Recientemente, el Reino Unido ha sancionado a varios integrantes del Ministerio Público y a sus defendidos, el expresidente y su pareja. Estas sanciones se han realizado a través de la Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido, bajo la Ley Contra el Lavado de Capitales. Los implicados y sancionados son: Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, Consuelo Porras, su secretario privado Ángel Pineda, la fiscal Cinthia Monterroso, el fiscal Rafael Curruchiche, el diputado Felipe Alejos Lorenzana y Melvin Quijivix, quien fuera directivo del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. Esto no resulta nada extraño cuando el bloqueo económico implementado por el Reino Unido se suma a las sanciones que más de 40 países han implementado a más o menos los mismos actores.

Esta decisión del Reino Unido implica que a los sancionados se les congelan los fondos y cualquier recurso económico por estar involucrados en graves actos de corrupción o por estar vinculados a ellos. La decisión además detalla las acciones corruptas cometidas por cada uno. Por ejemplo, en el caso de Giammattei se señala el caso de la “Alfombra mágica” y el soborno recibido para que otorgara una licencia minera o decidiera sobre la construcción de un puerto en el Atlántico guatemalteco. Además de los hechos vinculados a su ex ministro de Comunicaciones y obviamente el nombramiento de una actora procorrupción como Consuelo Porras. Un hecho importante en esta nueva sanción es la descripción realizada en contra de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras, la cual establece que ella participó en un caso de corrupción mediante la aceptación de sobornos; así como de desempeñar indebidamente sus funciones al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción sobre la élite política que la nominó. En este caso en particular, al igual que en el resto de los países que le han sancionado le indilgan el hecho que ella y su grupo ha socavado la independencia operativa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- al haber destituido a fiscales y nombrar reemplazos que seguían sus órdenes.

Cualquier persona en cualquier lugar del mundo con una pizca de dignidad, frente a la dimensión de las acusaciones, el rechazo de la población y las investigaciones periodísticas que dan cuenta de la corrupción e impunidad generada, hubiese renunciado y si aún no lo hubiera hecho, luego de estas sanciones dejaría el cargo y daría la posibilidad de que otra persona le sustituyera; pero como bien reza la sátira de Quevedo “Poderoso caballero es don Dinero” porque a estas alturas ya nadie duda de la rampante corrupción que se ejerce en el Ministerio Público.

Lo que también es en extremo evidente es la ausencia de decencia, honestidad y dignidad del exmandatario y su pareja, así como de la estructura criminal que hoy dirige la investigación criminal en el país. La ciudadanía activa, no debe olvidar donde está su verdadero enemigo y continuar su lucha por la democracia y contra la corrupción, violencia e impunidad.