El Gobierno de Guatemala presentó una iniciativa de ley que busca habilitar la inversión pública en territorios comunales indígenas sin que las comunidades pierdan la propiedad de sus tierras.

La propuesta consiste en reformar el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir la construcción de obras públicas —como escuelas, centros de salud y otras infraestructuras— en tierras registradas a nombre de comunidades indígenas, sin exigir su cesión al Estado o a las municipalidades, como establece actualmente la legislación.

La iniciativa fue anunciada el jueves 7 de agosto por el presidente Bernardo Arévalo, durante la conferencia semanal La Ronda, acompañado por autoridades indígenas ancestrales.

Según explicó, el cambio legal busca resolver un obstáculo recurrente: la imposibilidad de invertir en propiedad comunal sin alterar la unidad territorial de los pueblos indígenas.

.Agregó que la reforma permitiría formalizar inversiones con un plazo mínimo de 20 años —prorrogable— garantizando el uso adecuado de los fondos públicos.

La propuesta, según el Ejecutivo, se alinea con el artículo 67 de la Constitución, que reconoce la propiedad comunal indígena como indivisible. También señalaron que la iniciativa fue producto de un proceso de diálogo con autoridades ancestrales, quienes respaldaron el proyecto.

Durante el acto, representantes indígenas indicaron que la reforma permitiría acceder a proyectos de desarrollo sin que las comunidades tengan que renunciar a sus tierras. Denunciaron que la normativa actual ha sido usada como justificación para fragmentar o expropiar territorios bajo el argumento de ejecutar obras públicas.

Finalmente, las autoridades indígenas hicieron un llamado al Congreso de la República para que apruebe la iniciativa con carácter de urgencia, al considerar que representa un avance clave en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Por Redacción Web