignificante!! (baladí, despreciable) y al calificarla de “política”, comprueba ignorancia. Las relaciones entre países, por ser entre Estados, son esencialmente políticas. Se confirma su relación servil con Giammattei y Martínez, aún vigente.

El tema de las visas eliminadas estadounidenses son parte de una política de Estado, a veces consensuadas al ser bipartidistas. Por eso cuando Marco Rubio vino al país “no tuvo tiempo” de recibir a guatemaltecos al ser preguntado, se limitó a responder tajantemente “no lo hemos considerado”. Y como están las cosas con los aranceles derivados de órdenes presidenciales (o monárquicas) de Trump, nunca habrá. Siguiendo con el ejemplo de la invitación individual, quien se entera de haber sido eliminado de su visa o de las reuniones familiares hace un ridículo si pide, peor si exige, ser regresado. Eso sí, debe pensar muy en serio los motivos causantes de esa situación.