Un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) establece que los municipios que han recibido las asignaciones más voluminosas de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) no coinciden con los que concentran los índices de pobreza más críticos. Además, el análisis de una década de ejecución tampoco permite identificar crecimiento ni desarrollo en esas localidades.

Érick Coyoy, analista del centro de pensamiento, explicó que entidades como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) no cuentan con mecanismos adecuados para evaluar y garantizar que, en los lugares con más asignaciones presupuestarias, se haya reducido la brecha de pobreza.

“Actualmente no hay información que permita vincular los proyectos ejecutados con las condiciones sociales de los territorios. Hace falta información de evaluación”, indicó Coyoy.

Los criterios de distribución utilizan el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual no se actualiza desde el 2015. Por ello, Asíes recomienda reemplazarlo por el porcentaje de pobreza general, con el fin de establecer una mejor relación entre los criterios y los proyectos ejecutados.

“La pobreza extrema mide solamente la falta de recursos para las necesidades alimentarias, y ninguna de las inversiones de los Codedes se orienta directamente a este propósito”, se lee en el estudio.

Desde el 2016, el municipio que más recursos ha ejecutado es San Juan Sacatepéquez, Guatemala, con Q382 millones. Le siguen Chuarrancho, Guatemala, con Q270 millones, y otros tres municipios más del mismo departamento.

Por otro lado, Zunil, Quetzaltenango, es el que menos inversión ha captado en estos diez años, con Q22 millones. Le superan San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Q24 millones, y Concepción Las Minas, Chiquimula, con Q26 millones.

Impacto limitado

El estudio concluye que es casi nula la relación entre el desarrollo o mejora de condiciones en un municipio y el monto o proyectos ejecutados. Esto se debe, sobre todo, a que las asignaciones se basan en datos relacionados con necesidades alimentarias, mientras que la mayoría de obras se enfocan en carreteras y abastecimiento de agua.

“Es casi nulo el efecto de los criterios del índice de desarrollo humano y de pobreza extrema. Esto se refleja en el hecho de que Alta Verapaz, con el mayor nivel de pobreza y pobreza extrema en el país, ha recibido un porcentaje de la inversión total menor que San Marcos, debido a que este cuenta con más municipios”, afirma el informe.

Según el IDH del 2014, Alta Verapaz tiene 0.37 y Quetzaltenango, 0.54. Sin embargo, de acuerdo con el índice de pobreza general del Instituto Nacional de Estadística, del 2023, Alta Verapaz registra un 90% de población en pobreza y Quetzaltenango, un 44%.

El titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, reconoció que los criterios de asignación han sido modificados a lo largo de los años, lo cual ha provocado que no respondan al objetivo de reducir la brecha de pobreza.

“La Scep, Segeplán y el Ministerio de Finanzas deberíamos discutir la tipología de los proyectos, la normativa de distribución y administración, y modificar los criterios de asignación”, opinó Godoy. Añadió que en estos procesos no deberían participar la sociedad civil ni los gobiernos locales, con el fin de que se mantenga un carácter técnico y no producto de negociaciones.

La asignación basada en criterios técnicos también se ve comprometida cuando “el Congreso aprueba aportes extraordinarios y fija montos para cada municipio sin que estén previamente formulados y evaluados los proyectos a ejecutar con estos recursos”, señala Asíes.

El subsecretario para la Inversión de Segeplán, Enrique Maldonado, indicó que se busca modificar la matriz para la formulación de obras y dar mayor relevancia a la demanda del proyecto, a fin de que responda a una necesidad local.

“Estamos en un proceso para cambiar la matriz de evaluación. La que encontramos no evalúa proyectos. Intentamos hacerlo el año pasado, pero nos presentaron una denuncia por abuso de autoridad y eso bloqueó el proceso. Lo vamos a concluir este año o a inicios del próximo. Actualmente, la demanda de la obra solo aporta tres puntos, pero no voy a llevar un proyecto donde no hay demanda”, puntualizó Maldonado.

Obras multimunicipales

El estudio agrega que, aunque ha aumentado la disponibilidad de recursos para proyectos municipales, las necesidades regionales o departamentales no se atienden por falta de voluntad política.

“Si al alcalde no le interesa ese proyecto multimunicipal, no le presta atención, no lo ejecuta o lo abandona una vez concluido. Eso debe corregirse: el trabajo debe ser más técnico que participativo”, añadió Godoy.

Asíes recomienda que se dé prioridad a las obras multimunicipales, otorgando un mayor porcentaje del presupuesto departamental. Según la normativa vigente, ese porcentaje es del 5%, pero no se cumple.

La ejecución multimunicipal asciende a Q9 millones 852 mil, equivalente a poco más del 55% del presupuesto vigente para ese rubro. Mientras tanto, la ejecución multidepartamental es nula, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

El dato general indica que, al 30 de septiembre, la ejecución nacional alcanzaba un 41%, equivalente a Q5 mil 44 millones.

Al observar los últimos diez años, el monto ejecutado en 2025 es el más alto; sin embargo, presenta el porcentaje de ejecución más bajo. Esto se debe a que este año se asignaron casi 400% más fondos que en los nueve años anteriores. En cifras, la ejecución anual se mantiene en el mismo promedio de los últimos años.