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Interpol busca a exjefe militar hondureño: acusa persecución política
La Interpol incluyó al exjefe militar hondureño Romeo Vásquez entre los más buscados. Él denuncia persecución política, mientras la Fiscalía lo acusa de homicidio en el 2009.
El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez, se pronunció tras ser incluido en la lista de los diez más buscados del país por la Interpol.
Según el exmilitar, esta acción responde a una persecución política y una “venganza” en su contra por haber defendido la Constitución durante el golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
“Cumplí con mi deber como soldado y ciudadano. Lo hice por Honduras, por respeto a la ley y por amor a mi país”, aseguró.
“No me escondo, defender la patria no es un crimen”
Desde un paradero desconocido, Vásquez emitió un comunicado en el que rechazó la acusación en su contra.
“Hoy aparezco en una lista de los 10 más buscados en Honduras. Ofrecen recompensa por mi paradero, como si decir la verdad fuera delito. Pero no me escondo. No tengo miedo porque defender la patria nunca ha sido un crimen”, afirmó.
Vásquez lideraba el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, fue derrocado y expulsado del país en junio de 2009.
Días después, el 5 de julio, Zelaya intentó regresar por vía aérea, y durante una manifestación en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, un joven identificado como Isis Obed Murillo murió tras recibir un disparo en la cabeza.
Por este hecho, el Ministerio Público de Honduras acusó a Vásquez y a otros dos generales retirados, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, quienes enfrentan un juicio por homicidio y homicidio en grado de tentativa contra otro manifestante, Alex Roberto Zavala.
Orden de captura y recompensa de la Interpol
Los tres militares fueron arrestados el 5 de enero de 2024 y enviados a la Penitenciaría Nacional cercana a Tegucigalpa. Sin embargo, una semana después obtuvieron arresto domiciliario.
El 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó esta medida y ordenó su regreso a prisión. Mientras Cervantes y Puerto se entregaron voluntariamente el 18 de marzo, el paradero de Vásquez sigue siendo desconocido.
Este sábado, la Interpol incluyó a Vásquez en su lista de los más buscados, junto con otros hondureños señalados por narcotráfico.
Además, la Interpol ofreció una recompensa de 500 mil lempiras (unos US$19 mil 530) por información que conduzca a su captura.
Vásquez denuncia persecución política
En su comunicado, Vásquez insistió en que su única acción fue obedecer una orden de la Corte Suprema de Justicia para detener lo que calificó como un intento ilegal de imponer una Asamblea Constituyente inspirada en modelos de Cuba y Venezuela.
“Cumplí con mi deber como soldado y ciudadano. Lo hice por Honduras, por respeto a la ley y por amor a mi país”, aseguró.
También denunció que, mientras a él lo persiguen, otros vinculados con corrupción y narcotráfico reciben protección.
“Mientras tanto, los que han sido señalados por negociar con el narcotráfico, aparecer en narcovideos y saquear el país en carretillas, son protegidos, premiados y blindados por una amnistía política que libera a corruptos y traidores”, afirmó.
Además, hizo un llamado a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la CIDH para que intervengan y exijan garantías sobre su vida, libertad y derechos humanos.
Fiscalía niega persecución política
El Ministerio Público de Honduras ha insistido en que el proceso contra los tres militares no responde a motivaciones políticas.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones han determinado que el 5 de julio de 2009, las Fuerzas Armadas dispararon con fusiles de alto calibre contra manifestantes que ejercían su derecho a la protesta.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, aseguró que el juicio contra Vásquez y los otros exmilitares no es una persecución política, sino un proceso judicial basado en hechos comprobados.
Cabe recordar que el expresidente Manuel Zelaya fue destituido en 2009 mientras promovía una consulta popular que varios órganos del Estado consideraban inconstitucional.